ayer en su oficina de Buenos Aires (AP).
Un juez argentino procesa a siete jefes militares por el robo de bebés en la dictadura
Por primera vez el Ejército entrega pruebas que comprometen a altos cargos castrenses
FRANCESC RELEA,
Buenos Aires
El juez federal argentino Adolfo Bagnasco dictó ayer auto de procesamiento y prisión preventiva para siete jefes militares detenidos en la causa del robo, retención y suplantación de identidad de los hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Todos los encausados han sido detenidos por la policía en menos de tres meses y excepto dos de ellos -Jorge Tigre Acosta y Héctor Febres-, todos cumplen arresto domiciliario por tener más de 70 años de edad, la máxima para estar en prisión.
|
ayer en su oficina de Buenos Aires (AP). |
El general Bignone, que permanecía detenido en las dependencias de la Gendarmería Nacional en Campo de Mayo, fue trasladado ayer a su domicilio, donde quedó en situación de arrestado. El que fue último presidente de la dictadura reiteró a una emisora de radio lo que ya había declarado ante el juez: "Puedo jurar por todo lo que quiero en la vida que jamás en toda mi vida tuve nada que ver con la sustracción de menores".
La causa del robo de bebés durante el régimen militar, delito que no prescribe, permitió a la Justicia la detención de responsables de la represión ilegal que habían quedado libres por otras violaciones de derechos humanos, en virtud del indulto decretado por el presidente Carlos Menem.
El rosario de nuevas detenciones de exjefes militares se inició el pasado 9 de junio con el general Jorge Rafael Videla, primer presidente tras el golpe militar, que pasó un mes en la cárcel bonaerense de Caseros y actualmente cumple arresto domiciliario. Está acusado de diez casos de apropiación de menores. La existencia de supuestas pruebas escritas sobre las violaciones de derechos humanos ha provocado estos días una polémica entre Cristino Nicolaides y el general Martín Balza, actual jefe del Ejército.
El primero señaló la posibilidad de que la institución conserve documentación sobre la represión ilegal. El Ejército desmintió inmediatamente la existencia de cualquier tipo de archivo comprometedor y el general Balza se puso a disposición del juez Bagnasco para prestar declaración. Más aún, el jefe militar envió al magistrado una copia del radiograma original que el 22 de noviembre de 1983 envió el entonces jefe de Ejército, general Nicolaides, a la Policía Federal con la orden de incinerar toda la documentación clasificada sobre la "lucha contra la subversión".
La policía Federal dependía, como en la actualidad, del Ministerio del Interior, y éste a su vez del poder Ejecutivo, por lo que el presidente de la época, general Bignone, estaría también implicado en la destrucción de pruebas de la represión ilegal. Es la primera vez que el Ejército ha entregado una prueba documental que compromete seriamente a dos antiguos generales.
© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid