EE UU siguió ocultando en los años noventa las atrocidades cometidas en Guatemala

Documentos secretos prueban la complicidad de la CIA con el genocidio del pueblo maya

JAVIER VALENZUELA, Washington
El Gobierno de Ronald Reagan sabía en los año ochenta que el Ejército de Guatemala practicaba una política de exterminio sistemático de aldeas mayas y no hizo nada para impedirlo, según documentos de la CIA recién desclasificados que han sido facilitados a EL PAÍS por el National Security Archive, una organización independiente de Washington. Otros documentos revelan que, ya en los noventa, el Gobierno de Bill Clinton hizo oídos sordos a la información oficial sobre la persistencia de las ejecuciones sumarias y la destrucción de pruebas de las matanzas por parte de los militares guatemaltecos.

Entierro, el pasado enero, de 20 indios mayas asesinados por el Ejército de Guatemala en 1982 y arrojados a una fosa común (AP).

La Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) fue el organismo que suministró estos datos a Clinton. Los documentos, desclasificados con muchas tachaduras, prueban la complicidad entre los militares guatemaltecos y Estados Unidos denunciada por el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico del país centroamericano. Esa comisión aseguró que EE UU, obsesionado por terminar con las guerrillas izquierdistas del continente americano, fue también responsable de la muerte a manos de militares guatemaltecos de unas 200.000 personas.

Desde que en 1954 la CIA organizó el golpe de Estado del que se derivarían las turbulencias de Guatemala, los sucesivos Gobiernos norteamericanos sólo pensaron en apoyar a los Gobiernos derechistas y a las Fuerzas Armadas de ese país, con independencia de las tropelías que pudieran cometer. En 1954, el general James Doolittle escribió un informe al presidente Dwight Eisenhower sobre la guerra fría en el que decía: "No hay reglas en esta guerra. Las normas de lo que es una conducta humana aceptable no se aplican aquí".

Casi tres décadas después, la Casa Blanca, ocupada entonces por Reagan, seguía practicando esa filosofía. A finales de febrero de 1982 un informe de la CIA dice: "A mediados de febrero, el Ejército de Guatemala reforzó su presencia en el departamento central de El Quiché y lanzó una operación de limpieza en el triángulo Ixil. Los oficiales al frente de las unidades han recibido instrucciones de destruir todas las ciudades y aldeas que cooperan con la guerrilla del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y eliminar toda fuente de resistencia".

"Desde que la operación comenzó", prosigue la CIA, "varias aldeas han sido quemadas por completo y un gran número de guerrilleros y colaboradores han sido abatidos. Comentario: cuando una patrulla del Ejército encuentra resistencia y es tiroteada, se entiende que toda la población es hostil y, en consecuencia, es destruida. El Ejército ha encontrado muchas aldeas abandonadas antes de su llegada y asume que apoyan al EGP, por lo que son destruidas. Hay cientos, posiblemente millares, de refugiados en las colinas sin hogares a los que volver".

Guerra sin cuartel

"El Ejército", prosigue el documento, "todavía no se ha encontrado una seria fuerza guerrillera en el área. Sus éxitos hasta el momento parecen limitarse a destruir localidades controladas por el EGP y matar a colaboradores y simpatizantes indios. La bien documentada creencia del Ejército de que toda la población india ixil es favorable al EGP ha creado una situación en la que no cabe esperar que dé el menor cuartel a los combatientes y los no combatientes".

El 21 de noviembre de 1983, un análisis de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado da cuenta de la reanudación de la actividad de los escuadrones de la muerte con el asesinato de un sacerdote y de tres trabajadores humanitarios.

Terminada la guerra fría, ya bajo la presidencia de Clinton, Washington continuó optando por el silencio. Un informe secreto del departamento de Defensa de noviembre de 1994 informa de que un "número no determinado" de ex guerrilleros de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) ha sido reclutado por el Ejército. "Los que se niegan a integrarse", dice el informe, "son ejecutados de modo sumario y enterrados en tumbas sin marcas. Esta técnica ha sido utilizada por el Ejército de Guatemala desde el comienzo del conflicto y sigue siendo utilizada hoy, aunque el Ejército reconoce que ésta es una nueva era".

