MANUEL DÉLANO, Santiago 
Un día después del fallo que en Buenos Aires condenó a un ex agente de la DINA a cadena perpetua por el crimen del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, las tres hijas del asesinado matrimonio emplazaron ayer en Santiago a la institución armada a colaborar con la justicia para esclarecer este caso y definir su conducta moral. Aunque Sofía, Angélica y Cecilia Prats valoraron como "histórica" la sentencia contra Enrique Arancibia Clavel del tribunal oral número seis de Buenos Aires, el primer condenado 26 años después de cometido el doble homicidio, dijeron que este ex agente es sólo un pequeño eslabón en una cadena de mando que encabezaba Augusto Pinochet y pidieron a la justicia chilena que proceda a extraditar al ex dictador y a seis ex jefes de la DINA a Argentina.
 
 

Después de la condena de Arancibia, las hijas de Prats quedaron con la sensación de que el derecho está volviendo a reinar, pero ahora buscan al principal responsable de un crimen que la DINA no cometió simplemente porque se le ocurrió a su jefe, el general (R) Manuel Contreras, sino creen, por órdenes superiores.
 
 

Tras haber vivido toda su infancia y adolescencia en cuarteles, ellas esperan una reivindicación moral del Ejército. Sofía Prats afirmó que los principios básicos del Ejército están en un dilema que la institución debe resolver: si respeta el principio de la lealtad interna entre los camaradas de armas y a las leyes del país, o acepta que miembros de este sean desleales con otros que integraron las filas y vulneren las normas. "El Ejército debe proceder a una profunda reflexión para establecer estos principios definitivamente como parte fundamental de su ser, de modo que no haya dudas respecto de su posición en términos morales", dijo.
 
 

Extradición de Pinochet
 
 

La familia Prats está convencida de que la condena de Arancibia abre las puertas para la extradición de Pinochet a Argentina. Pero, el juez que estaba designado para conducir la petición de extradición a Argentina, Luis Correa Bulo, y cuyo primer paso fue la rigurosa medida de decretar orden de arraigo -prohibición de salir del país- contra los siete afectados, incluyendo a Pinochet, renunció el lunes a continuar el sumario, después que una campaña sostenida de la derecha le criticara por tráfico de influencias en otras causas. El pleno de la Corte Suprema nombró en su reemplazo al juez Jorge Rodríguez, que si bien votó a favor del desafuero de Pinochet, es considerado un conservador por fuentes de tribunales.
 
 

La abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, cuestionó ayer como "extraordinariamente irregular" que Correa Bulo saliera del caso sin que exista ningún antecedente distinto de cuando el pleno de la Corte Suprema lo nombró por unanimidad para esta función.