MIGUEL ÁNGEL ORDÓÑEZ , Santo Domingo 
El socialdemócrata Hipólito Mejía ha festejado sus primeros cien días de Gobierno en la República Dominicana de manera estruendosa: un día después de que instase a sus funcionarios a "no hacer shows con la lucha anticorrupción" -"y al ex presidente me lo respetan"-, su procurador general (equivalente a ministro de Justicia), Virgilio Bello Rosa, ordenaba detener a una veintena de altos cargos del Gobierno anterior por supuesta corrupción en el manejo de una cuenta especial, bajo control discrecional y exclusivo del presidente de la República.
 
 

Entre los detenidos hay cinco ex ministros, todos tan cercanos al ex mandatario Leonel Fernández, que éste se sintió "blanco esencial de una campaña", en sus propias palabras, y pidió ser encarcelado para defenderse. "Ganas de trivializar y politizar las investigaciones", según el partido en el Gobierno.
 
 

La detención no se produjo. Incluso, hace diez días, cuando Fernández se personó con una claque de ex funcionarios en la Procuraduría General de la República para pedir su encarcelación, la policía lo impidió con gases lacrimógenos. Desde entonces, se acumulan los indicios y ataques por todos los flancos contra el que fue presidente hasta el pasado 16 de agosto.
 
 

Con su partido (el de la Liberación Dominicana, PLD, centro) metido en un congreso a cara de perro en el que se juega su postulación en las elecciones de 2004, algunos de sus más fieles compañeros de partido detenidos entonan el "yo no he sido" y señalan a Leonel Fernández: "Las asignaciones que se le hacían al Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) y al Programa de Acción Barrial (PRODABA) provenían del Fondo 1401, que es manejado por el presidente de la República como facultad exclusiva de él", relata el ex ministro de la Presidencia Simón Lizardo, según consta en el expediente acusatorio.
 
 

Ambos programas manejaron en cuatro años más recursos que los ministerios de Turismo, Trabajo, Industria y Comercio, Justicia o Relaciones Exteriores; sin control legislativo alguno, pese a que llegaron a nutrirse de donaciones internacionales tras la devastación producida por el huracán George en 1998.
 
 

Según el ex presidente Fernández, estaban orientados a paliar más de 400 paros organizados en 1997, "parte de un plan de desestabilización política que resultaba costoso para la imagen del país y la institucionalidad democrática". Para frenar las huelgas, el Gobierno tenía dos opciones: "Reprimiendo de manera brutal o neutralizando a los cabecillas de la agitación social; pegar o pagar", explica Fernández, que se decantó por la segunda opción, oficialmente empleando temporalmente a los revoltosos.
 
 

En la práctica, según se deduce de los interrogatorios a los detenidos, el Estado se puso al servicio del partido oficialista y sus dirigentes. Se pagaba a los "subversivos" para que "no alterasen el orden público" y cambiasen su participación en huelgas por mítines del partido de Leonel Fernández, amén de otros servicios proselitistas.
 
 

Hubo "cuantiosos desembolsos de dinero favoreciendo a un gran número de dirigentes y activistas políticos", consigna el expediente, hasta a legisladores del PLD "para que ellos los repartieran" a su libre albedrío. Igualmente, uno de los detenidos admite haber distribuido personalmente "entre locutores y periodistas" el equivalente a 20.000 dólares mensuales.
 
 

Los que se llevaron la mejor parte fueron los que repartieron el pastel. Sin ningún sistema de control, los directivos de los programas desviaron varios millones de dólares a sus cuentas personales, de familiares y compañeros de partido. Como ejemplo, en los tres días previos al cambio de Gobierno, se depositaron en la cuenta de una hermana del director del PEME, Luis Inchausti, cerca de 17.000 cheques del programa por un monto cercano al millón y medio de dólares.
 
 

Anteayer, miércoles, se supo que otra gran suma se destinó a dos compañías -una de ellas tenía como objeto social la importación y exportación de verduras-, constituidas por los mismos socios, todos detenidos y miembros del partido de Fernández, para hacerse con el control de dos canales de televisión, el 21 y el 23. El primero de ellos, además, le fue arrebatado irregularmente a su legítimo propietario.
 
 

De cualquier manera, la excusa del ex presidente frente a todo ese andamiaje es que, "aunque con otro nombre, ha sido ejecutado por todos los Gobiernos que antecedieron al que yo presidí".
 
 

Uno de los pocos que han salido en defensa de Fernández ha sido su sucesor, Hipólito Mejía, que nada más llegar al poder despidió a miles de empleados públicos sospechosos de no ser de los suyos, para emplear a los que se fajaron en pro del partido triunfador en las últimas elecciones.
 
 

Para Mejía, "un presidente no tiene por qué estar al corriente de toda la contabilidad". Sin embargo, Fernández considera farisaica esa defensa: "Yo reitero las gracias al presidente Mejía por continuamente sostener que mi persona no sea involucrada (...), pero pienso que es un error del presidente, porque ningún ciudadano está por encima de la ley", señaló el ex dignatario el pasado lunes, al tiempo de acusar al Gobierno de Mejía de mantener "una actitud persecutoria, con atropellos y humillaciones".
 
 

Algo que apoya la opinión de Fernández: a lo largo de esta semana, dos abogados del Estado han pedido al juzgado de instrucción que cite al estadista para interrogarlo.
 
 

Pero esas acusaciones no son las únicas que mantienen en vela a Fernández. Tomás Castro, abogado del Estado en casos de corrupción, ha anunciado que hay 38 casos en proceso y que, si por él fuera, "Fernández estaría preso desde hace tiempo". Además, el pasado fin de semana, el rotativo Listín Diario destapaba el reparto de un centenar de apartamentos de lujo entre familiares directos y colaboradores de Leonel Fernández. Algunos de los agraciados con estas viviendas "sociales" de 228 metros cuadrados, con piscina y jacuzzi, valorados en más de 120.000 dólares y construidos con fondos estatales, están detenidos por su implicación en el caso del PEME y PRODEBA. Varios de ellos fueron beneficiados con contratos de donación que firmó el ex mandatario 24 horas antes de dejar el poder.
 
 

Para Joaquín Gerónimo, ex director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), responsable de los residenciales, el dinero salió también de una "cuenta especial" y se decidió dar preferencia a los funcionarios del Gobierno y dirigentes del PLD que no tenían viviendas "porque merecían ese premio después de servir al Estado durante los últimos 4 años". Como principal constructora de los inmuebles aparece una hermana de Gerónimo.
 
 

"¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo de siempre", esgrime como defensa el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz.
 
 

Para Aníbal de Castro, director del semanario dominicano Rumbo, lo escandaloso de estos casos es que "no alarman; son un elemento más de una cultura que se ha impuesto y de la cual participan por igual los diferentes partidos políticos. Convertido en botín, el patrimonio público es desguazado y repartido entre autoridades y acólitos prevalecidos, al parecer, en la permisividad colectiva con la corrupción".