El País Digital
Lunes 
18 diciembre 
2000 - Nº 1690
 
 
INTERNACIONAL
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La primera alternativa, si hemos de dar crédito al plan de Uribe Vélez, equivale a movilizar a medio país, no sólo en marchas de la paz o recogida de firmas para altísimos proyectos de documento, sino para llenar Colombia de activos milicianos del Estado, que aunque trabajaran por amor al arte, lo que es bastante decir en un país de grave desempleo y subempleo pavoroso, deberían ser vestidos, calzados, alimentados y armados. El aspirante de Antioquia, reputada tierra de iniciativa individual, está convencido de que el establecimiento abriría la faltriquera si un día viera resultados.
 
 

La segunda alternativa, no tan distinta de la primera, la de tomarse la guerra en serio, porque son ya muy serias sus consecuencias, además de exigir que se multiplicara muchas veces la envergadura del llamado Plan Colombia -que prevé algo menos de 1.000 millones de dólares en pertrechos y adiestramiento de donación norteamericana- pasaría por un alistamiento directamente militar de un número mucho mayor que los 15.000 profesionales en que piensa el ex gobernador.
 
 

El líder del liberalismo oficial, Horacio Serpa, expresó recientemente en Bucaramanga, capital de Santander, un escepticismo probablemente muy extendido al referirse a las posibilidades de la guerra. Cuenta que un día su esposa, la genial doña Rosita, se mostró sensible a esos vientos belicistas o al menos a los de una mayor presión sobre la guerrilla, y le dijo: "¿No será, Horacio, que Uribe Vélez tiene razón, y hay que hacer la guerra sin limitaciones a los guerrilleros?". Y Serpa cuenta que le contestó: "¿Cuántos años tiene tu hijo?" "Dieciocho, respondió la dama". "Pues, ya puedes ir dándole un fusil, porque la guerra no se puede hacer sólo con los hijos de los demás". Fin del problema.
 
 

Nicanor Restrepo, destacado industrial y gran intelectual, también antioqueño, que podría figurar entre los inducibles a presentar su candidatura por el partido conservador, dijo en una ocasión al periodista que en Colombia había una cultura de la paz, y no de la guerra; que el mero pensamiento de enfrentarse a la guerrilla en lo más parecido a una guerra total, no cabía en las mentes patrias.
 
 

Eso explica, quizá, que ningún colombiano de nombradía admita que lo que hoy se libra en el país es una guerra civil, sino, tan sólo, un combate contra la subversión, que alguno osa hasta comparar, es posible que como consuelo, a la lucha española contra ETA.
 
 

Sea como fuere, esa guerra, civil o no, en cualquier caso muy poco civilizada, está anulando a todo un país, haciendo inviable una gran nación. Por eso, diríase que urge tomar pronto decisiones sobre la guerra y la paz. El último plan para Colombia. 

Dólares y cocaína

M. TERESA RONDEROS
En una reciente reunión celebrada en Bogotá entre funcionarios de Estados Unidos, Colombia y algunas organizaciones ciudadanas se propuso acordar 100 días de tregua y el cese absoluto de la fumigación de cultivos ilícitos. Para sorpresa de todos, un estadounidense dijo que accedería a la propuesta. Pero luego aclaró: "Si nos garantizan también 100 días sin producción de coca". A ello, uno de los colombianos apostilló: "De acuerdo, si ustedes nos aseguran 100 días sin consumo de droga".
 
 

La anécdota ilustra el meollo de la tragedia colombiana. El narcotráfico financia y prolonga el viejo conflicto en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las más recientes, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se disputan el territorio nacional y el monopolio de la fuerza. Esa guerra impopular y sucia ha causado sólo este año más de 3.000 muertos, casi 900 de ellos en masacres colectivas, 300.000 campesinos que han huido de sus tierras y ha hecho incierta la recuperación económica.
 
 

Para hacer frente a semejante situación, el Gobierno de Andrés Pastrana creó el Plan Colombia, una estrategia fundamentada en dos ideas básicas: que la guerra colombiana sólo se acabará si, al tiempo que se negocia la paz con las guerrillas, se ataca a su principal sostén económico, el narcotráfico, y que en esa tarea deben colaborar otros países que forman parte del problema del tráfico de estupefacientes.
 
