PACO GÓMEZ NADAL , Madrid 
En Guatemala, nombrar tierra arrasada es mentar al diablo. Esa estrategia represiva practicada por los regímenes militares para luchar contra la guerrilla dejó más de 43.000 muertos, obligó a huir hacia México a decenas de miles de indígenas mayas, pasó a fuego comunidades enteras y sembró la semilla del rencor. Los acuerdos de paz, firmados sobre papel en 1996, empujaron a miles de indígenas mayas a regresar del exilio, a volver a levantar sus comunidades. Algunos, convencidos de la necesidad de justicia, denunciaron a principios de mayo al régimen de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) por genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero, cuatro años después de la firma, denuncian que reclamar justicia es aún un delito y que la tierra que cultivan con afán de supervivencia puede volver a ser arrasada.

 "No, no creo que se haya desmontado la estructura represora. Los escuadrones de la muerte siguen, pero lo difícil ahora es saber quién manda en ellos, porque la división interna en el poder es fuerte". El análisis es de alguien que ha vivido el conflicto guatemalteco al lado de las víctimas: Luis Gurriarán, misionero español de la orden del Sagrado Corazón de Jesús, que ha empeñado 39 de sus 66 años en este país. Gurriarán ayudó a los indígenas en la imposible tarea de abrir paso y cultivos en la selva del Ixcán, en el frío y estéril Altiplano del Quiché, en 1970; vivió la represión que los obligó a huir a México en 1982, y regresó con ellos desde el exilio en 1994. "Los acuerdos no terminan de aplicarse. Estoy sumamente preocupado".
 
 

Esa preocupación del padre Gurriarán se confirmó el pasado 14 de mayo. Diez días después de que se interpusiera la querella contra Lucas Romeo, la comunidad de Santa María del Tzejá revivió la guerra que el papel dice finalizada. A las 2.10 horas, las instalaciones de la cooperativa, motor de vida de esta comunidad de poco más de 1.000 habitantes, fueron quemadas. Se perdió producción, dinero, mobiliario y toda la documentación. El fuego se tragó cerca de 10 millones de pesetas en bienes y el edificio, construido con ayuda de la cooperación oficial española. "Sospechamos que hubo un móvil político por la denuncia sobre las masacres de 1982, en la que los familiares de las víctimas de Santa María han tenido un papel muy activo", denuncia Gurriarán.
 
 

Gaspar Quiro, presidente de la comisión de vigilancia de la cooperativa, confirma la sospecha del religioso: "Quieren atemorizarnos, pero la gente está animada. ¡Qué más nos queda! Reconstruir otra vez". Quiro no duda en responsabilizar al Gobierno de esta nueva extensión de tierra arrasada. "No están aplicando los acuerdos de paz, las leyes no se respetan y la represión sigue. Siempre aparecen los cuerpos de gente aparentemente secuestrada". Para afianzar más la desconfianza en el articulado de paz, Quiro explica cómo la única respuesta de la policía al incendio de las instalaciones de la cooperativa ha sido pedir "evidencias". "Ocurre siempre: a alguien se le encuentra un delito, lo detienen y el denunciante es el que tiene que llevar el proceso, buscar las pruebas y eso. Si no tiene la plata [dinero] para hacer gestiones, para viajar a la capital, el detenido sale en libertad".
 
 

Lo ocurrido en Santa María de Tzejá no es un hecho aislado. La comunidad de Cuartopueblo, también en la selva del Ixcán, se encuentra militarizada. Y los militares, a Cuartopueblo le provocan sarpullidos de memoria: en marzo de 1982, 360 personas de esta comunidad fueron asesinadas en una matanza diseñada por el aparato del Estado. Para el padre Gurriarán no hay motivo para la presencia masiva de los soldados. "La excusa de ahora para militarizar es la lucha contra el contrabando, las drogas o el desminado, pero la última vez que quitaron una mina en la zona fue hace año y medio". 

Y es que olvidar es difícil en Guatemala. El nombre del general que gobernó de 1982 a 1983 y que hoy preside el Parlamento, Efraín Ríos Mont, figura en el proceso abierto en la Audiencia Nacional española en respuesta a la querella interpuesta por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú; periodistas de tres diarios han sufrido amenazas por investigar asuntos relacionados con el Ejército; miembros de cinco organizaciones de derechos humanos han denunciado intimidaciones; Flor de María García, la juez que investiga el asesinato del obispo Juan Gerardi, también ha recibido amenazas de muerte, y la vieja violencia política convive con una violencia social en aumento -sólo en la capital se registran nueve asesinatos al día-. Un país en paz que recuerda demasiado al país que fue en guerra. 

El retorno se produjo el 13 de mayo de 1994 y poco a poco se han reconstruido casas, aulas y el centro vital de la comunidad: la cooperativa Zona Reyna. Tocará levantar una vez más lo arrasado, porque los recursos de la cooperativa fueron pasto de las llamas el pasado 14 de mayo.