El Gobierno de Clinton es informado de que, como en el pasado, el Ejército de Guatemala "no toma prisioneros de guerra. Todos los guerrilleros capturados, con excepción de los utilizados con propósitos propagandísticos, son interrogados y en la mayoría de los casos asesinados y quemados". El mismo informe añade que las autoridades guatemaltecas están destruyendo pruebas.

RENWINCK MCLEAN, Washington
Tras llegar a la conclusión de que el presidente guatemalteco, Romeo Lucas García, planeaba continuar con su campaña de represión contra los guerrilleros, el embajador norteamericano en Guatemala, Frederick L. Chapin recomendó en 1981 a Washington que considerara instalar un programa de ayuda al Ejército Guatemala basado en "las consideraciones de seguridad nacional".

Robert L. Jacobs, un funcionario de la oficina de Derechos Humanos en el Departamento de Estado, afirma en un documento fechado el 5 de octubre de 1981 que: "El embajador Chapin concluye que el presidente Lucas no va a afrontar nuestras preocupaciones sobre derechos humanos, y tenemos que reconocer este hecho y luego decidir si las consideraciones de seguridad nacional requieren que sigamos adelante con nuestro plan de asistencia de seguridad".

El documento describe una reunión sostenida en 1981 entre un representante militar del Gobierno de Ronald Reagan, el general Walters, y el presidente Lucas en Guatemala. El general Walters había sido enviado a Guatemala para estudiar la posibilidad de renovar el programa de ayuda que el presidente Jimmy Carter suspendió a finales de los años setenta.

"Durante las conversaciones con el general Walters, el presidente Lucas dejó muy claro que su Gobierno seguirá empleando la misma política de antes: la represión va a continuar", escribe Jacobs.

Walters intentó convencer a Lucas de que la represión sólo aumentaría el problema de los guerrilleros, pero éste respondió que su Gobierno iba a continuar con la misma política.

Jacobs llegó a la conclusión de que "EE UU no debería asociarse con el régimen de Lucas dado los problemas de derechos humanos". Pero en 1983 Reagan decidió iniciar un programa de asistencia al Ejército de Guatemala con 250.000 dólares. Al año siguiente la cifra aumentó a 50 millones de dólares.

R. M., Washington
Cuando el Congreso de Estados Unidos estaba considerando en febrero de 1984 votar nuevos proyectos de asistencia de seguridad a Guatemala, el Gobierno del entonces presidente, Ronald Reagan, afirmó en un informe al Congreso que "el Gobierno de Guatemala ha dado pasos para reducir" los abusos en el campo de los derechos humanos, a pesar de tener información de que "los escuadrones de la muerte" se habían reactivado en el país apenas cuatro meses antes.

En 1983, tres guatemaltecos que trabajaban para la Agencia de Desarrollo Internacional de EE UU (AID) desaparecieron. El embajador norteamericano en Guatemala afirmó en un cable dirigido a Washington: "Mi propia opinión es que el incidente fue una represalia inmediata". El 2 de febrero, Chapin escribió otro memorándum a Washington en el cual describe su creciente preocupación sobre los escuadrones de la muerte. Tras mencionar los tres desaparecidos de la AID, Chapin apuntó: "Estos nuevos e impactantes casos indican que el Gobierno de Guatemala va a atacar siempre que encuentre un blanco importante".

La carta del funcionario estadounidense agrega: "Vuelvo a subrayar, como hice el otro día en San Salvador, el conflicto que se daría de incorporar a Guatemala al plan de Estados Unidos para todo el hemisferio frente a las realidades horribles que muestra la situación de los derechos humanos en Guatemala".

"O bien podemos ignorar estas pruebas y recalcar el concepto estratégico o bien tenemos que tomar un sendero de moralidad. No podemos seguir cambiando nuestra postura", añade.

Un día después, el Departamento de Estado norteamericano entregó el informe al Congreso que elogió los esfuerzos de Guatemala para reducir los abusos de derechos humanos.

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