I. C. MARTÍNEZ / EMILIO ALFARO, Bilbao 
Cataluña y el País Vasco refrendaron, hará mañana 20 años, sus respectivos estatutos de autonomía. En el caso vasco, los nacionalistas no celebrarán el aniversario por considerar que el Estatuto de Gernika debe ser superado, pero los partidos no nacionalistas, PP y PSE, celebrarán actos conmemorativos. Después de dos décadas de funcionamiento, el debate político parace haber retrocedido en Euskadi a los tiempos de la transición. En Cataluña, las dos formaciones políticas mayoritarias, CiU y PSC, hacen un balance positivo del Estatuto y aceptan la evidencia de que éste y la Constitución han sido herramientas claves en la recuperación de la autonomía. Socialistas y nacionalistas comparten la opinión de que el Estatuto a lo sumo requiere una relectura. 
 

Carlos Garaikoetxea y Ramón Rubial, en una concentración en Bilbao, el 26 de octubre de 1979, para seguir las votaciones del estatuto (Ep).

Según los estudiosos, e incluso algunos políticos nacionalistas, Euskadi cuenta con unas competencias superiores a las de un land alemán o un Estado de EE UU. Las capacidades que ofrece el Concierto Económico llevaron al ex lehendakari José Antonio Ardanza a afirmar solemnemente en 1997 que, "en materia fiscal, Euskadi es el decimosexto Estado de la Unión Europea". Sin embargo, el instrumento que sustenta este nivel de autogobierno por el que suspira Jordi Pujol, el Estatuto de Gernika, sufre el patente desafecto del nacionalismo democrático, que lo parió en buena medida y ha construido con él la Administración vasca. Un desamor que va más allá de las quejas por el retraso, el incumplimiento o el bloqueo del desarrollo de las previsiones estatutarias, de lo que se responsabiliza absolutamente a los sucesivos gobiernos de "Madrid".
 
 

Este sentimiento tiene una expresión palmaria en la decisión del Gobierno bipartito (PNV-EA) del lehendakari Ibarretxe de no conmemorar de ningún modo la fecha del 20º aniversario de la aprobación del Estatuto, que se cumple mañana. La explicación oficial es que "no hay nada que celebrar" y se acompaña del recordatorio de las transferencias todavía pendientes, veinte años después. Sin embargo, hay un factor no explicitado que ayuda a entender el ostensible desapego del Gobierno vasco respecto al instrumento del que surgió, ante una fecha tan redonda: el embarque de los dos partidos que lo dirigen, el PNV y EA, en la singladura de Lizarra junto con Euskal Herritarrok, su socio en el Parlamento vasco. Y ya se sabe que la senda estatutaria y la soberanista discurren paralelas.
 
 

El disloque político que se ha producido tras la tregua de ETA da lugar entonces a otra de las paradojas que abundan en el País Vasco: la única institución vasca que va a celebrar oficialmente la efeméride es la Diputación Foral de Álava, gobernada ahora por el PP, el partido heredero de la también única formación que propugnó el no en el referéndum del 25 de octubre de 1979, la desaparecida Alianza Popular de Manuel Fraga.
 
 

Pero la polémica sobre la conmemoración del aniversario es sólo la espuma de la marea de fondo: el paulatino alejamiento sentimental del nacionalismo democrático respecto a un estatuto que fue el primero en reivindicar, que diseñó en gran medida y con el que ha configurado la comunidad autónoma a su imagen y semejanza. Así, "el tratado de paz de tres guerras civiles", como se definió desde sus filas en 1979, ha pasado a ser como "esos episodios de la vida que uno recuerda con cariño, pero que están superados". Lo dice Carlos Garaikoetxea, protagonista del acuerdo con Adolfo Suárez, en su doble condición de presidente del órgano preautonómico vasco y de la ejecutiva del PNV, un poder que nunca ha vuelto a reunir nadie. Para el ahora líder de Eusko Alkartasuna, el estatuto nació del "obligado pragmatismo" impuesto por las dificultades políticas de la transición y por los "riesgos de una involución". Fue una solución para resolver "urgencias dramáticas". ¿Y tiene validez hoy? El estatuto, dice Garaikoetxea, podría, con voluntad política, "dar mucho juego", incluso pensando en su superación. Pero no lo hará, a su juicio, porque ya no puede caminar desconectado del "enjambre" de leyes y jurisprudencia que lo "encorsetan". Así que su partido pone ahora como techo de sus aspiraciones "la voluntad popular y el derecho de autodeterminación".
 
