L. P , Lima 

Imagen del vídeo en el que Montesinos  entrega un soborno a un diputado (Ap).

La historia se remonta a un mes atrás, cuando en una espectacular conferencia de prensa el presidente peruano, Alberto Fujimori, secundado por su asesor principal y jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos, anunció la desarticulación de una banda de traficantes de armas que vendió fusiles de Jordania a las guerrillas colombianas.
 
 

La reacción extranjera le fue totalmente adversa a Fujimori. El Gobierno colombiano cuestionó la versión peruana y exigió transparencia en las investigaciones. Por su parte, Jordania insistió en que se trató de una venta legal. Estados Unidos también retrucó a Fujimori llegando a afirmar que un general del Ejército peruano participó en el tráfico de armas, según declaraciones de Peter Romero, subsecretario de Estado norteamericano.
 
 

Mientras tanto, la prensa peruana descubre que la mafia de traficantes de armas era accionista de una empresa que había firmado 11 contratos con el Palacio de Gobierno y que era abastecedora privilegiada del Ejército, con licencia renovada en el año 2000, luego de una "investigación profunda" de los servicios de inteligencia militar.
 
 

El panorama se enrarece aún más cuando se publican denuncias de enriquecimiento ilícito del comandante general del Ejército, general José Villanueva Ruesta, que se unen a signos de enriquecimiento ilícito del ministro del Interior, César Saucedo. Según versiones no desmentidas, el propio Vladimiro Montesinos habría proporcionado esta información para promover a dos generales de mayor confianza todavía al comando del Ejército, entre ellos a su cuñado.
 
 

Luego vino el vídeo que fue como una bofetada para los millones de peruanos que viven en la pobreza extrema. Las imágenes mostraban al número dos del Gobierno, Vladimiro Montesinos, entregando 15.000 dólares (casi tres millones de pesetas) a un parlamentario de la oposición para que se pasase a las filas del partido de Gobierno.
 
 

Tras la aparición del vídeo, Montesinos intenta un escape. Anuncia que se ha sometido a la Fiscalía de la Nación, a cuya titular, Blanca Nélida Colán, domina totalmente, a tal punto que cuando un narcotraficante dijo que había sobornado a Montesinos, el asesor la hizo aparecer en televisión para defenderlo antes de que se iniciara el proceso.
 
 

Alberto Kouri, el congresista presuntamente sobornado, por su parte dijo que en realidad el dinero que recibió era un préstamo, sin intereses, de su amigo Montesinos para la compra de un camión. Kouri, además, intentó descalificar a Fernando Olivera, un líder opositor que divulgó el vídeo, el pasado jueves, acusándolo de loco.
 
 

A ello se sumaron las amenazas de muerte contra quienes difundieron el vídeo, en particular contra el congresista opositor Fernando Olivera. Olivera denunció que había recibido llamadas anónimas que amenazaban con un golpe de Estado, liderado por Vladimiro Montesinos, en el que él sería la primera víctima.
 
 

Todo ello originó una serie de pronunciamientos de empresarios, políticos, de la comunidad internacional y hasta de la Iglesia, condenando al Gobierno de Fujimori y exigiendo el retiro de su amigo Montesinos.
 
 

Los partidos de oposición anunciaron su retiro del Congreso, la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la separación de Montesinos; el arzobispo de Lima, José Luis Cipriani, que antes le había apoyado en numerosas ocasiones, pidió la amputación del "miembro que está podrido" e instó al presidente Fujimori a que tomar una decisión "clara y firme".
 
 

Así terminó Fujimori acorralado y manchado por el descrédito de Vladimiro Montesinos, quien lo arrastró en su caída. Así decidió renunciar y convocar a nuevas elecciones en las que, aseguró en la madrugada de ayer en España, no se volverá a presentar. 

L.P , Lima 
Fernando Olivera, líder del Frente Independiente Moralizador (FIM), difundió el jueves el vídeo que causó el terremoto político en Perú, que terminó con la dimisión del presidente de Perú, Alberto Fujimori, tras diez años de permanencia en el poder. Olivera se declaró ayer orgulloso del Ejército peruano por haber contribuido a derribar a Fujimori.
 
 

Olivera es un economista que dejó el sector privado en 1980 para ocupar su primer cargo público en la entonces flamante Fiscalía de la Nación. Como secretario general, pronto descubriría su verdadera vocación: la investigación y posterior denuncia de militares. El fiscalito lo llamaban por su juventud, no más de 25 años, y sus ansias de fiscalización. En 1985 decidió ingresar de lleno en la política. Formó el FIM, organización que tenía una escoba como emblema de su objetivo: limpiar la política peruana. Escoba en mano, Olivera se convirtió en el principal acusador del ex presidente Alan García (1985-1990).
 
