JUAN JESÚS AZNÁREZ / ENVIADO ESPECIAL , Bogotá 
Los dos principales jefes colombianos, el uno investido por las urnas, el presidente Andrés Pastrana, y el otro por los fusiles, Manuel Marulanda, Tirofijo, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acuden hoy a San Vicente del Caguán no tanto para avanzar en la solución de los problemas nacionales pendientes como para evitar un agravamiento del conflicto vigente hace cuatro decenios. Los dos dirigentes intentarán, al menos, desbloquear un proceso de conclusión lejana e incierta.
 
 

El encuentro que se desarrollará hoy en la zona cedida por el Gobierno, en noviembre de 1999, a la poderosa guerrilla, al objeto de facilitar las conversaciones en un ambiente distendido, tiene como objetivo fundamental impedir que la actual interrupción lleve a una nueva escalada bélica de las partes. "Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal", invocaba el analista Armando Benedetti parafraseando las admoniciones de su abuela cuando amenaza tormenta. El Gobierno, tras la reunión de hoy, deberá decidir si concede una nueva prórroga de control de las FARC sobre esa geografía, o la suspende. Es previsible la prórroga, según los analistas.
 
 

Mientras tanto, a través de sus diferentes organizaciones, la sociedad pidió a los dos dirigentes que acuerden medidas para impedir la leva de menores, los secuestros, los ataques a la población civil, la pérdida de vidas y bienes entre los colombianos atrapados por el fuego cruzado de ejército, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común asociada a esos grupos. Periodistas, empresarios, campesinos, o habitantes de las ciudades donde campea la violencia son blancos posibles de uno u otro bando. Las perspectivas de la reunión a desarrollarse en algún punto de los 42.000 kilómetros cuadrados de zona desmilitarizada, una extensión equivalente a la de Suiza, no son muy alentadoras. Lejos de haberse avanzado en la discusión de los asuntos enumerados en el borrador de la primera fase de las negociaciones, reformas agraria, política o social, el proceso entró en barrena hasta acabar, el 14 de noviembre, con la retirada de las FARC de la mesa de negociaciones. Argumentó la guerrilla que el Gobierno no combatió como debe a los paramilitares, y atribuyó un inaceptable alcance militarista al Plan Colombia, un programa teóricamente concebido para erradicar los cultivos de droga.
 
 

Uno de los detonantes de la ruptura fue el encuentro sostenido por el ministro del Interior, Humberto de la Calle, con el jefe de los grupos paramilitares, Carlos Castaño, para abordar la liberación de varios legisladores secuestrados por esas falanges de extrema derecha, a la que se considera responsable de más del 50% de las vulneraciones de los derechos humanos cometidos durante el desarrollo de un conflicto que se ha cobrado 35.000 vidas civiles en los últimos diez años.
 
 

Algunos datos certifican la dimensión de la guerra interna padecida por este país de 40 millones de habitantes, diezmado por los asesinatos, los secuestros, el éxodo de sus profesionales, la inseguridad y el miedo. Los hombres alzados en armas son 29.000, según el informe anual del ministerio de Defensa sobre derechos humanos, que operan en un área casi igual al doble de la superficie de Centroamérica, es decir en cerca de 600 de los 1.108 municipios del país. Esto evidencia, de acuerdo con ese documento, que en Colombia "no hay una guerra civil sino una guerra contra la sociedad". Las FARC cuentan con 16.492 hombres, los paramilitares, con 8.150 y otros 4.533 integran el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Más de las dos terceras partes de los ingresos que financian a esos tres movimientos proceden de actividades relacionadas con el narcotráfico.