Miércoles
24 enero
2001 - Nº 1727
Guzmán Tapia ya puede procesar al ex dictador por los crímenes de la 'caravana de la muerte'
ROBERTO AMARO, Santiago
Durante cerca de 30 minutos y por primera vez en sus 85 años
de vida, el ex dictador chileno Augusto Pinochet respondió ayer
ante un juez por las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo
su dictadura. Lo hizo ante el juez chileno Juan Guzmán Tapia, quien
le hizo 15 preguntas relacionadas con su responsabilidad en la matanza
de 57 opositores políticos y la desaparición de otros 18
durante la llamada caravana de la muerte que recorrió Chile
en septiembre y octubre de 1973, al mando del general Sergio Arellano Stark.
al ex dictador frente a su domicilio en Santiago (AP). |
Guzmán llegó retrasado al interrogatorio porque un grupo
de partidarios de Pinochet cambió las señales de las calles,
por lo que el magistrado se extravió. Si bien el juez estuvo cerca
de dos horas y cuarto en el interior de la residencia del ex dictador en
Santiago, el interrogatorio sólo duró 30 minutos. El resto
del tiempo, tanto Guzmán como los funcionarios que lo acompañaron
se las debieron de ingeniar para hacer funcionar la impresora con la que
se documentó la transcripción del interrogatorio. En medio
de esas gestiones, trascendió, Guzmán y Pinochet habrían
hablado cordialmente de generalidades como el tiempo en Bucalemu, donde
se encuentra la residencia costera del ex jefe militar, y nada relacionado
con el proceso.
El único momento de tensión se habría vivido al
final de la estancia de Guzmán, cuando se encontró con la
esposa del acusado, Lucía Hiriart, quien le habría hecho
un par de comentarios que un testigo calificó de "agresivos".
El movimiento en la residencia de Pinochet comenzó muy temprano,
cuando hasta ese lugar llegaron sus abogados Gustavo Collado y Miguel Alex
Schweitzer, además del portavoz de la familia, el ex general Guillermo
Garín. Exactamente a las 10.03 de la mañana (hora local),
el juez Guzmán ingresó por la puerta de servicio. Abogados
y médicos no tuvieron acceso al salón donde se registró
el interrogatorio, por lo que por uno o dos minutos estuvieron a solas
Guzmán y Pinochet. Luego ingresaron las dos funcionarias judiciales
y se cerraron las puertas.
Tras las preguntas de rigor, como nombre, edad, número de identidad
y domicilio, el juez Guzmán le hizo a Pinochet 15 preguntas clave
que ya figuraban en el exhorto que le envió a Londres en octubre
de 1999 y que entonces Pinochet no respondió.
La primera pregunta estaba destinada a que Pinochet aclarara si el general
Sergio Arellano Stark fue enviado como su oficial delegado a unificar criterios
en los consejos de guerra al modelo que se seguía fielmente en el
campo de prisioneros de Pisagua, donde cientos fueron fusilados sumarísimamente
y sin derecho a defensa. De paso el juez le consulta si tiene una copia
del decreto de delegación que la defensa de Arellano Stark no ha
logrado localizar en los archivos castrenses.
En las preguntas dos y tres Guzmán le preguntó a Pinochet
si le explicó a Arellano cómo debía dar cumplimiento
a su mandato o delegación y si a su juicio Arellano dio cumplimiento
en forma acertada a dichas instrucciones. La cuarta consulta es clave.
"¿Cuándo se impuso [tuvo conocimiento] de los diversos hechos,
de la sustracción de detenidos de sus lugares de detención
y su fusilamiento; sucesos acaecidos con motivo del viaje del general Sergio
Arellano Stark, por varias ciudades...?". Luego, Guzmán le pide
que manifieste su conformidad o no con la delegación a Arellano,
e inquiere quién le informó de los resultados de ésta.
Después, Guzmán se concentra en una de las principales pruebas
contra Pinochet, se trata del oficio que acompañó al proceso
del general Joaquín Lagos Osorio, entonces jefe de la Primera División
de Ejército, de fecha 30 de octubre de 1973, quien le hizo ver al
ex comandante en jefe los crímenes cometidos por los hombres de
Arellano en Copiapó, Antofagasta, Tocopilla y Calama.
Lo cierto es que el primer informe de Lagos Osorio, Pinochet se lo devolvió
la noche del 1 de noviembre para que lo rehiciera y omitiera algunos párrafos
y frases. El documento venía con borrones y comentarios de puño
y letra de Pinochet, y Osorio junto con el que redactó nuevo, guardó
el original.
Con dicho documento anexado a la causa, Guzmán le preguntó
ayer a Pinochet: "¿reconoce como suya la letra en la segunda hoja
de dicho oficio en la escritura del texto manuscrito: 'no hubo proceso
sumarísimo'? ¿qué quiso decir con ello?".
Falta de memoria
Luego Guzmán preguntó al ex dictador si reconocía
haber realizado personalmente varios subrayados en el texto. Finalmente,
Guzmán realizó otra de las preguntas clave del interrogatorio.
¿Por qué quería o precisaba que se omitieran determinadas
ejecuciones como realizadas por orden del general Sergio Arellando Stark
o del Delegado C.J.E.?
