Los lores quitan la inmunidad a Pinochet

El tribunal decide por seis votos a uno que el general se someta a una extradición descafeinada

ERNESTO EKAIZER / ENVIADO ESPECIAL, Londres
Los siete jueces lores del Reino Unido anunciaron ayer, por mayoría de seis votos contra uno, que el general Augusto Pinochet debe someterse al procedimiento de extradición planteado por España, pero solamente por unos delitos aislados de conspiración para torturar y tortura a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que tales delitos fueron considerados por la legislación británica hechos de persecución penal extraterritorial. Todos los demás cargos han quedado fuera de juego. Los jueces lores han solicitado al ministro del Interior, Jack Straw, que a la luz del "sustancial cambio de circunstancias" reconsidere su posición anterior favorable al procedimiento de extradición.

Un grupo de antipinochetistas celebra el fallo ante la sede del Parlamento británico (AP).

Lord Browne-Wilkinson, 68 años, presidente del tribunal de siete jueces lores, se levantó en el centro de la Cámara de los Lores, cuando el oficial le dio la palabra, a las dos y diez minutos hora de Londres. Abrió su carpeta de cuero rojo, a juego con el tapizado de los sillones de cuero, y dijo: "Señorías, por las razones que expongo en un discurso que he preparado, copias que ahora están disponibles por escrito, sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad como ex jefe de Estado frente a delitos de extradición. Por ello, la apelación, para mí, debe ser admitida en parte".

Se refería al recurso objeto del juicio sobre la inmunidad del ex dictador, planteado por la Fiscalía de la Corona, en nombre de España, contra una resolución por la cual el Alto Tribunal de Justicia británico concedió la inmunidad absoluta a Pinochet el pasado 28 de octubre. Lo que se pedía era, pues, retirar la inmunidad a Pinochet para que pueda someterse al procedimiento de extradición.

El comienzo todavía no podía dar una idea del juego de prestidigitación multicolor que se desplegaría en la sala a continuación. La clave estaba en esas cinco palabras: "Debe ser admitida en parte". A continuación, habló lord Goff, de 72 años, un juez retirado que durante el juicio pareció ser el director de la tesis de la abogada de Pinochet, Clare Montgomery, conducta que mantuvo coherentemente en su voto. "Señorías, yo desestimo el recurso".

El tercero fue lord Hope, que ya comenzó a matizar. "Soy de la opinión de que la mayoría de los cargos dirigidos contra el senador Pinochet, están relacionados con delitos por los que no puede ser legalmente extraditado a España aún en el caso de que no tuviera inmunidad. Sobre la cuestión de la inmunidad, sostengo que el senador Pinochet no goza de inmunidad frente a los cargos de tortura y conspiración para torturar que se dirigen contra él, pero solamente respecto al periodo posterior al 8 de diciembre de 1988. Hasta ese punto, admitiría el recurso".

Le siguió lord Hutton. "El senador Pinochet no tiene derecho a gozar de inmunidad respecto a las acusaciones de tortura y conspiración para torturar que presuntamente se han cometido después del 29 de septiembre de 1988 y por estos admitiría el recurso". Lord Saville fue breve: "Yo admitiría el recurso hasta el punto propuesto por mi noble y docto amigo, lord Browne-Wilkinson".

El ambiente de la cámara empezó a subir de emoción cuando llegó el turno a los últimos dos jueces lores, aquellos que claramente se mostraron contrarios a la inmunidad, con armas y bagages, durante el juicio. La potente voz de lord Millet resonó en la cámara, al cambiar el enfoque: "Soy de la opinión de que el senador Pinochet puede ser extraditado a España respecto a los delitos de tortura y conspiración para torturar cometidos en cualquier país y en cualquier momento. Yo admitiría, por consiguiente, el recurso". Cerraría el más joven de los jueces lores en su cargo, nombrado el pasado mes de enero. Lord Phillips, de 60 años, dijo, profundizando la linea de lord Millet: "Yo admitiría el recurso respecto a todos los presuntos delitos de que se acusa al senador Pinochet como constitutivos de delitos de extradición".

Tras estas breves exposiciones, que duraron aproximadamente unos diez minutos, volvió a ponerse de pie lord Browne-Wilkinson. Como quien lee el pensamiento del público presente -abogados, organizaciones de derechos humanos, miembros del Parlamento, senador chilenos y víctimas de desaparecidos, torturados y asesinados-, el presidente señaló: "Hay aquí, tras la exposición, oscuridad que procuraré aclarar".

Lord Browne-Wilkinson explicó que "nadie puede ser extraditado a menos que la conducta alegada contra él constituya un delito en ambos países, el país extranjero y el Reino Unido; esto es lo que se denomina doble criminalidad".

Como en una clase de derecho, no sin pedadogía, señaló que las acusaciones "contra el senador Pinochet son principalmente acusaciones de tortura y conspiración para torturar fuera del Reino Unido. La tortura cometida fuera del Reino Unido no era un delito en la ley británica hasta la ley de Justicia Criminal de 1988, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 29 de septiembre de 1988". Y fue al recuento de votos: "En el enjuiciamiento de hoy, seis miembros del comité de apelación sostenemos que, bajo la ley ordinaria de extradición, el senador Pinochet no puede ser extraditado para hacer frente a cargos en relación con tortura cometida antes del 29 de septiembre de 1988, porque antes de esa fecha no estaba satisfecho el principio de doble criminalidad".

