El País Digital
Jueves
18 marzo
1999 - Nº 1049

La detención del ex presidente Alarcón acentúa el caos político que vive Ecuador

El Supremo acusa al antiguo mandatario de corrupción cuando estuvo al frente del Congreso

DANIELA CREAMER, Quito
La crisis económica y social que amenaza la estabilidad de Ecuador ha dado un sorprendente giro. El ex presidente interino Fabián Alarcón fue detenido el martes después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su prisión preventiva por un supuesto caso de corrupción cuando era presidente del Congreso. Alarcón, que gobernó el país tras la caída de Abdalá Bucaram entre febrero de 1997 y agosto de 1998, habría contratado ilegalmente a 1.119 personas, denominadas por los ecuatorianos con sarcasmo pipones, ya que cobraban millonarios salarios sin trabajar.

La detención causó asombro en todo el país. "Se quiere buscar un chivo expiatorio en estos momentos difíciles. Es una retaliación [venganza] política. Me defenderé jurídica y políticamente desde la prisión, mi trinchera de lucha", señaló Alarcón.

La sensación general es, en efecto, que el presidente Jamil Mahuad, acosado por los movimientos de huelgas y protestas que amenazan la estabilidad de su Gobierno, ha buscado una cortina de humo con la detención de Alarcón.

Entre tanto, las protestas populares y la de los taxistas se han intensificado en todo el país. Desde ayer, las comunidades indígenas, los trabajadores petroleros y los movimientos sociales se han adherido a las protestas, paralizando por tercer día consecutivo las actividades en Ecuador.

Los sectores laborales acusan a Mahuad de querer manipular la situación para obtener el apoyo del Frente Radical Alfarista (FRA), partido al que pertenece el ex presidente, a cambio de la prisión de Alarcón. De esto dependerá el éxito de sus nuevas medidas económicas, puesto que Mahuad ha perdido el respaldo en el Congreso de varios de sus antiguos aliados.

Alarcón fue llevado por la policía, la noche del martes, a la cárcel número cuatro de Quito. El titular del máximo tribunal dispuso además la prohibición de su salida del país y la incautación de sus cuentas bancarias y bienes materiales.

El ex presidente no opuso resistencia alguna al arresto y al informársele sobre la orden que pesaba en su contra, manifestó que pensaba entregarse voluntariamente a la justicia, al día siguiente.

Las denuncias de corrupción contra Alarcón fueron hechas por la diputada y ex compañera de partido Cecilia Calderón, el 19 de agosto de 1997. Dos semanas mas tarde, Carlos Solórzano, el entonces presidente de la Corte, inicio el enjuiciamiento penal.

A inicios de este año, el Congreso entregó la documentación a la Corte sobre dicho caso, entre la que se incluían más de 100.000 cheques girados por el Legislativo para el pago de emolumentos. Se enviaron también los detalles impresos de salarios del personal contratado durante dicho periodo.

Durante el interinato, como se denominó al gobierno de Alarcón, se llegó a uno de los máximos niveles de corrupción generalizada, cuyas consecuencias, en parte, han dado origen a la actual crisis que atraviesa Ecuador.

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