La integración en EE UU gana atractivo en Puerto Rico a una semana del referéndum

Los partidarios de convertir a la isla en el 51 Estado de la Unión encabezan los sondeos

ROSA TOWNSEND, Miami
A medida que se acerca la hora para que Puerto Rico decida el futuro de su relación política con EE UU en el plebiscito del próximo domingo, la incertidumbre y la indecisión del electorado están intensificado el clima de tensión entre los partidarios de las tres alternativas: el actual Estado Libre Asociado, la independencia y convertirse en el Estado número 51 de EE UU. Esta última opción, cuyos seguidores se manifestaron el sábado en masa, encabeza la última encuesta de intención de voto: un 39% del electorado, y la maquinaria política del gobernador, la apoyan.

Una niña sostiene una bandera estadounidense el sábado, en Guaynabo (Reuters).

Un 3% está a favor del actual Estado Libre Asociado (ELA); la independencia la respalda un 2%; mientras que el 29% votará "por ninguna de las anteriores". El sondeo realizado por el diario El Nuevo Día refleja que un 15% no sabe por quién votar y un 11% no quiere revelar su preferencia.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) del gobernador Pedro Roselló está impulsando la anexión política a EE UU, mientras que el Partido Popular Democrático, cuyo máximo líder es Aníbal Acevedo, se opone arduamente y está haciendo campaña a favor de "ninguna de las anteriores". Por su parte, el Partido Independentista, liderado por Fernando Martín, predica la creación de una nación soberana.

Las diferentes facciones se han enfrascado en una guerra verbal en los medios de comunicación sobre las ventajas e inconvenientes de ser o no ser plenamente norteamericanos. En definitiva, los 3,8 millones de residentes deberán escoger entre la autoridad política de Washington y la identidad cultural hispana, con el idioma y los impuestos en el centro de la batalla.

Cualesquiera que sean los resultados del plebiscito, no son vinculantes para el Congreso de Estados Unidos, que es quien tiene la última palabra a la hora de aceptar a Puerto Rico como parte íntegra del territorio norteamericano. En cualquier caso, EE UU tendría un período de 10 años para hacer efectiva la estadidad, o cualquier otra alternativa.

Actualmente, Puerto Rico no es ni norteamericano ni un Estado soberano. La fórmula de Estado Libre Asociado que declaró en 1952 el gobernador Luis Muñoz Marín permite un cierto grado de autonomía de gobierno bajo la tutela de EE UU en áreas como la defensa, la política exterior o el comercio. Tanto el inglés como el español son lenguas oficiales.

Los puertorriqueños no pagan impuestos sobre la renta en EE UU, aunque son ciudadanos americanos. Sin embargo no tienen representación ni voto en el Congreso de Washington, que es quien mantiene soberanía sobre la isla.

Eso implica que futuros Congresos puedan cambiar las reglas del juego en cualquier momento, creando gran incertidumbre. Los defensores del actual ELA sostienen que este estatuto es la razón del crecimiento económico, porque permite atraer inversiones mediante exenciones tributarias y otros incentivos.

Los partidarios de la estadidad afirman que ésta captaría mayores inversiones, y con ello se aceleraría el crecimiento y se crearían mejores empleos, porque se eliminaría la incertidumbre en la que se vive ahora.

Por su parte, los independentistas argumentan que el sometimiento a las reglas de EE UU frena la economía. Mientras la isla del encanto se debate entre su identidad americana e hispana, en EE UU hay gran inquietud de que se produzca un "Quebec estadounidense", con un idioma y cultura propias.

Un sector percibe la hispanidad puertorriqueña como algo culturalmente inaceptable y políticamente peligroso, que presagia tensiones étnicas en el futuro, y que además conllevaría costos adicionales de extender los beneficios sociales plenos a un lugar mucho más pobre que el más pobre de los 50 Estados actuales.

A los republicanos les preocupa además que un Estado de Puerto Rico inundaría el Congreso de legisladores demócratas. Puerto Rico ha sido un apéndice de EE UU durante 100 años, desde que se lo arrebató a España en la guerra de 1898, junto con Cuba y Filipinas.

Desde 1952, en que aprobaron el ELA, los puertorriqueños han acudido varias veces a las urnas. En 1967 el ELA fue apoyado por un 68% del electorado y en el último plebiscito de 1993 obtuvo el 48,8%, sólo dos puntos por encima de la estadidad.

R.T, Miami
Las implicaciones económicas de la independencia o la estadidad no han sido estudiadas a fondo ni por parte de Puerto Rico ni en EE UU.

Pero de lo que nadie parece tener duda es de que hay riesgos importantes y un precio a pagar en ambas alternativas. Por ejemplo, no se ha determinado quién pagaría el costo de una transición del sistema de seguro social. O en caso de una crisis económica, qué sectores se verían más amenazados. Otra pregunta en el aire es el impacto regional que tendría la independencia. También acarrearía una ola de inmigración, por una parte un flujo masivo de puertorriqueños hacia EE UU, y por otra, de muchos ciudadanos norteamericanos que dejarían la isla.

Con respecto al idioma, bajo la estadidad el inglés sería el idioma oficial del Gobierno federal, pero junto con el español continuaría siendo la lenguas oficial del nuevo Estado. Esta propuesta ha generado una cascada de polémicas en el ala más conservadora del Congreso. Con el ELA, el inglés seguiría como idioma oficial del Gobierno federal, pero el Congreso podría ampliar las exigencias de uso del idioma a todos los niveles, como por ejemplo la educación, el gobierno local, etc. Si triunfa la estadidad, los puertorriqueños pagarán impuestos federales y recibirán beneficios federales al igual que los ciudadanos americanos de otros Estados.

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