Lord Browne-Wilkinson tomó entonces el toro por los cuernos y fue a la conclusión. "El resultado de esta decisión es la eliminación la mayoría de los cargos planteados contra el senador Pinochet por el Gobierno de España y propuestos como la base para su extradición. La mayoría de los cargos se refieren al periodo de golpe de estado en Chile en 1973 y los años inmediatamente posteriores. Los únicos cargos que son delitos de extradición comprenden cargos aislados de tortura después del 29 de septiembre de 1988, ciertas conspiraciones para torturar en el periodo del 29 de septiembre de 1988 y enero de 1990 y ciertas acusaciones de conspiración en España para cometer asesinato en España. Respecto de estos casos muy limitados, la cuestión de la inmunidad sigue siendo relevante".

Browne-Wilkinson, a continuación, subrayó con fuerza, aunque sin agresividad, las consecuencias a extraer del fallo. "El secretario de Estado (ministro del Interior, Jack Straw) puede, en consecuencia, si así lo considera adecuado, autorizar que el procedimiento de extradición contra el senador Pinochet continúe por estos cargos drásticamente reducidos". Sucede que Straw, en virtud de la anterior resolución de los lores, del 25 de noviembre de 1998, más tarde anulada, resolvió el 9 de diciembre autorizar el procedimiento por los delitos de asesinato, conspiración para asesinato, tortura, conspiración para torturar y desaparición de personas, conspiración para desaparición de personas.

"Aunque seis miembros", resumió Browne-Wilkinson, "del comité mantenemos que Pinochet no goza de inmunidad en los cargos de tortura, nuestros razonamientos varían en algunos puntos. Lord Hope, lord Saville y yo mismo consideramos que sólo ha perdido su inmunidad con la vigencia de la Convención Internacional contra la Tortura, que se convirtió en ley de respeto obligatorio en España, Chile y el Reino Unido. Esto ocurrió el 8 de diciembre de 1988. Lord Hutton sostiene que la inmunidad del senador Pinochet terminó el 29 de septiembre de 1988 y lord Millet y lord Phillips sostienen que Pinochet nunca tuvo derecho a la inmunidad"

Lord Browne-Wilkinson, tras lavarse literalmente las manos sobre lo que vaya a ocurrir tras esta resolución, volvió a dirigirse al ministro del Interior. "A la vista de la muy sustancial reducción del número de casos extraditables, el asunto requerirá la reconsideración del ministro".

Pocos minutos después del fallo, la defensa de Pinochet comunicó a la Fiscalía de la Corona que había solicitado a un juez de Alto Tribunal de Justicia hora para depositar un hábeas corpus para que el propio Straw dejase sin efecto su decisión del pasado 9 de diciembre a fin de conseguir la liberación de Pinochet. El abogado en representación del ministro de Interior expresó que aun no habían tenido tiempo para leer el fallo (que se distribuyó a las 14.30, hora de Londres) y que por tanto el ministro Straw no podía contestar. Tiene de plazo hasta el lunes a las 10.30 para decir qué piensa hacer.

E.E, Londres
Lord Nicholas Browne-Wilkinson fue el maestro de ceremonias de las doce sesiones del juicio sobre la inmunidad. Entre bromas y veras, hizo una pregunta y una afirmación, muy repetida. La primera: "¿Qué es un delito internacional?". Su segunda reacción frecuente: "I´m puzzled", que significa "estoy desconcertado". Ayer, lord Nico, como se le llama, se superó con creces.

Al terminar los siete jueces lores de exponer, tras diez minutos, a las 2:20, hora local, en la soberbia Cámara de los lores, el público no reaccionó. Este apoya la inmunidad; el otro dice que tiene título para ella, pero que la ha perdido desde finales de 1988, y así de seguido hasta contar hasta siete jueces lores. Pero todo el mundo salió contento: la defensa de Pinochet porque considera el caso vaciado; la Fiscalía y las organizaciones de derechos humanos porque Pinochet tendrá que someterse a un proceso de extradición. Nadie estaba triste, todos con sonrisa de oreja a oreja.

Una mujer no podía contener su emoción. Sheila Cassidy, ciudadana británica, médico, fue torturada en Chile en 1976. Dijo que había una noticia buena, que al menos habrá justicia para uno, dos, tres o cuatro torturados como ella. Y que había una mala, por la cual los familiares de la mayor parte de las víctimas han sido dejados en la estacada.

Lord Nico, según pone por escrito, dice que "ninguna de las conductas alegadas ha sido cometida por o contra ciudadanos del Reino Unido". Sheila Cassidy no está en el auto del juez Garzón, pero es un caso internacional; William Beausire, desaparecido en 1975 tampoco estaba en el citado auto, pero es conocido en el Reino Unido. El tercero fue William Woodward, británico, sacerdote detenido en Valparaíso tras el golpe de Pinochet y asesinado después. Ese sí que está en la solicitud española de extradición

Pero Browne-Wilkinson liquida la cuestión de los asesinados en Chile sin siquiera fundamentarlo. "En relación con las acusaciones de asesinato y conspiración para el asesinato, nadie ha avanzado ninguna razón de por qué las normas ordinarias de inmunidad no pueden ser aplicadas y el senador Pinochet tiene derecho a la inmunidad". Se dice pronto.

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