EL PAÍS, Madrid 

Gráfico: 'Datos económicos'

Si durante los gobiernos socialistas España se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea), durante el mandato del PP se ha rematado la faena con el aprobado en el examen del euro. Éste es el principal éxito en materia económica de la actual legislatura, que se cierra con un retroceso en la lucha contra la inflación y una reforma fiscal que se ha centrado en la rebaja del impuesto sobre la renta.
 
 

España está entre los once países que forman la moneda única europea y comparte una política monetaria común con potencias como Alemania y Francia. Si antes España era vulnerable a los ataques de los mercados financieros y tenía que responder con devaluaciones de la peseta, ahora disfruta de los mismos tipos de interés. El precio oficial del dinero es del 3%, cuando años atrás se contaba con dos dígitos.
 
 

Se aprobó el exámen del euro llevado a cabo en la primavera de 1998 al conseguir en 1997 cumplir los requisitos fijados en el Tratado de Maastricht. La inflación cerró en un 2% -menos de 1,5 puntos por debajo de la media de los tres países con precios más bajos, en aquel momento, Alemania, Bélgica y Francia- y el déficit público quedó en el 2,6% del PIB, cuando el límite era el 3%.
 
 

Pese a pertenecer al club de países europeos más saneados desde el punto de vista económico, España no alcanza la media de renta de la zona. El nivel de riqueza de los españoles se encuentra en el 80% (media de la UE igual a 100) y, según los últimos estudios publicados al respecto, aún le quedan 25 años para igualarse.
 
 

Esto a pesar de que la economía española tiene mayor potencial de crecimiento que la media de la UE y en estos últimos cuatro años ha conseguido mantener un ritmo superior al 3%, traducido sólo en parte en creación de empleo. El empujón ha venido de la rebaja del impuesto sobre la renta que entró en vigor el pasado año, y que ha inyectado unos 750.000 millones de pesetas en los bolsillos de los contribuyentes.
 
 

El consumo privado se ha mantenido al alza y ha permitido contrarrestar los efectos en el comercio exterior de la crisis financiera internacional de finales de 1998 y principios de 1999. Con la demanda interna a toda máquina, la lentitud de las reformas estructurales liberalizadoras de la economía y la última crisis del petróleo, la inflación se ha disparado hasta el 2,9% el pasado año, frente al mínimo histórico del 1,4% el año anterior. Hace diez años se encontraba en niveles cercanos al 7%.
 
 

El alto crecimiento económico y algunas "innovaciones" contables han dado fuelle a los Presupuestos públicos, que cerrarán 1999 con un déficit del 1,3% del PIB, el nivel más bajo de la historia. La presión fiscal se ha situado en el 35,86% del PIB en 1998 (antes de la reforma del IRPF), frente al 35,6% con que se inició la legislatura. 

EL PAÍS , Madrid 
El Partido Popular tomó las riendas del Gobierno en plena recuperación del mercado laboral, que se había iniciado en 1994, tras remontar la grave crisis vivida en el año negro de 1993, en el que se destruyeron 422.450 puestos de trabajo. El crecimiento económico sostenido ha permitido que el Gabinete de José María Aznar cierre el balance de la legislatura con la creación de casi 1,8 millones de nuevos empleos y una reducción del paro en un millón de personas.
 
 

La tasa de desempleo ha pasado en este periodo desde el 22,91% de la población activa hasta el 15,45%, reflejado en los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 1999. Esa recuperación del paro no ha impedido, sin embargo, que España siga siendo el país de la Unión Europea con el mayor índice de desempleo. Un dato que es especialmente preocupante entre las mujeres, donde la tasa de paro llega hasta 22,87% de las activas en edad y disposición de trabajar, mientras que entre los hombres el índice de paro se sitúa en el 10,57%.
 
 

Un mercado laboral que sufre también la mayor proporción de temporalidad de la UE y que afecta en estos momentos al 33,3% de los trabajadores asalariados. Para paliar esa precariedad laboral han sido claves los acuerdos suscritos entre la patronal y los sindicatos CC OO y UGT en la primavera de 1997, e impulsados desde el Gobierno, que tienen como objetivo mejorar la estabilidad de los puestos de trabajo, a través de incentivos en sus cotizaciones a la Seguridad Social para todo el nuevo empleo fijo creado.
 
 

Fruto de esos pactos, el registro de los nuevos contratos en el Inem ha pasado de contar con apenas un 4% de contrataciones indefinidas al 10%, y dentro del nuevo empleo generado en este periodo, el 69% son puestos de trabajo fijos. 

J.M , Madrid 
El Gobierno de Aznar ejecutó durante la legislatura un programa de privatizaciones de proporciones desconocidas en la economía española. Vendió rápida, incluso precipitadamente, la totalidad del capital de las grandes empresas de servicios públicos (Repsol, Tabacalera, ENDESA, Argentaria, Telefónica), colocó en el mercado la siderurgia pública (Aceralia), se está demorando con la línea aérea de bandera Iberia y tiene muy escasas posibilidades de traspasar al sector privado las empresas ruinosas (Hunosa o los astilleros). El Gobierno ha vendido las mejores empresas a cambio de unos 4,5 billones de pesetas para las arcas públicas.
 
 

Las privatizaciones realizadas desde 1996 se han convertido en un obstáculo para la competencia debido a cómo se han realizado. Éstas son sus características:
 
 

- Las empresas se han vendido antes de que los mercados en que operan fuesen liberalizados. Los monopolios u oligopolios públicos no se han disuelto, sino que se han convertido en privados. El vendedor (el Estado) ha obtenido una prima, porque los inversores han pagado más por obtener mercados protegidos.
 
 

- Las grandes empresas privatizadas se han convertido en un parque empresarial del Gobierno. Los presidentes nombrados por Aznar y Rato se han mantenido en las presidencias después de la venta de las acciones del Estado por el procedimiento de asegurarse el control de los consejos mediante el nombramiento de consejeros independientes amigos.
 
 

- El resultado es que el Gobierno controla, a través de presidentes afines, en torno al 5% del PIB español; y recibe presiones de esas empresas afines, que se plasman en decisiones polémicas sobre tarifas (telefónicas, eléctricas).
 
 

- Algunas empresas privatizadas han modificado profundamente sus estrategias internas y públicas. El caso más llamativo es el de Telefónica, que, con ingresos dependientes de decisiones del Gobierno, se ha desentendido de criterios como el de calidad o universalidad del servicio para guiarse sólo por el de creación de valor para el accionista. Su presidente se ha garantizado para sí y para cien directivos retribuciones extraordinarias variables (opciones sobre acciones) por más de 50.000 millones.