Detenido el último dictador argentino, el general Bignone, por el 'caso de robo de niños'

El ex general Bignone es el noveno procesado antes de que el juez llame a declarar a Galtieri

CARLOS ARES, Buenos Aires
El último dictador militar de Argentina, el general que en 1983 entregó los atributos del poder al presidente democrático Raúl Alfonsín, quedó detenido anoche transitoriamente en un cuartel de la gendarmería, la policía de fronteras, después de que un juez federal le tomara declaración. Reynaldo Bignone es el noveno militar de alto rango en situación de prisión provisional, acusado como los demás por el robo de los niños nacidos en cautiverio. Por su edad, 71 años, el juez tiene previsto concederle hoy el beneficio de permanecer bajo arresto en su casa.

Reynaldo Bignone, antes de declarar ayer ante un juez federal de Buenos Aires (EPA).

El proceso se va tragando a un jefe militar tras otro, hasta el último jefe de la junta militar, Bignone, que gobernó de facto entre 1982 y 1983. La investigación, centrada inicialmente en la desaparición de los niños que nacieron en la maternidad clandestina que funcionaba en el campo de concentración de prisioneros, dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), arrastró primero a los marinos responsables de la institución, luego a sus superiores, entre ellos el ex general Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera, a quienes se considera "autores mediatos" del delito, y se dirige ahora contra quienes dictaron las leyes de autoamnistía y ordenaron quemar toda la documentación que pudiera involucrarlos. A éstos últimos, como es el caso del general Nicolaides, detenido la pasada semana, y ahora de Bignone, se les acusa de encubrir esos delitos.

Con ambos acaba la primera parte del proceso iniciado en 1996 por las denuncias de seis abuelas, integrantes de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban la investigación sobre el robo de unos 200 niños nacidos en cautiverio.

El juez federal Adolfo Bagnasco ya pidió al Estado Mayor general del Ejército de Tierra que le envíe el expediente personal de otros nueve generales, entre ellos Leopoldo Galtieri, que ordenó la invasión de las islas Malvinas en abril de 1982, y de Antonio Bussi, actual gobernador civil de la provincia de Tucumán, al norte del país, para que saber qué responsabilidades tenían durante la dictadura militar (1976-1983).

La secuencia de declaraciones y arrestos preventivos podría continuar hasta finales de febrero o principios del mes de marzo, con la comparecencia ante el juez del ex general Galtieri y los demás jefes militares acusados.

Archivos destruidos

El actual comandante en jefe del Ejército de Tierra, el general Martín Balza, regresó imprevistamente el martes por la tarde de sus vacaciones y, tras reunirse con los altos mandos de la fuerza, difundió un comunicado a la prensa para ratificar que "el Ejército no dispone de ningún archivo ni documentación relacionada con la lucha contra la subversión durante el último Gobierno militar". Según Balza y los demás generales argentinos en activo en actividad, "el problema es de particular relevancia institucional".

El comandante del Ejército también acusa al general Nicolaides, que había reconocido la existencia de esa documentación, "de borrar todo vestigio y antecedentes de lo actuado" cuando, en 1984, el propio Nicolaides ordenó a todos los jefes de unidades militares quemar los archivos.

El pasado miércoles, un ex componente del tribunal que juzgó y condenó a los comandantes de las primeras juntas militares, León Arslanian, actual ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reconoció a su vez que la policía provincial tenía documentación que probaba la existencia de los campos de concentración y entregó esos archivos al tribunal correspondiente.