PILAR LOZANO, Bogotá

Alfonso Gómez Méndez, en una foto de archivo (Reuters).

"Ante una sociedad violenta que no quiere justicia, ni de un lado ni de otro, me siento predicando la virtud de la virginidad en un burdel". Son palabras del fiscal general de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, en una entrevista con EL PAÍS. Este abogado de 49 años no puede moverse, ni siquiera por los corredores del bunker de la fiscalía, sin el amparo de guardaespaldas: es uno de los colombianos más amenazados. Todos los sectores violentos del país lo acusan de estar a favor del otro. Recientemente, el temido jefe paramilitar Carlos Castaño lo sentenció a muerte: en una carta pública, en la que pide perdón de antemano por el crimen, lo acusa de simpatizar con la guerrilla.

Pregunta. ¿Se salió de las manos el problema de los paramilitares?

Respuesta . Creo que se dejó extender. Hace diez años, cuando era procurador, advertí sobre las autodefensas [paramilitares] y lamentablemente entonces y ahora se repite la misma argumentación: hay que apoyar las autodefensas o paramilitares porque combaten a la guerrilla, que comete abusos contra la población civil: secuestra, asesina y extorsiona. Se pretende justificar unos crímenes con otros. El paramilitarismo no es sólo el fenómeno militar; hay que atacar primero la aceptación social que tiene y desbaratar esta argumentación infernal.

¿Cómo?

De varias maneras. Debe haber una labor de pedagogía. Hacer entender a ciertos empresarios, a ciertos ganaderos, a ciertos sectores sociales que de una u otra forma estimulan este fenómeno, que nada justifica que estos grupos puedan cometer masacres y que quienes desde cargos públicos, o desde la academia lo atacamos, no somos cómplices de la guerrilla.

¿Ha recibido presiones en este sentido?

No. Pero uno escucha a mucha gente que dice: ¿Usted por qué combate a los paramilitares, si ellos combaten a la guerrilla? A algunos les he hecho esta reflexión: Dígame a que jefe guerrillero han capturado o dado de baja los paramilitares. Lo que han hecho es cometer masacres contra la población civil, a la que acusan de ser auxiliadora de la insurgencia. Me lo dicen a pesar de que hay más de mil guerrilleros presos, más de 1.400 órdenes de captura contra ellos. Pero como hay 400 paramilitares presos, entonces dicen que la fiscalía es sesgada...

¿Es pesimista frente a lo que se puede hacer contra estos grupos?

La fiscalía hace lo que puede; pero es muy difícil que en una sociedad violenta se entienda la actitud de hacer justicia. Los dos grandes problemas del país son: falta de sentido crítico y falta de memoria. Se necesita una concientización clara que incluya que la fuerza pública no puede perder su legitimidad utilizando los mismos métodos que utilizan los criminales. Como la guerrilla secuestra, como la guerrilla mata, todo se justifica para combatirla. El Estado puede perder muchas batallas menos la de la legitimidad.

¿La reciente rebeldía de los militares [por ser investigados por nexos con los paramilitares] fue provocada, entre otras, por su molestia con la fiscalía? ¿Por la acusación al general Jaime Humberto Uscátegui de omisión, por no haber hecho nada para impedir una masacre de paramilitares?

Yo no tengo esa impresión. Entiendo que a ciertos militares no les guste. A nadie le gusta que lo investiguen. Hay malestar por las investigaciones, pero el hecho de que exista no nos puede detener.

Alfonso Gómez no cree que haya vínculos entre paramilitares y Ejército, como algo institucional, aunque en este momento en la fiscalía hay 68 procesos contra militares por paramilitarismo, nexos con estos grupos y violaciones de los derechos humanos. "Sería una irresponsabilidad decirlo", asegura el fiscal. "En alguna medida puede que mandos militares medios y bajos hayan aplicado la teoría de que el que 'el enemigo de mi enemigo es mi amigo' y tal vez por esa vía hubo un poco de tolerancia". Pero cree que habría que ser optimistas en este tema, porque existe decisión en el alto mando de "romper" esa tolerancia.

En una decisión sin precedentes, a mediados de mayo pasado la fiscalía dictó orden de captura contra el general Uscátegui. Hoy está recluido en una guarnición militar mientras en un tira y afloja se trata de que su caso pase a manos de la justicia penal militar. La decisión la tomará el Consejo Superior de la Judicatura. "La verdad es que no entiendo que un acto de esta naturaleza [no actuar para impedir que siete personas fueran asesinadas y 40 desaparecidas] pueda ser considerado como un acto de servicio".

¿Teme que suceda lo de siempre, que pase a la justicia militar y allí quede en la impunidad?

Es posible. En muchos casos creo que el Consejo de la Judicatura ha desconocido las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. Se han dado situaciones contradictorias: en el caso del general Fernando Millán [recientemente investigado por auxiliar a grupos paramilitares] se dispuso que fuera juzgado por la justicia penal militar. A un teniente al que se le hacía la misma imputación, el Consejo dictaminó que fuera juzgado por la justicia ordinaria.

¿Cuántos fiscales con casos de paramilitarismo han tenido que salir del país por amenazas?

Ése no es el problema. El problema es crear las condiciones para que se puedan quedar. No seguridad en sentido físico, sino de apoyo social. Hay que cambiar la cultura de la violencia; lamentablemente la sociedad colombiana ha llegado a que todo se resuelve por esa vía. A mí me sorprende, repito, que en los círculos sociales altos de Bogotá se justifique el paramilitarismo.

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