 

Dos planes
 
 

La idea original surgió en la campaña electoral de Pastrana. Se habló de crear una especie de Plan Marshall para reconstruir el país de los estragos del narcotráfico. De ahí se trazó un primer Plan Colombia, lanzado oficialmente en diciembre de 1998. Era hecho en casa y no contaba con helicópteros ni fuerzas especiales. Su objetivo era concentrar las inversiones para el desarrollo en zonas afectadas por la violencia y apoyar la sustitución de cultivos ilícitos.
 
 

Para financiar el plan se creó el Fondo de Inversiones para la Paz, que se alimentaría de unos bonos -un impuesto especial que se cobra a los empresarios colombianos-, recursos del presupuesto nacional y aportaciones de países extranjeros en una mesa de donantes que se montaría apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
 
 

Rencillas internas demoraron la puesta en marcha del Fondo de Inversiones, y los primeros dineros recaudados por los bonos de paz, unos 100 millones de dólares, se mantuvieron congelados.
 
 

Mientras tanto, en Washington aumentaba la preocupación por Colombia. En agosto de 1999, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Pickering, viajó a Bogotá y, según The Washington Post, le dijo a Pastrana: "Estados Unidos aumentaría rotundamente su ayuda si se desarrolla un plan integral para fortalecer sus fuerzas militares, frenar la caída de la economía y combatir el narcotráfico". Casi simultáneamente, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, publicaba un artículo en The New York Times en el que aseguraba: "Los esfuerzos para detener el tráfico de drogas están relacionados con la búsqueda de la paz, porque los rebeldes y los paramilitares están involucrados en ese narcotráfico".
 
 

Jaime Ruiz, uno de los hombres del presidente Pastrana y principal artífice del Plan Colombia, interpretó la actitud de Washington como un triunfo no sólo porque se había logrado el apoyo del presidente Clinton al proceso de paz colombiano, sino porque, "por primera vez, Gobierno y opinión en Estados Unidos hablan de defender la democracia colombiana, y no sólo de reducir el flujo de drogas a su país".
 
 

En septiembre, Estados Unidos creó un grupo especializado con miembros de sus diversas agencias para unificar su política frente a Colombia. Funcionarios colombianos trabajaron con este grupo y de ahí salió -redactado primero en inglés- el segundo Plan Colombia. Conservaba los propósitos del original, pero incluía una buena dosis de fortalecimiento militar para combatir el narcotráfico.
 
 

Como producto del ajuste económico acordado entre Colombia y el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos también abogó ante la banca multilateral para que financiara la formación de una red de protección social para los "damnificados" del ajuste. Esta iniciativa quedó también incluida en el Plan Colombia.
 
 

"La verdad es que Estados Unidos puso gestión y dinero para el Plan Colombia, y eso les permitió redefinirlo según su propia visión del problema y sus propios intereses", dice una fuente que participó en la creación del plan.
 
 

Los recursos
 
 

Después de intensos debates en el Congreso, la ayuda de Estados Unidos fue aprobada: 862 millones de dólares para los próximos dos años, que, sumados a los dineros que ya estaban apropiados para antinarcóticos, hacen casi 1.200 millones. En números redondos, son 200 millones para la paz y 1.000 millones para la guerra .
 
 

Ésta es sólo la aportación de Estados Unidos. Pero el Gobierno de Pastrana, con frecuencia, habla de 7.300 millones de dólares como el monto total del Plan Colombia. No obstante, después de cotejar las cifras con funcionarios colombianos responsables, son menores los recursos ya garantizados. Para perseguir al narcotráfico se contabilizan los 1.000 millones de Estados Unidos más otros 3.000 millones, una suma que, según el Gobierno colombiano, es lo que cuesta combatir el flagelo por tres años. Hay además otros 2.200 millones de inversión social y humanitaria
 
 

Según Mauricio Cárdenas, asesor del BID para el Plan Colombia, el Gobierno aún no descarta que se consigan otras donaciones por unos 400 millones más.
 
 

Desde Europa, la postura frente al plan ha sido más bien crítica. De ahí que todavía no está claro si las donaciones y préstamos anunciados en las reuniones de la mesa de donantes en Madrid en julio pasado y del grupo de apoyo a la paz de Colombia, en Bogotá en octubre pasado, revertirán en el Plan Colombia o son aportaciones al margen del plan. Tampoco se ha calculado con precisión si se trata de dinero fresco o si ya estaba comprometido en programas de ayuda anteriores.
 
 

¿Es posible ganar?
 
