Lunes
23 agosto
1999 - Nº 1207
JUAN JESÚS AZNÁREZ
Panamá celebró recientemente el 85 aniversario de la
apertura del Canal, el último bajo administración norteamericana,
el grueso del Comando Sur abandonó en julio su base en Fuerte Clayton,
y el próximo 31 de diciembre deberá haberse completado la
retirada total de Estados Unidos. Pero no todos los panameños brindarán
por la despedida yanqui cuando, a las doce del mediodía de
ese día, Washington devuelva, en cumplimiento de los acuerdos Torrijos-Carter
de 1977, el canal inaugurado en agosto de 1914 y se produzca la definitiva
salida de las tropas acantonadas en sus riberas, el desalojo de cuarteles
y pistas de aterrizaje, la entrega de tierras, fincas y edificios aledaños.
"Mejor no hagamos un referéndum sobre si la gente quiere que se vayan o se queden", ironizaba en privado uno de los principales asesores de la presidenta electa, Mireya Moscoso. La repatriación de las tropas del norte supone pérdidas anuales de 300 millones de dólares en un país de 2,7 millones de habitantes, un 40% en la pobreza.
Definitivamente contrario a la cesión del canal parece ser el líder republicano en el Congreso norteamericano, Trent Lott. El legislador llama la atención sobre la vigencia del contrato que adjudica a una compañía de Hong Kong, la Hutchison Whampoa Ltd, durante 25 años prorrogables, la administración de instalaciones portuarias en las dos entradas del estratégico canal que une el Pacífico con el Atlántico, que han cruzado 825.000 buques, e ingresa 500 millones de dólares anualmente en peajes.
A principios de mes, envió una carta al secretario de Defensa, William Cohen, citando al presidente de la naviera, Li Ka Shing, como "pieza importante en la maquinaria del Partido Comunista Chino y del Ejército Popular de Liberación".
De momento, lo único cierto es que Panamá recibirá tierras y propiedades por 4000 millones de dólares, un canal de esclusas transitado anualmente por 14.000 buques, y deberá demostrar al mundo que sus nacionales son tan buenos administradores como los norteamericanos. El mayor desafío del nuevo gobierno es el canal, cuya puesta a punto llevó diez años. La modernización de esta vía acuática de 85 kilómetros exige un tercer juego de esclusas, valoradas en 8.000 millones de dólares para permitir la navegación de los barcos de mayor tonelaje.
Por sus aguas navega el 4% del comercio marítimo mundial, con unos ingresos anuales de 550 millones de dólares. La obra fue concebida durante la fiebre del oro de 1840, año en que un grupo de financieros de Nueva York construyeron una línea férrea por la región.
A finales del siglo XIX, los franceses intentaron abrir el canal en el punto más estrecho del continente, pero fracasaron. Desde su conclusión, fue vital para los intereses norteamericanos pero su valor estratégico es mucho menos con la entrada en juego de los satélites espías y las innovaciones de la industria bélica. Lott poco tiene que temer.
El canal cuya construcción costó la vida a 5.609 picapedreros fue usado por Estados Unidos para transportar tropas y armas en las dos guerras mundiales, y en las de Vietnam y Corea. Sólo en la II Guerra Mundial, 56.000 soldados norteamericanos permanecieron en alerta en sus bases panameñas, y el germanófilo Arnulfo Arias poco pudo hacer para evitarlo. Pero Lott imagina complicaciones. "Los buques navales de Estados Unidos estarán a merced de los pilotos controlados por China y hasta podría denegárseles la travesía por parte de Hutchison, una subsidiaria del Ejército Popular de Liberación".
Independientemente de las pesadillas concebidas por el parlamentario republicano, Panamá recupera su integridad territorial después de casi un siglo de tutela norteamericana, desde que en 1903 enajenase el 5% de sus 78.200 kilómetros cuadrados.
Recibirá la patria libre en las ceremonias de fin de año Mireya Moscoso, nueva titular del movimiento arnulfista que, por distintas razones, se pronunció por el no en el referendo de 1978, en la consulta que ratificó los tratados firmados un año antes por Omar Torrijos y Jimmy Carter.
El general panameño aceptó una cláusula que abre el camino a una nueva intervención de Estados Unidos si su Gobierno considera que peligra el canal. "Tenemos esta espada encima y por tanto tenemos que sentarnos a hablar con ellos [es decir, con la Administración norteamericana]", subrayó Moscoso poco después de su victoria el pasado 2 de mayo.
Algunos de los argumentos esgrimidos entonces por los panameños contrarios a la ratificación explican el poco entusiasmo de muchos a poco más de cuatro meses del histórico traspaso. Los tibios, o bien desean permanecer bajo el paraguas protector norteamericano, o temen por el mercado e intercambios abiertos entre Estados Unidos y Panamá a caballo de las actividades de canal, transitado principalmente por barcos de Estados Unidos, China, Japón y Chile, o simplemente se sienten más seguros a la vera del dólar, la moneda de curso legal junto con el balboa.
Hubo periodos, sin embargo, en que el activismo contra las bases y el control del canal terminaron a tiros. En 1964, un total de 24 personas murieron y 600 más sufrieron heridas cuando tropas norteamericanas dispararon contra una manifestación nacionalista.
Las relaciones diplomáticas quedaron suspendidas durante un año. Moscoso, anticipando nuevas definiciones en la relación bilateral, se pronunció contra las "bases disfrazadas", en referencia a la pretendida instalación en la base Howard de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), después del 31 de diciembre, con 2.000 soldados norteamericanos a su cargo.
La definitiva postura está por ver pese a que nadie ha manifestado urgencia en la reapertura de conversaciones. En una entrevista por televisión durante la campaña, casi de pasada, la candidata dijo que bien podía llegar el día en que los bandidos procedentes de Colombia, en referencia a las guerrillas, se adentraran en el territorio nacional a través del fronterizo Darién, y por tanto, en un país sin Ejército, alguien debía defender su soberanía.
Nunca más volvió a hablar del asunto, pero cuadros del ahora opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), el partido de Omar Torrijos, consultados recientemente por este periódico, interpretaron que el nuevo Gobierno no descarta suscribir algún acuerdo que permita una presencia militar estadounidense con carácter permanente junto a la divisoria con Colombia, una modalidad de permanencia vendible a la opinión pública.
Estados Unidos mantiene en Panamá en torno a los mil militares, bastantes menos de los 10.000 estacionados en las bases a principios de esta década. Los acuartelamientos desempeñaron un papel clave en la Operación causa justa contra el general Manuel Antonio Noriega, juzgado, condenado y encarcelado por narcotráfico en Estados Unidos, en la que participaron 26.000 marines.