 

Otros personajes nacionalistas del aquel momento comparten con Garaikoetxea las críticas al desarrollo "cicatero" que se ha hecho del estatuto, pero rechazan que pueda darse por amortizado ("muerto" fue la palabra empleada en octubre de 1997 por José Elorrieta, secretario general de ELA, el sindicato vasco mayoritario y precursor del movimiento hacia el mundo radical que culminó en el Acuerdo de Lizarra). "Una de las causas más importantes de desgaste del estatuto ha sido el regateo al que ha sido sometido desde Madrid, la falta de una interpretación amplia y generosa", opina Marcos Vizcaya, diputado en aquel tiempo del PNV y hoy empresario. No obstante, distingue entre lo que ha sido el desarrollo y "las posibilidades que sigue encerrando" el texto de Gernika. Sobre todo si se conjugan las disposiciones adicionales primera de la Constitución y el estatuto sobre los "derechos históricos", que amparan especificidades como el Concierto Económico. Gracias a este instrumento, las administraciones vascas dispondrán este año de más de 1,2 billones de pesetas para sus gastos.
 
 

Emilio Guevara, ex diputado general de Álava y uno de los padres del estatuto, es de los escasos peneuvistas que se atreven a expresar en público su desazón por la deriva del partido. "Con todas las limitaciones e incumplimientos que se quieran, nunca este país ha dispuesto de la capacidad de autogobierno que tiene en estos momentos. Pero es que, además, y con el país que tenemos, no veo otra solución viable, en términos de territorialidad y de soberanía, que la estatutaria", señala con vehemencia este abogado.
 
 

En el debate de estos días, lo que más crispa a los nacionalistas es ver que la bandera del estatuto la enarbolan el PP y los socialistas, a quienes responsabilizan de haberlo desvirtuado desde el Gobierno central en estas dos décadas. Otra paradoja vasca. No obstante, el historiador Antonio Rivera señala que, más que como bandera, estos dos partidos toman el estatuto como "trinchera" ante la ofensiva soberanista-independentista a la que se ha lanzado el nacionalismo con la excusa histórica de propiciar la paz.
 
 

El salto por encima del Estatuto de los nacionalistas le parece "políticamente inviable" a otro de los protagonistas del Acuerdo de Gernika, José María Benegas. El diputado socialista confía en que se impongan las fuerzas que dentro del PNV consideran errónea la vía tomada, pero reconoce que hoy por hoy el partido de Arzalluz está "en otro proyecto, el de la gran Euskal Herria, la territorialidad y la soberanía".
 
 

Lo que más le preocupa de la deriva del PNV y EA es que deja de nuevo a la sociedad vasca "sin proyecto común", dividida entre constitucionalistas-autonomistas y territorialistas-soberanistas. Y desde esa fractura, aduce Benegas, se hace imposible la propia "construcción nacional" a la que los nacionalistas aspiran. No resulta tarea fácil discernir cuánto del desencanto estatutario de éstos responde a "la actitud cicatera de Madrid" y cuánto a la acción persistente y deslegitimadora de HB y de la violencia de ETA, empecinadas en demostrar que el pueblo vasco se equivocó en 1979 al optar por la vía posibilista de Gernika. Unos, con Garaikoetxea a la cabeza, mantienen que el primer factor es el esencial y recuerdan que todavía quedan por transferir una treintena larga de materias; la principal, el discutido régimen económico de la Seguridad Social.
 
 

Sin embargo, hay quienes piensan que sin la presencia de ETA-HB no se habría producido el cuestionamiento de la validez del estatuto con la virulencia actual. "Si HB no hubiera existido, el PNV habría consolidado un estatuto totalmente descafeinado y los vascos nos hubiéramos sentido muy cómodos en España", aseguró con toda franqueza Jon Idígoras el pasado mes de mayo.
 
 

Mario Onaindía, dirigente en 1979 de la desaparecida Euskadiko Ezkerra, opina con cierto tono provocador que el PNV no perseguía con el estatuto el autogobierno de Euskadi, "sino la conversión al nacionalismo de todo el país". Su desapego al texto de Gernika se produce "porque no ha conseguido este objetivo y también porque sigue sin aceptar el principio de que es vasco todo el que vive en la comunidad autónoma", acusa el ahora senador socialista. Por regla general, se presenta el estatuto en su vertiente de "pacto político" con el Estado español. No se valora tanto el carácter de acuerdo interno que tuvo en su origen y sigue teniendo. Por eso, Onaindía destaca "el esfuerzo realizado por fuerzas como el PSE y el PP para asumir como propios símbolos, términos y valores que eran del nacionalismo y que sus electores veían como extraños y hasta enemigos".
 
 

No es un efecto del aniversario del referéndum, sino de la dinámica abierta con el Acuerdo de Lizarra, que el debate político en Euskadi parezca haber retrocedido 20 años en el tiempo. Este salto virtual se ha afianzado con la decisión de HB de propugnar la "abstención activa" en las próximas elecciones generales. "Nos quieren devolver a 1977, como si no lleváramos veinte años de estatuto", se lamenta el profesor Gregorio Monreal, que fue ponente por ESEI, un partido extinguido a principios de los ochenta. De volver a algún sitio, Monreal prefiere el regreso "a las condiciones originales del pacto estatutario", y aboga por renovar el esfuerzo de entendimiento que se realizó hace veinte años.