Pinochet saluda a sus simpatizantes el día de su cumpleaños, el 25 de noviembre (Reuters).

MANUEL DÉLANO, Santiago 
En una decisión sorprendente, el juez chileno Juan Guzmán Tapia resolvió ayer someter a proceso al ex dictador Augusto Pinochet como autor intelectual de 56 homicidios calificados y de 19 secuestros que cometió en 1973 la llamada Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió el país ejecutando a 75 prisioneros políticos izquierdistas, partidarios del depuesto Gobierno del socialista Salvador Allende, y amplió a homicidio calificado el procesamiento de otros siete implicados en el caso, que ya lo estaban por secuestro.

 "Normalmente en materia criminal, los jueces no vamos anunciando las medidas que vamos a tomar", aseguró el juez Guzmán respecto a su inesperado dictamen. "En el caso del señor Pinochet he actuado como caballero y como juez", añadió.

 El sometimiento a proceso implica que en las próximas horas Pinochet deberá ser notificado de su situación judicial, quedando sometido a arresto en su domicilio, con prohibición de abandonarlo. Pinochet recibió la noticia mientras se encontraba ayer en su estancia de Los Boldos, en Bucalemu, unos 150 kilómetros al suroeste de la capital, hasta donde se había trasladado ayer. El abogado Pablo Rodríguez, que encabeza su equipo jurídico, anunció que la próxima semana presentará un recurso de amparo contra la resolución del juez Guzmán, y que entregará un escrito a la Corte Suprema, acusando al magistrado de ser parcial y de incurrir en vicios procesales. El hijo mayor del general, Augusto Pinochet Hiriart, afirmó que la familia se encuentra "absolutamente desmoralizada". Sus parientes dijeron que Pinochet todavía no ha sido notificado y no se halla bajo arresto domiciliario.

 La histórica resolución del magistrado fue tan sorprendente que incluso uno de los abogados querellantes, inquirido por los periodistas, pensó inicialmente que se trataba de una broma. Guzmán adoptó la determinación sin esperar que Pinochet se sometiera a los exámenes psiquiátrico y neurológico que ordenó la justicia, ni someterlo a interrogatorio en Chile, mostrando así su plena convicción sobre la presunta autoría intelectual del ex dictador en los crímenes de los que se le acusa.

 A la salida de una reunión de la cúpula militar en el edificio de las Fuerzas Armadas, el almirante Jorge Arancibia dijo que la situación es "muy grave" y que el procesamiento ha introducido un elemento de tensión que lleva a la sociedad a una situación "bastante crítica". Por su parte, el portavoz del Gobierno, el ministro Claudio Huepe, pidió a todas las instituciones y a la ciudadanía que mantengan la tranquilidad del país, "les guste o no" el sometimiento a proceso. Huepe dijo que el presidente, Ricardo Lagos, fue informado por el vicepresidente José Miguel Insulza. Desde México, donde asistía a la toma de posesión de Vicente Fox, Lagos sostuvo que la resolución debe ser respetada por todos y planteó que se trata de una expresión del "fortalecimiento del sistema democrático".

 La decisión de Guzmán fue conocida horas después de que el pleno de la Corte Suprema resolviera pedirle en forma unánime a Guzmán que entregara un informe en 48 horas sobre una carta que envió en solidaridad con uno de los querellantes de Pinochet, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, quien está siendo acusada por dirigentes de la derecha de actuaciones irregulares en su cargo. 

M.DÉLANO, Santiago 
Rosa Silva, una de las hijas de un ejecutado por la caravana de la muerte, dijo ayer emocionada entre sollozos y mientras abrazaba a uno de los abogados querellantes del ex dictador que la decisión de Guzmán es "un bello regalo de Pascua anticipado. Por fin comienza a llegar la justicia". La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, afirmó que la decisión demuestra que en Chile "se puede hacer justicia" y ratificó la responsabilidad del ex dictador en las violaciones a los derechos humanos. En tanto, uno de los abogados querellantes, Eduardo Contreras, afirmó que el dictamen de Guzmán "rompe toda una cadena, una seguidilla de obstáculos que parecían impedir para siempre el procesamiento de Pinochet".
 
