La viuda de una víctima presenta la primera querella por genocidio contra Pinochet en Chile

La querella indica que los asesinatos de opositores respondían a una estrategia planificada

MANUEL DÉLANO, Santiago de Chile
La abogada Carmen Hertz, viuda de un ejecutado en la dictadura chilena (1973-1990), y su hijo presentaron la primera querella criminal en la Corte de Apelaciones de Santiago por el delito de genocidio contra el general Augusto Pinochet y otros ex altos mandos militares, debido a su responsabilidad en el homicidio de su marido y padre, respectivamente, el periodista y abogado Carlos Berger, uno de los 71 prisioneros políticos asesinados en octubre de 1973 en el sistema represivo denominado "Caravana de la muerte".

La acusación se suma a las otras 20 querellas criminales presentadas en Chile contra el ex dictador, por casos de violaciones a los derechos humanos, que investiga el magistrado Juan Guzmán.

Según Hertz, usando el aparato del Estado, la dictadura de Pinochet practicó una política de genocidio, que incluyó métodos de eliminación de los cadáveres, para tratar de exterminar a un sector de la sociedad, cuya identidad política e ideológica es ser de la izquierda chilena, que incluyó ejecuciones, desaparición de personas, detención y forzarlos a abandonar el país. "No fue una suma de crímenes, ni un exceso, sino una política con un objetivo central, sistemática, coordinada y centralizada, de la que es responsable Pinochet", afirma Hertz.

Ella considera uno de los delitos en que más probada se encuentra la participación de Pinochet son las ejecuciones de la Caravana de la muerte. En este caso, sostiene, está acreditado que el ex dictador envió, un mes después del golpe de Estado de septiembre de 1973, a una comitiva militar al mando del general Sergio Arellano, como "delegado especial" a recorrer el país, supuestamente para acelerar los procesos judiciales de prisioneros políticos.

Pero la comitiva, conocida como la Caravana de la muerte, fue asesinado prisioneros izquierdistas, muchos de los cuales ya estaban incluso condenados, en las ciudades de Cauquenes (4 asesinatos), La Serena (15), Copiapó (13), Antofagasta (14) y Calama (26).

Dotada de poderes especiales, la misión enviada por Pinochet pasó por encima de las autoridades locales e incluso de otros militares. En la mayoría de los casos inhumaron en secreto los cuerpos, ocultando su paradero a los parientes de las víctimas. Berger, que era director de una radio y cumplía una condena de 61 días de prisión dictada por un tribunal militar, fue sacado de la prisión para ser asesinado.

Las víctimas de Calama fueron baleados y acuchillados con corvos. La querella, presentada también por los delitos de homicidio calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal, tiene cierto parecido con la acusación del juez español Baltasar Garzón contra Pinochet.

Incluye entre los acusados al general Arellano, el brigadier Pedro Espinoza -cumple condena de seis años de prisión en Chile por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier, cometido por la DINA en Estados Unidos-, los coroneles Sergio Arrendondo y Marcelo Moren, los ex oficiales Juan Chiminelli y Sergio de la Mahotier y todos los demás militares que resulten responsables.

Recuerda la abogada que en Chile muchos sostienen que a Pinochet se le puede juzgar en el país. "Veamos si es cierto, si se le puede juzgar, pero por sus conductas, no por una multa de tránsito", desafía. Hertz desestima que su acción judicial esté alimentada por el rencor, y recuerda la reciente condena del ex jefe de la Gestapo, Alfons Goetzfrid, de 79 años, que participó en el asesinato de judíos en Polonia. "Ninguna autoridad de gobiernos europeos va echarles en cara a las víctimas del Holocausto judío el rencor que las anima porque persiguen a los jerarcas nazis, ya que la conciencia civilizada de la humanidad necesita que los genocidas no queden impunes", plantea.

La jurista, que renunció a su cargo de directora jurídica de la Cancillería chilena después de la detención de Pinochet en Londres, por discrepancias con la defensa del general que hace el Gobierno, declaró también en el juicio Madrid y se hizo parte de la acusación contra el ex dictador. Fuentes judiciales estiman que el magistrado Juan Guzmán procesará en los próximos días a los integrantes de esta comitiva, contra los que se han presentado otras querellas.

Un condenado denuncia el montaje de los consejos de guerra en la dictadura chilena

E. E, Madrid
El ex intendente de la ciudad chilena de Valdivia Sandor Arancibia declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional de Madrid, Baltasar Garzón, sobre las circunstancias en que fue condenado por un consejo de guerra a cadena perpetua en una parodia de juicio. Fue acusado de colaborar con un inexistente desembarco de tropas cubanas mediante lanchas rápidas lanzadas al río Valdivia. Arancibia pasó cuatro años en diversos centros de detención, tras lo cual se le cambio la pena por el exilio. Aún sigue sin poder votar en Chile.

Arancibia, que reside en Montpellier, Francia, en cuya universidad trabaja como académico, fue una de las víctimas de lo que se conoció como el montaje del Plan Zeta, una presunta irrupción en Chile de tropas cubanas con armamento en septiembre de 1973, que fue presentada ante la opinión pública nacional e internacional por la Junta Militar de Augusto Pinochet para justificar el sangriento golpe de Estado del 11 de septiembre de dicho año.

Nunca se acreditó el Plan Zeta. Henry Kissinger, el secretario de Estado de Richard Nixon, prometió en su primer tomo de memorias, en 1982, aportar pruebas sobre el Plan Zeta en su segunda entrega; sin embargo, su segundo volumen nada dice sobre ello.

Arancibia explicó al juez Garzón que los consejos de guerra amenazaron con torturar a aquellos detenidos que no quisieran firmar una declaración confirmando la existencia del citado plan. Según dijo, Pinochet era entonces, aunque no participase personalmente en el consejo de guerra, el juez militar supremo; dicha posición, además, la compartió con otros miembros de la junta militar.

El testigo, citado a propuesta de la acusación popular en la causa de Chile, explicó que, según la Corte Suprema chilena, tras el golpe de Estado rigió un "estado de guerra" en el país, lo que obligaba a respetar las normas de las convenciones internacionales de guerra (Convención de Ginebra) firmadas por Chile. Éstas señalan que los prisioneros no pueden ser sometidos a proceso o enjuiciados si no cometieron "crímenes de guerra". Según explicó, las sentencias dictadas son nulas, ya que las personas condenadas -muchos de los cuales fueron fusilados- nunca debieron ser sometidas a proceso.

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