PATRICIA ORTEGA DOLZ, Madrid 

Gráfico: Inmigración y empleo

Víctor, un peruano de 30 años, llegó a España en 1991 huyendo de la situación política de su país. Encontró trabajo en la construcción y durante todos estos años ha estado trabajando para diferentes empresas constructoras. Él, que era delineante, aprendió en dos meses a poner pladur, a alicatar y a hacer reformas. Cada mes ingresa 180.000 pesetas y paga algo más de 32.000 de seguridad social. Su amiga Mayela, otra peruana de 50 años que llegó a España hace cinco, sale de su casa a las siete de la mañana, va de casa en casa, haciendo camas, poniendo lavadoras, recogiendo cocinas..., hasta cubrir 12 horas de trabajo al día. A final de mes reúne 165.000 pesetas de las que cotiza algo más de 19.000 pesetas cada mes.
 
 

Abdelhamid tiene 27 años y hace cinco se fue de Nador (Marruecos) dejando a medias su carrera de químicas para venir a España. Cada mañana va de la casa que comparte con otros dos compatriotas a un invernadero en la costa almeriense. Recoge pepinos, tomates o melones, según la temporada, durante ocho horas al día. Cobra 600 pesetas por hora y paga de su sueldo (unas 100.000 pesetas al mes) algo más de 10.000 pesetas del seguro agrario.
 
 

Tienen vidas y trabajos diferentes, pero un punto en común: son inmigrantes.
 
 

Los últimos estudios sociológicos realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por colectivos de sociólogos reflejan que hay determinados sectores económicos españoles como el de la construcción, el agrícola, o el del servicio doméstico y la atención a ancianos, que se abastecen de mano de obra inmigrante y que los ciudadanos españoles son cada vez más reacios a aceptar empleos en esos mismos sectores debido a las malas condiciones laborales.
 
 

El pasado mes de diciembre, en los tres sectores que demandan mano de obra con más urgencia había más de 200.000 personas en paro y, sin embargo, quedaron sin cubrir casi 100.000 puestos de trabajo: 20.950 en construcción, 74.327 en servicios y 3.076 en la agricultura. Así lo indican los datos del Instituto Nacional de Empleo (INEM). Además, en el año 2000 se dieron de alta en la Seguridad Social, según los datos ofrecidos por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, 118.000 extranjeros. La pregunta es: ¿por qué si hay paro y ofertas de empleo hay que recurrir a trabajadores extranjeros? La respuesta no es unívoca, pero las distintas partes implicadas en los vaivenes del mercado laboral ofrecen reflexiones complementarias. "Existe indudablemente un fenómeno de rechazo hacia determinados trabajos por parte de los españoles. No se plantea como una negativa de plano, basta con encontrar inconvenientes en uno de los aspectos del empleo ofrecido, como no querer cambiar de residencia", explica la vocal del INEM Almudena Durán. "Es una cuestión de expectativas, las aspiraciones laborales de los españoles son cada vez más altas. Mucha gente que está cobrando el paro piensa que aceptar determinadas condiciones de trabajo supone empeorar notablemente su calidad de vida", afirma Paloma López, portavoz de inmigración de CC OO. "Los inmigrantes hacen los trabajos que no quieren los españoles", concluye. Y Delia Blanco, presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y diputada socialista por Madrid, añade: "Eso de que los inmigrantes vienen a robarnos los empleos a los españoles es falso, hacen lo que nadie quiere hacer en peores condiciones y con la presión de que si no tienen un empleo no pueden regularizar su situación".
 
 

En efecto, la legislación actual en la mayoría de los casos hace depender la estabilidad jurídica de los extranjeros de su situación laboral: el otorgamiento de permisos y renovaciones suele estar ligado a la posesión de un empleo y/o un contrato de trabajo. Además, la normativa incluye una cláusula de prioridad para los trabajadores nacionales por lo que sólo se otorgan permisos de trabajo para aquellas ocupaciones en las que la oferta de mano de obra local es insuficiente. "Esta situación obliga a los trabajadores inmigrantes a aceptar condiciones laborales que no acepta ningún español, pero con ello contribuyen a precarizar el empleo y permiten que empresarios desalmados les expriman y se enriquezcan a su costa", añade Almudena Fontecha, responsable de inmigración de UGT.
 
 

"El alto nivel de desempleo es compatible con la demanda de mano de obra inmigrante porque hay una fuerte economía sumergida, que supone aproximadamente un 20% del total", comenta Susana López, responsable federal de inmigración de IU. "Eso explica el despegue económico del poniente de Almería o de ciertas zonas de Murcia. Se han convertido en mercados competitivos a base de recoger el producto antes, en menos tiempo y con mano de obra extremadamente barata y muchas veces irregular", agrega.
 
 

Otro aspecto que contribuye a mantener el desajuste entre ofertas y demandas de empleo, es el que destaca el colectivo de sociólogos independientes Ioé en un estudio realizado para UGT. Parten de que "las familias son los verdaderos agentes del mercado de trabajo español. Las formas de inserción laboral dependen, por tanto, del lugar que se ocupa en las redes familiares y de la situación global de las rentas de ése grupo, que sostiene a los miembros en paro". Por otra parte, continúan, "el mayor acceso de los autóctonos a recursos de supervivencia distintos al salario (seguro de desempleo u otras prestaciones sociales), les permite rechazar ofertas de trabajo que los inmigrantes no pueden eludir por carecer de alternativas."
 
 

Las actividades que realizan los inmigrantes en España están en función de los trabajos que se ofrecen en las distintas zonas geográficas. Según los datos más detallados del INE, más de la mitad de los 11.000 permisos de trabajo que se concedieron en Andalucía en 1999 pertenecían al sector de la agricultura, mientras que en Madrid y Cataluña, donde se registraron 27.731 y 20.783 permisos respectivamente, la mayoría eran para el sector servicios y la construcción. En total durante el año 2000, y tras el proceso de regularización, se concedieron en toda España más de 125.000 permisos de trabajo a extranjeros, según el Ministerio del Interior.
 
 

Fuentes de la patronal insisten en que el mayor problema al que se enfrentan ahora mismo muchos empresarios españoles es la falta de mano de obra. "La realidad es que se produce una oferta y no se cubre, y los sistemas establecidos no responden a la urgencia que en muchos casos requieren algunas actividades". En este sentido, el Libro Blanco publicado recientemente por la Comisión de Ayuda al Refugiado denuncia la incompetencia del INEM a la hora de ejercer de intermediario entre los empresarios y los demandantes de empleo. Los últimos datos reflejan que sólo tiene éxito en el 17% de las contrataciones en las que ejerce como entidad intermediaria.
 
 

Eso explica, según la misma publicación, la proliferación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y el hecho de que las ONG actúen en muchas ocasiones como agencias de empleo. Javier Hernández, portavoz de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, afirma que se dirigieron al INEM y a otras entidades intermediarias para conseguir a cinco albañiles "y fue finalmente CEAR la que nos facilitó a cinco inmigrantes rumanos con todos sus papeles en regla que han estado trabajando con nosotros hasta febrero del año pasado sin que hayamos tenido ningún tipo de problema".