![]() Lunes 18 diciembre 2000 - Nº 1690 |
INTERNACIONAL
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La primera alternativa, si hemos de dar crédito al plan de Uribe
Vélez, equivale a movilizar a medio país, no sólo
en marchas de la paz o recogida de firmas para altísimos proyectos
de documento, sino para llenar Colombia de activos milicianos del Estado,
que aunque trabajaran por amor al arte, lo que es bastante decir en un
país de grave desempleo y subempleo pavoroso, deberían ser
vestidos, calzados, alimentados y armados. El aspirante de Antioquia, reputada
tierra de iniciativa individual, está convencido de que el establecimiento
abriría la faltriquera si un día viera resultados.
La segunda alternativa, no tan distinta de la primera, la de tomarse
la guerra en serio, porque son ya muy serias sus consecuencias, además
de exigir que se multiplicara muchas veces la envergadura del llamado Plan
Colombia -que prevé algo menos de 1.000 millones de dólares
en pertrechos y adiestramiento de donación norteamericana- pasaría
por un alistamiento directamente militar de un número mucho mayor
que los 15.000 profesionales en que piensa el ex gobernador.
El líder del liberalismo oficial, Horacio Serpa, expresó
recientemente en Bucaramanga, capital de Santander, un escepticismo probablemente
muy extendido al referirse a las posibilidades de la guerra. Cuenta que
un día su esposa, la genial doña Rosita, se mostró
sensible a esos vientos belicistas o al menos a los de una mayor presión
sobre la guerrilla, y le dijo: "¿No será, Horacio, que Uribe
Vélez tiene razón, y hay que hacer la guerra sin limitaciones
a los guerrilleros?". Y Serpa cuenta que le contestó: "¿Cuántos
años tiene tu hijo?" "Dieciocho, respondió la dama". "Pues,
ya puedes ir dándole un fusil, porque la guerra no se puede hacer
sólo con los hijos de los demás". Fin del problema.
Nicanor Restrepo, destacado industrial y gran intelectual, también
antioqueño, que podría figurar entre los inducibles a presentar
su candidatura por el partido conservador, dijo en una ocasión al
periodista que en Colombia había una cultura de la paz, y no de
la guerra; que el mero pensamiento de enfrentarse a la guerrilla en lo
más parecido a una guerra total, no cabía en las mentes patrias.
Eso explica, quizá, que ningún colombiano de nombradía
admita que lo que hoy se libra en el país es una guerra civil, sino,
tan sólo, un combate contra la subversión, que alguno osa
hasta comparar, es posible que como consuelo, a la lucha española
contra ETA.
Sea como fuere, esa guerra, civil o no, en cualquier caso muy poco civilizada, está anulando a todo un país, haciendo inviable una gran nación. Por eso, diríase que urge tomar pronto decisiones sobre la guerra y la paz. El último plan para Colombia. M. TERESA RONDEROS
La anécdota ilustra el meollo de la tragedia colombiana. El narcotráfico
financia y prolonga el viejo conflicto en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
y las más recientes, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se disputan
el territorio nacional y el monopolio de la fuerza. Esa guerra impopular
y sucia ha causado sólo este año más de 3.000 muertos,
casi 900 de ellos en masacres colectivas, 300.000 campesinos que han huido
de sus tierras y ha hecho incierta la recuperación económica.
Para hacer frente a semejante situación, el Gobierno de Andrés
Pastrana creó el Plan Colombia, una estrategia fundamentada en dos
ideas básicas: que la guerra colombiana sólo se acabará
si, al tiempo que se negocia la paz con las guerrillas, se ataca a su principal
sostén económico, el narcotráfico, y que en esa tarea
deben colaborar otros países que forman parte del problema del tráfico
de estupefacientes.
Dos planes
La idea original surgió en la campaña electoral de Pastrana.
Se habló de crear una especie de Plan Marshall para reconstruir
el país de los estragos del narcotráfico. De ahí se
trazó un primer Plan Colombia, lanzado oficialmente en diciembre
de 1998. Era hecho en casa y no contaba con helicópteros ni fuerzas
especiales. Su objetivo era concentrar las inversiones para el desarrollo
en zonas afectadas por la violencia y apoyar la sustitución de cultivos
ilícitos.