 

Muy pronto fue uno de los parlamentarios con más aprobación. En las últimas elecciones, el 9 de abril de 2000, incorporó a dos personajes que terminarían siendo claves. Susana Higuchi, ex esposa de Fujimori, y Luis Iberico, periodista y cercano colaborador de Baruch Ivcher, magnate de los medios y enemigo de Fujimori. Iberico participó en las primeras negociaciones para la entrega del vídeo. Hasta donde se sabe, Olivera lo obtuvo de militares del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Olivera se declaró ayer orgulloso de las Fuerzas Armadas del Perú y de sus oficiales "dignos" que junto al pueblo, señaló, "han logrado vencer la entraña gansteril del Gobierno que estaba instalado, producto de un fraude". 

Las democracias entran en crisis. Las dictaduras colapsan. Convendría recordar, sin embargo, que ni Fujimori ni los militares han renunciado al poder. Al menos todavía. Lo que ha anunciado es que convocará nuevas elecciones, en las que no participaría. Pudo haber prescindido simplemente de Montesinos, pero no quiso hacerlo. O no pudo. Si éste es el caso, dado que todos los mandos del Ejército están copados por asociados de Montesinos, ¿darán éstos un zarpazo? Es difícil que Estados Unidos, que ha jugado un papel clave desde las fraudulentas elecciones, autorice ésto. La salida depende de la negociación entre los dos actores principales de este drama: el Ejército y Washington.
 
 

En 1990 Fujimori llegó al poder sin partido ni programa. Éste lo tomó de Washington, donde acababa de cuajar un nuevo consenso de políticas económicas. Como partido, recurrió al Ejército. Éste le daba fuerza pero no le servía como correa de transmisión con la opinión pública, así que cooptó la televisión.
 
 

Hasta 1992 gozó de benevolencia general. El país salía de la hiperinflación y pugnaba por terminar con Sendero Luminoso. Pero ese año disolvió el Congreso, cambió la Constitución, y el Parlamento se convirtió en una máquina de votos sumisos, con oposiciones decorativas.
 
 

¿Cómo fue posible que un régimen así se hiciera con el poder total? Había una crisis de representación política, con un sistema de partidos en escombros. Los poderes fácticos habían sido pulverizados por la crisis y luego por la globalización. La gente de a pie ansiaba orden. Un "pueblo mareado", para usar una expresión de Hobbes, permitió todo este proceso. El Ejército quedó en el lugar central de la política, que es una de las pestes que dejan las guerras civiles, según recuerda Tácito.
 
 

Ya en las elecciones de 1995 se detectó un fraude importante, pero su opositor de entonces, Javier Pérez de Cuellar, prefirió pagar un costo personal y no hacer esa denuncia, para no perjudicar la imagen exterior de su país.
 
 

¿Cómo ha funcionado realmente este régimen? El Servicio de Inteligencia ha servido para controlar, más que a los opositores civiles, a los mandos militares. El Poder Judicial (el 78% de los magistrados son provisionales, nombrados por una comisión del Ejecutivo), para amedrentar a los civiles. La televisión (los empresarios que redescubrieron su independencia perdieron el control accionarial por decisiones de ese Poder Judicial), para domesticar los segmentos mayoritarios de bajos ingresos. A esto último ayuda que se repartan nueve millones diarios de raciones de alimentos, que alcanzan al 37% de la población, financiadas con recursos de la cooperación internacional y los organismos multilaterales. El Congreso legitima lo que los comandantes, y eventualmente Fujimori, deciden.
 
 

Así, Perú simulaba tener el hardware de la democracia, pero no tenía su software. Como los autócratas de Asia, Fujimori hablaba de que la democracia "tenía que adaptarse a la realidad del país". Una versión andino-japonesa de lo que Zakaria llamó democracias iliberales.
 
 

El legado de Fujimori es ambiguo. El terrorismo ha desaparecido virtualmente. La inflación es del 3%. Los banqueros de inversión gustan decir que los fundamentos económicos son correctos.
 
 

Lo que uno ve en las calles es otra cosa. Una agricultura que no se ha recuperado de la reforma agraria de 1969, una industria mayoritaria quebrada, y una pesquería que debe 2.000 millones de dólares y exporta anualmente 1.000. Pese a lo pagado al exterior estos 10 años, la deuda per cápita probablemente es más alta que en 1990. Uno de cada dos peruanos sigue viviendo en la pobreza.
 
 

En todo caso, se ha abierto una transición, inesperada como todas las transiciones. Fujimori quiere presidirla. Otra opción es que renuncie y su vicepresidente asuma el poder. Una tercera es que se nombre un Gobierno de transición. Pero ello requiere que el Ejército lo acepte, y eso exige un relevo en su comando.
 
 

Perú ya pasó por algo así. En 1930 cayó Leguía, un régimen que se le parece, por efectos de la crisis de 1929. Su caída dio lugar, por 15 años, al primer enfrentamiento de masas organizadas entre un gran partido populista y un fascismo vernáculo. Eran los tiempos de entreguerras.
 
 

Ahora vivimos en la era de Internet, donde todo se sabe, pero en el que no hay centro. Desintegrándose la coalición fujimorista, una sociedad atomizada no ha producido todavía un nuevo centro. En ese vacío, se columpia Perú.