Quito quiere que se regularice la situación de los indocumentados antes de firmar el nuevo convenio 

MARCIA CEVALLOS, Quito 
Ecuador y España están negociando un convenio bilateral que reservará a los ciudadanos de este país suramericano hasta un 30% del contingente anual de inmigrantes, si prosperan las pretensiones del Gobierno de Quito. Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, el convenio prevé, además, la creación de una comisión bilateral, con sede en Quito, que analizará las solicitudes de los aspirantes y las pondrá a disposición de los empresarios españoles. El secretario de Estado español de Extranjería, Enrique Fernández Miranda, visitará Ecuador el miércoles para negociar el acuerdo. 
 

Un inmigrante muestra una  pancarta en la manifestación de ayer en Valencia (J. Vicent).

España quiere que Ecuador —el país del que eran originarios los 12 inmigrantes irregulares fallecidos el 3 de enero arrollados por un tren en Lorca (Murcia)— sea el laboratorio de su nueva política de inmigración, en virtud de la cual los trabajadores extranjeros deben llegar de forma legal, con un contrato expedido por los consulados españoles en su país.
 
 

Para ultimar este acuerdo, que se negocia desde hace seis meses, llegará el miércoles a Quito Enrique Fernández Miranda, a quien seguirá el 31 de enero, ya para rubricarlo, el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.
 
 

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano explicaron que se está negociando la posibilidad de reservar a los inmigrantes de este país hasta un 30% del contingente de trabajadores extranjeros que, según las mismas fuentes, se situará entre 100.000 y 120.000 anuales. Una cifra muy superior a la de 1998 y 1999, los dos últimos años en que hubo cupo, cuando rondó los 30.000.
 
 

El diario El Comercio de Quito difundió el pasado día 11 unas declaraciones del secretario de Estado español de Extranjería en las que cifraba en 40.000 el cupo anual para los ecuatorianos durante los próximos cinco años.
 
 

Con el convenio bilateral, Ecuador pretende paliar los efectos de la nueva Ley de Extranjería. "España cierra sus puertas a los emigrantes del mundo, pero abre otras, selectivas, y una amplia y exclusiva para los ecuatorianos", dice Leonardo Carrión, director de la oficina de Ecuatorianos en el Extranjero del Ministerio de Exteriores. "Si no firmamos este convenio, los ecuatorianos tendremos pocas oportunidades de trabajar en España", advierte.
 
 

Para Ecuador, que enfrenta una crisis económica que ha obligado a emigrar en apenas dos años a entre 300.000 y 350.000 personas, este convenio, de gran significación "emocional", podría encauzar la estampida migratoria, opina el diplomático.
 
 

Los emigrantes serán seleccionados por una comisión bilateral, que analizará las solicitudes y las clasificará en función de las demandas de los empresarios, que deberán presentar las peticiones al Gobierno español.
 
 

"Dos factores hacen de éste un acuerdo inédito", subraya Carrión: ésta es la primera vez que el país de origen participa del proceso de manera directa y, además, el convenio admite la contratación de trabajadores permanentes, aunque todos deberán cumplir un tiempo de prueba.
 
 

El convenio no especifica un mecanismo para contratar asistentes del hogar, actividad de gran parte del colectivo inmigrante. Por otro lado, según Carrión, se negocia la creación de un fondo español para financiar actividades productivas en el país de origen.
 
 

El embajador ecuatoriano Luis Gallegos, subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, admite, no obstante, que el nuevo convenio no podrá eliminar la emigración ilegal a España.
 
 

"En el marco de la nueva Ley de Extranjería, y tras la suscripción del convenio, la situación de un ecuatoriano sin papeles en España se tornará muy difícil", dice. Según Gallegos, se espera que los controles migratorios se incrementen de forma sensible.
 
 

Plenos derechos
 
 

"Buscamos un sistema de protección para que el ciudadano que ha decidido emigrar lo haga con plenos derechos y que, a la vez, frene el tráfico y la explotación de personas", dice Gallegos.
 
 

Pero la negociación enfrenta un problema. El Gobierno ecuatoriano demanda que el español acceda a regularizar a los que actualmente están indocumentados en España. "Si no encontramos un camino para resolver el problema en su globalidad, puede ser que no nos interese firmar el convenio", dice Gallegos. No se descarta que el cupo de 2001 sea cubierto por ecuatorianos que ya están en España, unos 150.000, según la asociación Rumiñahui.
 