Para financiar el plan se creó el Fondo de Inversiones para la
Paz, que se alimentaría de unos bonos -un impuesto especial que
se cobra a los empresarios colombianos-, recursos del presupuesto nacional
y aportaciones de países extranjeros en una mesa de donantes que
se montaría apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Rencillas internas demoraron la puesta en marcha del Fondo de Inversiones,
y los primeros dineros recaudados por los bonos de paz, unos 100 millones
de dólares, se mantuvieron congelados.
Mientras tanto, en Washington aumentaba la preocupación por Colombia.
En agosto de 1999, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas
Pickering, viajó a Bogotá y, según The Washington
Post, le dijo a Pastrana: "Estados Unidos aumentaría rotundamente
su ayuda si se desarrolla un plan integral para fortalecer sus fuerzas
militares, frenar la caída de la economía y combatir el narcotráfico".
Casi simultáneamente, la secretaria de Estado, Madeleine Albright,
publicaba un artículo en The New York Times en el que aseguraba:
"Los esfuerzos para detener el tráfico de drogas están relacionados
con la búsqueda de la paz, porque los rebeldes y los paramilitares
están involucrados en ese narcotráfico".
Jaime Ruiz, uno de los hombres del presidente Pastrana y principal artífice
del Plan Colombia, interpretó la actitud de Washington como un triunfo
no sólo porque se había logrado el apoyo del presidente Clinton
al proceso de paz colombiano, sino porque, "por primera vez, Gobierno y
opinión en Estados Unidos hablan de defender la democracia colombiana,
y no sólo de reducir el flujo de drogas a su país".
En septiembre, Estados Unidos creó un grupo especializado con
miembros de sus diversas agencias para unificar su política frente
a Colombia. Funcionarios colombianos trabajaron con este grupo y de ahí
salió -redactado primero en inglés- el segundo Plan Colombia.
Conservaba los propósitos del original, pero incluía una
buena dosis de fortalecimiento militar para combatir el narcotráfico.
Como producto del ajuste económico acordado entre Colombia y
el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos también abogó
ante la banca multilateral para que financiara la formación de una
red de protección social para los "damnificados" del ajuste. Esta
iniciativa quedó también incluida en el Plan Colombia.
"La verdad es que Estados Unidos puso gestión y dinero para el
Plan Colombia, y eso les permitió redefinirlo según su propia
visión del problema y sus propios intereses", dice una fuente que
participó en la creación del plan.
Los recursos
Después de intensos debates en el Congreso, la ayuda de Estados
Unidos fue aprobada: 862 millones de dólares para los próximos
dos años, que, sumados a los dineros que ya estaban apropiados para
antinarcóticos, hacen casi 1.200 millones. En números redondos,
son 200 millones para la paz y 1.000 millones para la guerra .
Ésta es sólo la aportación de Estados Unidos. Pero
el Gobierno de Pastrana, con frecuencia, habla de 7.300 millones de dólares
como el monto total del Plan Colombia. No obstante, después de cotejar
las cifras con funcionarios colombianos responsables, son menores los recursos
ya garantizados. Para perseguir al narcotráfico se contabilizan
los 1.000 millones de Estados Unidos más otros 3.000 millones, una
suma que, según el Gobierno colombiano, es lo que cuesta combatir
el flagelo por tres años. Hay además otros 2.200 millones
de inversión social y humanitaria
Según Mauricio Cárdenas, asesor del BID para el Plan Colombia,
el Gobierno aún no descarta que se consigan otras donaciones por
unos 400 millones más.
Desde Europa, la postura frente al plan ha sido más bien crítica.
De ahí que todavía no está claro si las donaciones
y préstamos anunciados en las reuniones de la mesa de donantes en
Madrid en julio pasado y del grupo de apoyo a la paz de Colombia, en Bogotá
en octubre pasado, revertirán en el Plan Colombia o son aportaciones
al margen del plan. Tampoco se ha calculado con precisión si se
trata de dinero fresco o si ya estaba comprometido en programas de ayuda
anteriores.
¿Es posible ganar?
El proyecto de sustitución de cultivos arrancó ya en el
Putumayo, un departamento (provincia) al sur de Colombia plagado de coca.
