F.RELEA, ENVIADO ESPECIAL , Alto Biobío (Chile)
La tranquilidad ha desaparecido del valle del río Biobío, unos 640 kilómetros al sur de Santiago. Camiones y vehículos todo terreno de la empresa Endesa Chile campan a sus anchas por las empinadas pistas. La ostensible presencia policial en estos recónditos parajes confirma que algo pasa en la tierra de los mapuches (hombre de la tierra, en su lengua nativa). Los descendientes de aquellos indígenas que hace cuatro siglos combatieron con bravura a los conquistadores españoles luchan de nuevo por su bien más preciado: la tierra. Hoy, en el valle del Alto Biobío, el enemigo es una multinacional cuya principal accionista es la empresa española Endesa, que está construyendo una central hidroeléctrica que anegará buena parte de las tierras ancestrales de los mapuches.

En la zona de Traiguén, los indígenas se enfrentan a las empresas forestales que llevan a cabo talas masivas de bosques. En total, son 11 focos de tensión en la Araucanía chilena, que en los últimos meses han reavivado un conflicto latente y olvidado, mientras el país -o mejor dicho los poderes fácticos-vivía pendiente del proceso en Londres contra el general Augusto Pinochet.

Los incidentes con los mapuches han desplazado al ex dictador de las primeras páginas de los periódicos. Algunas voces alarmistas han puesto el grito en el cielo ante el supuesto "peligro indígena" y advierten de los riesgos de una revuelta de amplias proporciones.

El diario conservador El Mercurio publicó recientemente un amplio reportaje titulado "Nuestro pequeño Chiapas", en el que podían leerse afirmaciones del siguiente tono: "La pregunta es qué hará el Gobierno para frenar una agitación que se va pareciendo cada vez más al Chiapas mexicano".

Junto a la pista que recorre el valle del Alto Biobío, un grupo de trabajadores está cercando con altas alambradas una parcela en la que Endesa lleva a cabo obras de infraestructura de la central. La empresa no quiere que se repitan sucesos como la reciente toma del terreno por parte de un grupo de mapuches y jóvenes voluntarios, que trataban de paralizar las obras.

"Qué tontos! Creen que con alambradas nos pararán. No saben que nosotros conocemos todos los caminos del monte", comenta Sara Imilmaqui, una de las mujeres más activas en la lucha contra la central de Ralco, mientras lanza una mirada de desprecio a los operarios de la compañía eléctrica.

"Endesa: ni por un saco de oro nos sacarán", advierte una pintada. Así podría resumirse la lucha de los mapuches, que se niegan a abandonar sus tierras en el Alto Biobío, muy lejanas, por cierto, de Chiapas.

La leyenda está escrita a la entrada de la propiedad de Nicolasa Quintremán, alma de la resistencia a la presa. Pese a las dificultades para expresarse en castellano -su lengua nativa es el mapudungú-, esta mujer de 56 años habla así de claro: "Mientras haya una sola familia mapuche que se oponga, una sola, la presa no se construirá. No queremos de ningún modo que Endesa esté aquí, porque va a acabar con la tierra. Donde van los de Endesa dejan todo mal. Si construyen Ralco, el mundo quedará jodido. Chile no va a servir nunca más. Yo no me iré de aquí. En todo caso me sacarán muerta, porque viva, seguro que no. Moriré luchando".

"Ninguno de nosotros nació en el hospital, todos nacimos en esta tierra. Nuestro cementerio está aquí al lado, y si construyen la presa quedará inundado". Las aguas sepultarán un mínimo de seis camposantos de los 14 que hay en todo el valle, junto a las viviendas y sitios ceremoniales, hasta un total de 600 hectáreas de territorio mapuche.

El diputado socialista Alejandro Navarro es uno de los pocos parlamentarios chilenos que ha recogido la bandera de la causa indígena y se ha erigido en uno de sus principales defensores. "Si el Gobierno no corrige su forma de actuar, puede generarse en la zona de la Araucanía no un Chiapas como se ha dicho, pero sí una explosión social. El Gobierno tiene que incorporar un nuevo trato con el mundo indígena nacional, no sólo con los mapuches y pehuenches, sino también con los aimarás, los atacameños, los huilliches, los rapa nui...".

Suman, entre las todas las etnias, un millón y medio de personas, es decir, un 10% de la población de Chile. "Paradójicamente", señala Navarro, "el Gobierno de la Concertación es uno de los que más ha hecho por los indígenas en toda la historia de Chile. Ha promulgado una Ley Indígena, que tiene como elemento principal la protección de la tierra". Sin esta ley, hoy no existiría el problema de Ralco, porque los mapuches habrían sido expulsados de sus tierras legalmente.

José Bengoa, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y autor de una Historia del pueblo mapuche, opina que la sociedad chilena no está entendiendo el problema. "Hoy día la prensa chilena se pregunta quiénes son los jefes de los mapuches, y como no los encuentra dice que hay extremistas infiltrados o extranjeros. Esto es una grave ofensa para los mapuches. Ni Lautaro ni Caupolicán necesitaron asesores extranjeros para matar al conquistador Pedro de Valdivia".

F.R , Alto Biobío
Los mapuches de fines del siglo XX no tienen enfrente a un enemigo que empuña la espada y la cruz como en la época de la conquista, sino que llega a los territorios de la Araucanía armado con teléfonos celulares y sumas millonarias de dinero. Se trata de un cambio notable que, sin embargo, no ha conseguido su objetivo último de suprimir la oposición a la presa.

De los 500 millones de dólares de inversión que supone la central de Ralco, Endesa tiene presupuestados 22 millones para gastos de relocalización de las familias mapuches, que tendrán que abandonar sus hogares y sus tierras si el proyecto llega a buen puerto.

El plan de compensaciones propuesto por la empresa a los indígenas afectados por la construcción de la presa ha conseguido, de entrada, dividir a la comunidad mapuche que habita en el Alto Biobío.

Unas 83 familias han aceptado la oferta de Endesa Chile, consistente en nuevas tierras en otra zona, vivienda, ganado y dinero, mientras que ocho familias protagonizan la resistencia irreductible a los planes de la poderosa compañía eléctrica multinacional.

El sistema política margina a los dirigentes indígenas

F.R , Alto Biobío
Martín Zilic, intendente de Concepción y máxima autoridad regional, tiene su particular visión del problema: "No vislumbramos ni un pequeño ni un mediano Chiapas. Hay algunos problemas de las comunidades con sectores privados, pero no hay ningún conflicto con el Estado". Y añade: "El tema Ralco es un conflicto entre una compañía y una empresa privada".

El antropólogo y estudioso de la cuestión indígena José Bengoa responde sin contemplaciones: "Cuando el Gobierno, a través de sus intendentes en Concepción o Temuco, dice que es un conflicto entre particulares, entre una comunidad y una empresa hidroeléctrica (caso de Endesa) o entre una comunidad y una empresa forestal, está dejando de gobernar. Es como decir: Péguense, mátense, y le entrego el control de los problemas étnicos a la policía. Es la peor manera de gobernar".

Pero hay una realidad que no admite discusión. En la región de la Araucanía no existe ningún sistema institucional de participación política de los mapuches. De las 100 comunas que hay en toda la Araucanía, cuya población es mapuche en su gran mayoría, sólo hay una con alcalde indígena.

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