Tres décadas después, el país afronta° una oportunidad histórica de hacer justicia por los crímenes sangrientos de la última dictadura militar, deuda° pendiente¹ que la sociedad no olvida aunque hayan transcurrido décadas de impunidad. El giro° de timón¹ en materia de derechos humanos que (suponer°) la llegada de Néstor Kirchner, representante de una generación diezmada° por la dictadura, (allanar°) el camino para la reapertura de causas judiciales contra los represores.

La búsqueda de justicia por las atrocidades cometidas por el Estado durante el régimen militar (1976-1983) (ver) la luz a poco del retorno a la democracia, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín (impulsar°) el juicio a las juntas militares que (concluir) en 1985 con la condena a los jerarcas° por homicidio, tortura, robo y otros delitos. Pero fuertes presiones desde el sector castrense° (conminar°) al Ejecutivo a impulsar en el Parlamento la aprobación de la ley de Punto Final, en 1986, y la de Obediencia Debida, en 1987, que (librar°) de juicio a un millar de militares y policías que (actuar) en la guerra sucia.

Entre 1989 y 1990, y bajo el pretexto de “reconciliar y pacificar” a la sociedad, el presidente Carlos Menem (firmar) una decena° de decretos de indulto¹ que (beneficiar) a unos 300 jefes del régimen militar y de agrupaciones guerrilleras. Kirchner (pedir) perdón en nombre del Estado por el silencio ante las “atrocidades” de la dictadura. También [él] (comprometerse°) a abrir los archivos oficiales e (impulsar) la anulación de las “leyes del perdón” por parte del Parlamento y la Corte Suprema.