La Ley de Drogodependencias, aprobada en junio de 2002 la Asamblea de Madrid, fue pionera en vetar el botellón y muchas de sus disposiciones fueron copiadas los proyectos estatales del PP y el PSOE, que finalmente fueron retirados. Participar en una de estas fiestas callejeras se castiga con multas no inferiores a 300 euros que se sustituyen trabajos en beneficio de la comunidad en caso de que el infractor sea menor. Queda estrictamente prohibida la venta todos (mayores o menores) a partir de las diez de la noche.
La ley andaluza prohíbe el consumo a los menores y la venta beber en la calle. Las multas los particulares ascienden a los 300 euros y a los 60.000 para las empresas.