 

El subsecretario considera "poco práctica" la propuesta de Fernández Miranda de pagar el pasaje de avión de los indocumentados, para que tramiten su visado en Quito. "Si son 40.000 los que deben regresar para arreglar sus papeles, hablamos de 80.000 viajes", dice. Aclara, sin embargo, que su ministerio no ha recibido la propuesta de traslado de manera oficial. La Secretaría de Estado española de Extranjería se negó a comentar el contenido del acuerdo con Ecuador, alegando que aún se está negociando.
 
 

No obstante, Fernández Miranda sí hizo declaraciones a Radio Nacional, en las que dijo que el objetivo del convenio es que los inmigrantes vengan con contrato, como hacían los españoles que emigraban a Europa en los 60.
 
 

Fernández Miranda será recibido en Quito con una manifestación de familiares de inmigrantes ante la sede de la Cancillería, según informó en Valencia Marcia Quizhpi, portavoz de la asociación de ecuatorianos Rumiñahui. 

T. CONSTENLA / M. J. LÓPEZ DÍAZ, Lorca 
Víctor, uno de los 150.000 ecuatorianos que carece de papeles para trabajar y residir en España, es consciente de que, en pocas horas, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería, pueden ser expulsados por el procedimiento de urgencia. Hasta ahora, residir o trabajar sin permiso se castigaba con una multa y no era causa de expulsión. Según cálculos de Cáritas hay 300.000 personas en esa situación en España.
 
 

"Tengo más miedo del tren que viene el martes que del que mató a mis compañeros el día 3 de enero. El tren del martes es más grande y nos lleva a todos", dice Víctor en alusión al accidente en el que murieron 12 de sus compatriotas. En Lorca, la comunidad ecuatoriana vive con una mezcla de temor y desconcierto las horas previas a la entrada en vigor de la nueva legislación. Las especulaciones se multiplican entre los inmigrantes, que dudan entre irse a otras ciudades, esperar en sus viviendas los acontecimientos de las primeras horas o seguir con su vida normal.
 
 

Javier Salazar Ocampo, que cambió los estudios de Medicina por la recolección de lechugas y brécol, ha optado por abandonar Lorca después de cuatro meses de altibajos laborales. Su situación es menos acuciante que la de muchos compatriotas que aún no han liquidado la hipoteca que han dejado en su país: "A mí me daría igual si me regresan porque no tengo deuda, pero la gente está muy asustada, algunos se van a ir a cortijos al campo".
 
 

Algunos ecuatorianos superarán las primeras horas de la ley encerrados en casa, aunque la situación doméstica de la mayoría de irregulares, que se han encontrado sin trabajo desde el accidente del 3 de enero, es apremiante, como el caso de Narcisa Cuasquén: "Ya no tenemos dinero para comprar, ahora que no ganamos, como una sola vez al día". "Dicen que con la nueva ley, ya no podremos salir a enganchar ni salir a caminar", añade.
 
 

La incertidumbre generada por el cambio legal también asusta a los empresarios, que llevan dos semanas sin contratar irregulares por miedo a ser encausados. El patrón de José Javier Enríquez, de 19 años, le ha pedido que abandone su trabajo, y la casa que le había cedido, durante unos días. "Toca esperar hasta el miércoles, si me botan de aquí me iré a Italia o Israel", dice el ecuatoriano, que se ha mudado provisionalmente al piso de unos amigos. "Esconderse no vale de nada si le van a echar igual", espeta.
 
 

Sólo los más desesperados afrontan con cierta despreocupación la entrada en vigor de la Ley de Extranjería. A Johny Glenn Vinueza, de 25 años, le han ido tan mal las cosas que piensa en la repatriación como la única salida al círculo en el que está inmerso. Sin papeles no hay trabajo ni dinero para pagar la deuda. "Hasta ayer pensaba seguir en España, pero uno aquí vive angustiado".
 
 

En Ecuador estudiaba tercer curso de Derecho. En Lorca se levanta a las 4.00 para preparar su almuerzo —viven tan hacinados en los pisos que establecen turnos en los hornillos de cocina—, una hora antes de salir a buscar trabajo en la plaza del Óvalo: "Si te cogen a veces te llevan tan lejos que tardas casi dos horas en llegar a la finca y regresas a las 22.00, a esa hora vuelves a cocinar y cuando te acuestas son las doce, y así todos los días por 4.000 pesetas, si no te descuentan la furgoneta". "Sería el primero en irme a la cola para coger los billetes de regreso a Ecuador", concluye. 

• Más información en Portada de España
• Especial: Las claves de la reforma de la Ley de Extranjería
• Gráfico en Flash: Reconstrucción del accidente de los ecuatorianos

Enlaces de interés
• Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador
• Diario El Comercio de Quito