Se firmaron los primeros pactos entre el Gobierno y los campesinos, que
se comprometieron a erradicar manualmente sus plantas de coca. Al mismo
tiempo, el Fondo de Inversiones para la Paz está preparando los
proyectos para hacer obras de infraestructura y dar apoyo social a la zona.
"Vamos a hacer proyectos integrales que garanticen que los cultivos
ilícitos realmente sean erradicados", dice la gerente del Fondo,
Gloria Isabel Echeverry. A unos kilómetros del Putumayo, en la base
militar de Tres Esquinas, están listos dos batallones entrenados
por asesores estadounidenses para salir a "limpiar" de posible resistencia
la fumigación de los grandes cultivos que detrás de ellos
irá practicando la policía. Es la misma ambigüedad que
tiene el plan: la guerra y la paz. Pero ¿se pueden hacer juntas?
Jorge Rojas, de una iniciativa ciudadana llamada Paz Colombia, sostiene
que el plan está escalando la guerra, no va a acabar con los cultivos
ilícitos, le pone trabas al proceso de paz y creará nuevos
desplazados.
No es el único en opinar así: si se ataca con éxito
la producción de coca, los grupos armados van a buscar otra fuente
de financiación. En realidad, ya lo están haciendo: los secuestros
aumentaron un promedio de siete a nueve al día, según fuentes
policiales, y el hostigamiento a las empresas petroleras y mineras va en
aumento. Y las FARC han aumentado su reclutamiento forzado de menores en
el sur, como se quejan hoy sus habitantes.
También existen indicios de que los cultivos están empezando
a mudarse selva adentro en la Amazonia o que podrían pasar al lado
ecuatoriano. En este caso, el triunfo colombiano sería la amenaza
para sus vecinos, y de ahí que sus protestas se hayan hecho escuchar
ante Washington con tanta fuerza.
El Plan Colombia también puede forzar a unas 36.000 familias
a desplazarse de la región, según lo calcula Codhes, una
organización especializada en el asunto, a medida que se intensifiquen
los operativos de los batallones antinarcóticos y la fumigación
masiva a partir de enero próximo. Muchos se irán a Ecuador,
adonde ya han llegado refugiados que huyeron del bloqueo que impusieron
las FARC en noviembre, como su primera respuesta a los preparativos del
Plan Colombia.
Menos críticas reciben las donaciones y préstamos para
inversión social, la ayuda humanitaria y el fortalecimiento institucional.
¿Quién se puede oponer a que haya programas para jóvenes
desempleados o proyectos productivos para los campesinos? Pero la pregunta
es si no serán una gota en el océano de necesidades sociales
y si en todo caso, por exitosos que sean, de poco servirán para
detener la guerra.
A la postre
Al fin de cuentas, el Plan Colombia puede sumar logros: ha podido recabar
apoyo internacional para la negociación de paz y reconocimiento
de que el problema no es colombiano, sino mundial. También, con
la ayuda militar estadounidense, ha venido la presión por un mejor
desempeño en materia de derechos humanos y una ruptura con el paramilitarismo.
Puede que el plan resulte y que, al disminuir el flujo del narcodinero
a las guerrillas y los paras, en efecto merme la guerra en Colombia y entonces
fructifiquen las negociaciones de paz, ahora estancadas.
Pero esto no será fácil. "Si la premisa de que es la coca
la que mantiene la guerra, resulta acertada y el plan funciona", dice el
analista Hernando Gómez Buendía. "Va a ser terrible, porque
los grupos armados defenderán su bolsillo como sea". Pero habrá
luz al final del túnel.
El Plan Colombia puede, sin embargo, fallar. Y tiene por dónde:
los narcocultivos siguen creciendo después de 18 años de
fumigaciones, la lucha contra los carteles de los noventa sólo lleva
a que el tráfico sobreviva con nuevos aliados y la guerra en Colombia
siempre ha traído más guerra. Entonces, el sufrimiento, el
desarraigo, el envenenamiento de la tierra, habrán sido en vano.
Además, por la activa participación de Estados Unidos, el
escalamiento de la guerra puede darle a las FARC la popularidad que no
encuentra, y a la guerra, la razón que no tiene: una guerra nacionalista.
María Teresa Ronderos es editora general de la revista Semana de Bogotá.
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