 

Mientras a última hora de ayer la defensa de Pinochet se reunía para estudiar cómo recurrir el dictamen ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado Fernando Barros, asesor del ex dictador, dijo que la medida del juez les cayó como "una bomba, ajena al debido proceso y al derecho", y la consideró como parte de una "orgía judicial" contra Pinochet.
 
 

En Madrid, el juez Baltasar Garzón estimó acertada la decisión de la Justicia chilena, según fuentes próximas al magistrado, que mostraron su satisfacción porque se aplique la ley por igual y por que se llegue a este punto tras el trabajo desarrollado por el magistrado español. A su vez, el Gobierno español manifestó su deseo de que la decisión del juez Guzmán contribuya a consolidar la democracia en Chile, según una fuente diplomática. 

Augusto Pinochet es un reo. En términos jurídicos españoles: el ex dictador está acusado de ser coautor de 56 homicidios y 19 desapariciones. Esta decisión del juez Juan Guzmán cayó en Chile como rayo en cielo sereno. ¿Cielo sereno? Más de medio centenar de oficiales y subalternos han sido procesados en los últimos dos días por los crímenes de la dictadura. Y el "senador vitalicio" Pinochet fue despojado el pasado 8 de agosto de su fuero parlamentario. Aun así, ha sido inesperado.
 
 

¿Por qué? El juez Guzmán, tras el desafuero de agosto, en lugar de tomar declaración a Pinochet, como cabía esperar, y decidir si le procesaba, ordenó la práctica de exámenes médicos para conocer su estado de salud mental y neurológica. Y estableció que para llevar a cabo la declaración indagatoria de Pinochet, prevista por el Código de Procedimiento Penal chileno antes del procesamiento, era requisito previo someterle a exámenes. Luego, dada la proximidad de un nuevo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, y del día de las Glorias del Ejército, más tarde, Guzmán aplazó esos exámenes por considerar estas fechas un "momento sensible". Comenzó después un tira y afloja sobre la selección de peritos adjuntos a los médicos designados para examinar a Pinochet.
 
 

El proceso se dilataba sine die. Y, en medio de él, la derecha política chilena se movía. Consiguió apartar a otro juez de la Corte Suprema, encargado de la extradición de Pinochet solicitada por Argentina en el caso del asesinato del ex comandante jefe del Ejército chileno Carlos Prats. El miércoles pasado, el juez Guzmán escribió una carta de apoyo personal a Clara Szczaranski, presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por su actuación como abogada en arbitrajes privados de dudosa presentación. El pinochetismo puso en la mira a Guzmán por dicha carta, habida cuenta de que el CDE, equivalente al abogado del Estado, es parte acusadora en el caso de la Caravana de la Muerte que ahora se imputa a Pinochet y participó también en el desafuero del dictador.
 
 

El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, último magistrado nombrado durante la dictadura, solicitó en las últimas horas un informe a Guzmán sobre la citada carta de apoyo. Álvarez, que hace pocas semanas compartió en Madrid mesa y mantel con magistrados del Tribunal Supremo español, podría estar en condiciones, según fuentes solventes, de utilizar la imprudente carta de Guzmán para apartarle de la investigación sobre las querellas contra Pinochet, invocando un conflicto de intereses.
 
 

El juez Guzmán, que ya rumía el procesamiento del dictador, se decidió. Al parecer, barajó dos escenarios: a) esperar a los exámenes médicos para decidir sobre el procesamiento; y b) procesarle antes, sin tomarle declaración.
 
 

La primera opción era impracticable. Si los exámenes detectan en Pinochet posibles daños cerebrales, se abrirá la fase de maniobras para declarar al ex dictador "insano" y exculparle. En este caso el procesamiento hubiera sido poco menos que imposible. El juez Guzmán optó entonces por la segunda alternativa al detectar las presiones para su posible separación del caso.
 
 

¿A dónde conduce este viaje? El juez Guzmán creía que el desenlace este caso era el procesamiento de Pinochet y su posterior sobreseimiento, utilizando los exámenes médicos como instrumento, o, simplemente, el sobreseimiento por razones médicas, sin procesamiento. De momento, hasta que no se practiquen los exámenes el juez se abstendrá de tomar declaración al dictador, bajo arresto domiciliario. Su propia resolución anterior le ata las manos. 

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