Argentina irrita a tres países vecinos con nuevas leyes contra la inmigración ilegal

Defensores de los derechos humanos y la Iglesia afirman que Menem estimula el racismo

CLIFFORD KRAUSS (NYT), Buenos Aires
Con la economía cuesta abajo y la delincuencia en las calles disparada, el presidente argentino, Carlos Menem, ha enviado al Congreso varios proyectos de ley para frenar la inmigración ilegal desde Bolivia, Paraguay y Perú. El debate legislativo todavía no ha comenzado, pero el asunto ya ha desatado la tensión entre Buenos Aires y estos tres países. Defensores de los derechos humanos y la Iglesia afirman que el Gobierno ha desatado una campaña xenófoba que convierte a gente pobre y sin defensa en cabeza de turco de los males de los que se queja la sociedad argentina.

El tema, con todo, resulta importante para amplias capas de la población, y el Partido Justicialista (peronista, conservador) del presidente Menem puede apuntarse un tanto y poner a la defensiva a la oposición este año, en el que se disputarán unas cruciales elecciones presidenciales.

El debate sobre la nueva legislación pone sobre el tapete la elevada tasa de emigración de campesinos y trabajadores a través de casi cualquier frontera en América del Sur, y se puede convertir en un tema potencialmente conflictivo, no sólo en Argentina, sino también en Chile, Uruguay y Venezuela.

La nueva legislación propuesta en Argentina prevé multas de hasta medio millón de dólares a los individuos o las compañías que empleen a extranjeros sin documentación. El ministro del Interior recibiría la potestad de expulsar a cualquier extranjero condenado a más de dos años de cárcel y cualquiera que sea detenido por ayudar a entrar en el país a un extranjero de forma ilegal podría ser sentenciado a penas que van de cinco a 20 años de prisión.

Las cifras sobre la inmigración ilegal son bastante imprecisas en Argentina, y hay fuertes divergencias entre el Gobierno y varias organizaciones privadas sobre la dimensión real del problema. Los expertos coinciden en que Argentina ha vivido últimamente un fuerte aumento de la inmigración de bolivianos pobres, paraguayos y peruanos, un fenómeno que data al menos de los últimos 30 años. Algunos analistas calculan que cerca de un millón de peruanos viven fuera de su país, principalmente en Estados Unidos, Argentina y Chile.

Un diputado de la oposición, Juan Pablo Cafiero, ha tachado el intento de endurecer las leyes contra la inmigración de "campaña racista". "Lo que están intentando", añade Cafiero, "es culpar a los inmigrantes de nuestros problemas sociales".

Según Cafiero, los aproximadamente 70.000 inmigrantes que viven en el área metropolitana de Buenos Aires, representan menos del 2% de la mano de obra local, así que no se les puede culpar de la elevada tasa de desempleo, que volvió a subir el mes pasado tras haber descendido en 1998.

Crisis económica

Según las últimas cifras del censo argentino, el número de paraguayos en el país aumentó de 154.000 en 1960 a 250.000 en 1991. En ese mismo periodo, el número de peruanos subió de 5.100 a 16.000. Los expertos sostienen que esta tendencia se ha acelerado en los últimos meses, en respuesta a las caídas que sufren las economías de la región debido a las crisis asiática y brasileña.

En un intento de explicar la necesidad de introducir nuevas leyes contra la inmigración ilegal, Hugo Franco, un algo funcionario encargado del control migratorio, afirmó que el interés del Gobierno de Carlos Menem se centra sencillamente en "proteger la inmigración legal y combatir la ilegalidad".

Funcionarios gubernamentales aseguran que al menos un 60% de los arrestados por delitos menores (como pequeños hurtos y otros similares) en Buenos Aires en los últimos meses eran extranjeros. Los críticos de la política gubernamental aseguran que a pesar de esta cifra de arrestos, el número de forasteros en las cárceles es mucho menor. De hecho, Cafiero, el diputado opositor, sostiene que sólo el 2,5% de los condenados por un juez son extranjeros.

Entre otros, el presidente boliviano, Hugo Banzer, ha expresado públicamente su preocupación por que las nuevas leyes generen un sentimiento antiboliviano en Argentina, y ha pedido que se respeten los derechos de los inmigrantes de su país. "Queremos que las autoridades argentinas prevengan cualquier abuso o deportación", afirmó.

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