 

El proyecto de sustitución de cultivos arrancó ya en el Putumayo, un departamento (provincia) al sur de Colombia plagado de coca. Se firmaron los primeros pactos entre el Gobierno y los campesinos, que se comprometieron a erradicar manualmente sus plantas de coca. Al mismo tiempo, el Fondo de Inversiones para la Paz está preparando los proyectos para hacer obras de infraestructura y dar apoyo social a la zona.
 
 

"Vamos a hacer proyectos integrales que garanticen que los cultivos ilícitos realmente sean erradicados", dice la gerente del Fondo, Gloria Isabel Echeverry. A unos kilómetros del Putumayo, en la base militar de Tres Esquinas, están listos dos batallones entrenados por asesores estadounidenses para salir a "limpiar" de posible resistencia la fumigación de los grandes cultivos que detrás de ellos irá practicando la policía. Es la misma ambigüedad que tiene el plan: la guerra y la paz. Pero ¿se pueden hacer juntas?
 
 

Jorge Rojas, de una iniciativa ciudadana llamada Paz Colombia, sostiene que el plan está escalando la guerra, no va a acabar con los cultivos ilícitos, le pone trabas al proceso de paz y creará nuevos desplazados.
 
 

No es el único en opinar así: si se ataca con éxito la producción de coca, los grupos armados van a buscar otra fuente de financiación. En realidad, ya lo están haciendo: los secuestros aumentaron un promedio de siete a nueve al día, según fuentes policiales, y el hostigamiento a las empresas petroleras y mineras va en aumento. Y las FARC han aumentado su reclutamiento forzado de menores en el sur, como se quejan hoy sus habitantes.
 
 

También existen indicios de que los cultivos están empezando a mudarse selva adentro en la Amazonia o que podrían pasar al lado ecuatoriano. En este caso, el triunfo colombiano sería la amenaza para sus vecinos, y de ahí que sus protestas se hayan hecho escuchar ante Washington con tanta fuerza.
 
 

El Plan Colombia también puede forzar a unas 36.000 familias a desplazarse de la región, según lo calcula Codhes, una organización especializada en el asunto, a medida que se intensifiquen los operativos de los batallones antinarcóticos y la fumigación masiva a partir de enero próximo. Muchos se irán a Ecuador, adonde ya han llegado refugiados que huyeron del bloqueo que impusieron las FARC en noviembre, como su primera respuesta a los preparativos del Plan Colombia.
 
 

Menos críticas reciben las donaciones y préstamos para inversión social, la ayuda humanitaria y el fortalecimiento institucional. ¿Quién se puede oponer a que haya programas para jóvenes desempleados o proyectos productivos para los campesinos? Pero la pregunta es si no serán una gota en el océano de necesidades sociales y si en todo caso, por exitosos que sean, de poco servirán para detener la guerra.
 
 

A la postre
 
 

Al fin de cuentas, el Plan Colombia puede sumar logros: ha podido recabar apoyo internacional para la negociación de paz y reconocimiento de que el problema no es colombiano, sino mundial. También, con la ayuda militar estadounidense, ha venido la presión por un mejor desempeño en materia de derechos humanos y una ruptura con el paramilitarismo.
 
 

Puede que el plan resulte y que, al disminuir el flujo del narcodinero a las guerrillas y los paras, en efecto merme la guerra en Colombia y entonces fructifiquen las negociaciones de paz, ahora estancadas.
 
 

Pero esto no será fácil. "Si la premisa de que es la coca la que mantiene la guerra, resulta acertada y el plan funciona", dice el analista Hernando Gómez Buendía. "Va a ser terrible, porque los grupos armados defenderán su bolsillo como sea". Pero habrá luz al final del túnel.
 
 

El Plan Colombia puede, sin embargo, fallar. Y tiene por dónde: los narcocultivos siguen creciendo después de 18 años de fumigaciones, la lucha contra los carteles de los noventa sólo lleva a que el tráfico sobreviva con nuevos aliados y la guerra en Colombia siempre ha traído más guerra. Entonces, el sufrimiento, el desarraigo, el envenenamiento de la tierra, habrán sido en vano. Además, por la activa participación de Estados Unidos, el escalamiento de la guerra puede darle a las FARC la popularidad que no encuentra, y a la guerra, la razón que no tiene: una guerra nacionalista.
 
 


María Teresa Ronderos es editora general de la revista Semana de Bogotá. 
 
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