El regreso de la 'tierra arrasada'
Los indígenas guatemaltecos denuncian que los
acuerdos de paz no han acabado con la represión política
PACO GÓMEZ NADAL , Madrid
En Guatemala, nombrar tierra arrasada es mentar al diablo. Esa estrategia
represiva practicada por los regímenes militares para luchar contra
la guerrilla dejó más de 43.000 muertos, obligó a
huir hacia México a decenas de miles de indígenas mayas,
pasó a fuego comunidades enteras y sembró la semilla del
rencor. Los acuerdos de paz, firmados sobre papel en 1996, empujaron a
miles de indígenas mayas a regresar del exilio, a volver a levantar
sus comunidades. Algunos, convencidos de la necesidad de justicia, denunciaron
a principios de mayo al régimen de Fernando Romeo Lucas García
(1978-1982) por genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero, cuatro años
después de la firma, denuncian que reclamar justicia es aún
un delito y que la tierra que cultivan con afán de supervivencia
puede volver a ser arrasada.
"No, no creo que se haya desmontado la estructura represora. Los
escuadrones
de la muerte siguen, pero lo difícil ahora es saber quién
manda en ellos, porque la división interna en el poder es fuerte".
El análisis es de alguien que ha vivido el conflicto guatemalteco
al lado de las víctimas: Luis Gurriarán, misionero español
de la orden del Sagrado Corazón de Jesús, que ha empeñado
39 de sus 66 años en este país. Gurriarán ayudó
a los indígenas en la imposible tarea de abrir paso y cultivos en
la selva del Ixcán, en el frío y estéril Altiplano
del Quiché, en 1970; vivió la represión que los obligó
a huir a México en 1982, y regresó con ellos desde el exilio
en 1994. "Los acuerdos no terminan de aplicarse. Estoy sumamente preocupado".
Esa preocupación del padre Gurriarán se confirmó
el pasado 14 de mayo. Diez días después de que se interpusiera
la querella contra Lucas Romeo, la comunidad de Santa María del
Tzejá revivió la guerra que el papel dice finalizada. A las
2.10 horas, las instalaciones de la cooperativa, motor de vida de esta
comunidad de poco más de 1.000 habitantes, fueron quemadas. Se perdió
producción, dinero, mobiliario y toda la documentación. El
fuego se tragó cerca de 10 millones de pesetas en bienes y el edificio,
construido con ayuda de la cooperación oficial española.
"Sospechamos que hubo un móvil político por la denuncia sobre
las masacres de 1982, en la que los familiares de las víctimas de
Santa María han tenido un papel muy activo", denuncia Gurriarán.
Gaspar Quiro, presidente de la comisión de vigilancia de la cooperativa,
confirma la sospecha del religioso: "Quieren atemorizarnos, pero la gente
está animada. ¡Qué más nos queda! Reconstruir
otra vez". Quiro no duda en responsabilizar al Gobierno de esta nueva extensión
de tierra arrasada. "No están aplicando los acuerdos de paz,
las leyes no se respetan y la represión sigue. Siempre aparecen
los cuerpos de gente aparentemente secuestrada". Para afianzar más
la desconfianza en el articulado de paz, Quiro explica cómo la única
respuesta de la policía al incendio de las instalaciones de la cooperativa
ha sido pedir "evidencias". "Ocurre siempre: a alguien se le encuentra
un delito, lo detienen y el denunciante es el que tiene que llevar el proceso,
buscar las pruebas y eso. Si no tiene la plata [dinero] para hacer gestiones,
para viajar a la capital, el detenido sale en libertad".
Lo ocurrido en Santa María de Tzejá no es un hecho aislado.
La comunidad de Cuartopueblo, también en la selva del Ixcán,
se encuentra militarizada. Y los militares, a Cuartopueblo le provocan
sarpullidos de memoria: en marzo de 1982, 360 personas de esta comunidad
fueron asesinadas en una matanza diseñada por el aparato
del Estado. Para el padre Gurriarán no hay motivo para la presencia
masiva de los soldados. "La excusa de ahora para militarizar es la lucha
contra el contrabando, las drogas o el desminado, pero la última
vez que quitaron una mina en la zona fue hace año y medio".
Y es que olvidar es difícil en Guatemala. El nombre del general
que gobernó de 1982 a 1983 y que hoy preside el Parlamento, Efraín
Ríos Mont, figura en el proceso abierto en la Audiencia Nacional
española en respuesta a la querella interpuesta por la premio Nobel
de la Paz Rigoberta Menchú; periodistas de tres diarios han sufrido
amenazas por investigar asuntos relacionados con el Ejército; miembros
de cinco organizaciones de derechos humanos han denunciado intimidaciones;
Flor de María García, la juez que investiga el asesinato
del obispo Juan Gerardi, también ha recibido amenazas de muerte,
y la vieja violencia política convive con una violencia social en
aumento -sólo en la capital se registran nueve asesinatos al día-.
Un país en paz que recuerda demasiado al país que fue en
guerra.
La memoria silenciada
P. G. N. , Madrid
Los acuerdos de paz de Guatemala tuvieron en cuenta la necesidad de
saber la verdad de lo ocurrido durante las casi cuatro décadas de
guerra civil. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico,
el equipo internacional encargado por los Acuerdos de Oslo en 1994 de hurgar
en la historia, hizo una tétrica fotografía: 42.275 víctimas
mortales; el 93% de las violaciones de derechos humanos atribuido al Estado;
el 91% de esas violaciones, cometido entre 1978 y 1984 (cuando gobernaron
Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont); el
83% de las víctimas, indígenas mayas... La comunidad de Santa
María de Tzejá también escribió su propia historia.
Recuerdan cómo, en 1969, 100 familias se internaron en la selva
del Ixcán en busca de tierras. Años de duro trabajo que hicieron
que, en 1975, en Ixcán vivieran más de 10.000 personas. En
1982, el poblado de Santa María fue arrasado y quemado por el Ejército,
murieron 17 miembros de la comunidad, otros huyeron con lo puesto a México.
El retorno se produjo el 13 de mayo de 1994 y poco a poco se han reconstruido
casas, aulas y el centro vital de la comunidad: la cooperativa Zona Reyna.
Tocará levantar una vez más lo arrasado, porque los recursos
de la cooperativa fueron pasto de las llamas el pasado 14 de mayo.
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