Pinochet respondió a casi todas estas preguntas, eludiendo por
falta de memoria sólo algunas como las del oficio modificado del
general Lagos Osorio. También habría reconocido al magistrado
que se enteró de las irregularidades cometidas por la comitiva militar
y que por ello le puso fin anticipado, antes de que siguiera viaje más
al norte, a Iquique y Arica, aunque no habría sido claro a la hora
de explicar por qué los involucrados siguieron en el Ejército,
fueron ascendidos y no se les castigó.
Ahora todo está en manos del juez Guzmán que, por lógica, debiera volver a procesar a Pinochet con los mismos argumentos que utilizó en diciembre pasado. A favor del procesamiento, el juez Guzmán tiene los argumentos del fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero en agosto del año pasado, en orden a la "existencia de fundadas sospechas para reputar autor, cómplice o encubridor al parlamentario cuyo desafuero se solicita".
R.A, Santiago.
Tres años debieron pasar para que el juez Juan Guzmán
y el ex dictador Augusto Pinochet se vieran por primera vez cara a cara.
La larga y complicada historia judicial del caso Pinochet se inició
el 13 de enero de 1998, cuando la secretaria general del Partido Comunista
de Chile, Gladys Marín, presentó la primera querella criminal
contra el que entonces aún era comandante en jefe del Ejército.
En octubre de 1998, Pinochet viajó a Londres, desde donde no pudo
regresar hasta marzo de 2000, después de que la justicia española
iniciara un juicio de extradición en su contra. Estando detenido
en Londres, Pinochet recibió las primeras noticias del juez Guzmán,
que el 6 de octubre de 1999 le envió un exhorto interrogatorio,
que le fue devuelto en blanco al juez chileno. A su regreso a Chile, en
marzo de 2000, a petición de los abogados querellantes, Guzmán
pidió el desafuero del senador vitalicio, proceso que se alargó
varios meses -hasta agosto-, cuando la Corte Suprema le quitó la
inmunidad parlamentaria.
El 21 de agosto de 2000, Guzmán fijó la primera fecha
de interrogatorio para el 9 de octubre. La defensa apeló y pidió
unos exámenes mentales y neurológicos que, según ellos,
demostrarían que Pinochet no estaba bien para enfrentarse a un proceso.
El 25 de septiembre, Guzmán suspendió el interrogatorio
y decretó los exámenes mentales. La defensa de Pinochet apeló
para que se sumaran exámenes físicos. Días después,
la Corte de Apelaciones adoptó una decisión intermedia y
añadió a los exámenes mentales unos de carácter
neurológico y suspendió la fecha del interrogatorio
Proceso criminal
Por sorpresa, el 1 de diciembre Guzmán decidió procesar
criminalmente a Pinochet. La defensa del ex general apeló y presentó
un recurso para evitar la detención domiciliaria de Pinochet. Veinte
días después, la Corte Suprema anuló el procesamiento
y ordenó al juez proceder al interrogatorio antes de procesarlo.
Supuestamente derrotado, el 21 de diciembre el juez Guzmán fijó
un nuevo interrogatorio para el 27 de diciembre y los exámenes para
el 22 de enero. Sin embargo, el 26 de diciembre la Corte Suprema volvió
a complicar al magistrado y le dio un plazo de 20 días para que
se realizasen los exámenes.
El pasado 2 de enero, Guzmán fijo los exámenes para el 7 y 8 de este mes, y el interrogatorio para el 9. Pese a ello, el 7 de enero Pinochet no asiste a la primera jornada de exámenes y dice que no aceptará un interrogatorio. Resuelta la rebeldía de Pinochet, el 8 de enero el juez decretó los exámenes para el 10, 11 y 12, y el interrogatorio para el día 15. El viernes 12 de enero, Guzmán accedió a postergar el interrogatorio para ayer.
Si los escenarios posteriores al interrogatorio de Pinochet ya eran
complejos, la denuncia hecha por el neuropsiquiatra dispuesto por los abogados
querellantes, Luis Fornazzari, no ha hecho más que poner sobre el
mapa de guerra un elemento que podría llegar a ser determinante
para el caso.
Fornazzari, director clínico del Programa de Neuropsiquiatría
de la Universidad de Toronto, viajó a Chile a comienzos de enero
para participar junto a otros siete expertos en las extensas pruebas que
buscaban medir si Pinochet estaba loco o demente y, de estarlo, en qué
grado de imposibilidad para someterse a un juicio. Con la confianza de
que todos, incluso el perito designado por el propio Pinochet, el neurólogo
Sergio Ferrer, acordaron que el ex dictador no presentaba problemas psiquiátricos
imposibilitantes y que sólo podía advertirse una demencia
vascular en rango de leve a moderada, Fornazzari volvió a Canadá
donde el pasado viernes recibió el informe final para su firma.
Dicha copia, sin embargo, no hablaba de demencia leve a moderada, sino
de una "severamente moderada", lo que a su juicio limita las posibilidades
de Guzmán para sostener un potencial procesamiento criminal.
Lo que vendrá tras el interrogatorio de ayer a Pinochet girará se quiera o no alrededor de la validez o no del informe, pues hasta el perito adjunto de la defensa, el neurólogo Sergio Ferrer, asegura que él firmó una copia en la que aparecía un diagnóstico de "demencia leve a moderada" y no el extraño "de severidad moderada".