PILAR LOZANO , Villa Nueva Colombia 
"Puede que sirva, puede que no; pero es un ejercicio al que hay que jugar", aseguró Néstor Caicedo, sindicalista de un hospital de Bogotá, al llegar el pasado domingo por la mañana a la Villa Nueva Colombia -aldea convertida en escenario de los diálogos de paz del Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- para participar en la primera audiencia pública, mecanismo inventado para "meterle pueblo" al proceso de negociación. La audiencia tuvo invitados especiales: sindicalistas y empresarios. El tema: propuestas para generar empleo en un país con un 20% de desempleo.
 
 

"Tenemos la esperanza de que esto sirva para legitimar un espacio que genere una real negociación de paz", dijo esperanzado Luis Eduardo Garzón, presidente de la mayor organización sindical del país. "No nos sentimos representados ni por el Gobierno ni por la insurgencia", había dicho hace meses él mismo al rechazar la propuesta de participar en el comité temático -ente mixto: Gobierno-guerrilla- encargado, entre otras tareas, de escuchar al pueblo en estas audiencias.
 
 

"Esto se calienta", asegura que pensó uno de los asistentes cuando los trabajadores colgaron sus pancartas en las cercas que rodean el auditorio abierto y empezaron a gritar sus consignas: "Fuera gringos de Colombia, fuera Telefónica [la empresa española aspira a adquirir la Empresa de Teléfonos de Bogotá]"; "Ahí están, ésos son, los que venden la nación". También se escucharon "abajos" de todo tipo para el Gobierno de Pastrana. Los empresarios, todos con camisa blanca y sentados en primera fila, y los representantes del Gobierno escucharon en silencio.
 
 

Durante tres horas hablaron los trabajadores: lanzaron dardos contra la política neoliberal, contra las privatizaciones, contra los despidos masivos y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que traerán más pobreza a un país de pobres. Y presentaron una propuesta de economía mixta con mercado regulado y economía solidaria. Luego vino el turno de los empresarios.
 
 

El inicio de estas audiencias se da en medio del recrudecimiento de la violencia. Ataques a pueblos, aumento de secuestros, estallidos de coches bomba por parte de la guerrilla; matanzas de los paramilitares, como la del pasado jueves cuando, y a pesar de que policía y militares estaban advertidos, según la Defensoría del Pueblo, llegaron a Tibú -al noreste del país- y asesinaron a 22 personas.
 
 

Tanto trabajadores como empresarios se plantearon, ante esta degradación del conflicto, el no asistir a esta audiencia. "Lo analizamos y concluimos que sería mejor venir y expresar lo que pensamos", dijo a este periódico Sabas Pretel, representante de los comerciantes. Por eso, la propuesta conjunta de los empresarios, presentada en Villa Nueva Colombia, dice que toda negociación debe enmarcarse dentro del respeto a la vida, a la libertad y a la dignidad. Sólo con paz habrá inversión y empleo, coincidieron empleados y empresarios. Apecides Albis, de la Confederación de Trabajadores de Colombia, atacó con dureza el secuestro "sean quienes sean sus autores".
 
 

A pesar de las muestras de intolerancia, de las rechiflas y agresiones verbales que marcaron esta primera audiencia pública, los asistentes salieron contentos. "Es un sano ejercicio democrático".
 
 

El Mono Jojoy, el duro de las FARC, el señalado como el jefe del ala militarista de la organización, dijo que estas audiencias "son de un significado enorme para Colombia". Este comandante, con su eterna boina negra terciada sobre la cabeza, madrugó el pasado domingo y en un lugar del camino entre San Vicente del Caguán -epicentro de la zona de distensión- y Villa Nueva Colombia pasó revista a sus tropas. A su regreso a San Vicente, EL PAÍS encontró al comandante. "No estoy hablando con la prensa", advirtió. Sólo dijo una frase sobre el ejercicio de participación popular inaugurado ese día: "Es de un significado enorme para Colombia porque es el lenguaje civilizado para entendernos todos y buscar salidas distintas a la guerra". 

Las FARC, contra el referéndum para reformar el Congreso 

P. L , Villa Nueva Colombia 
El tema de moda en Colombia en este momento, el del referéndum propuesto por el presidente Andrés Pastrana para aprobar reformas que acaben con la corrupción del Congreso y que tiene alborotados a los políticos, estuvo presente en Villa Nueva Colombia. La mayoría de los sindicalistas lo atacaron por "inconveniente, incompleto y dictatorial". Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejaron claro que no juegan ni a la idea presidencial ni a la fórmula alternativa que se han sacado de la manga los liberales: una Asamblea Nacional Constituyente de 100 miembros, 70 por elección popular y 30 representantes directos de la guerrilla.
 
 

"El referéndum no corresponde a las necesidades del país", dijo el miembro del comité temático y comandante de las FARC Felipe Rincón. Para él, éste es un tema que debe ser tratado en las mesas de negociación dentro de las reformas del Estado. Sobre la Asamblea Constituyente, propuesta que presentarán hoy en el Congreso los liberales, el guerrillero dice: "Se debe dar al final del proceso para que todo lo acordado en esta negociación sea refrendado por el pueblo. Si aún no hay acuerdos, ¿para qué la Asamblea?".
 
 

En Bogotá, un grupo de personalidades, entre las que se encuentra el ex guerrillero y hoy congresista Antonio Navarro, han comenzado una campaña de recogida de firmas que dé vida al referéndum por una vía distinta a la del Congreso. "No todos los cambios que requiere el país deben pasar por el embudo de la negociación con las FARC. Hay agotamiento con la corrupción y los ciudadanos están buscando caminos propios", opina Navarro. 

La violencia ha obligado a exiliarse del país a 800.000 colombianos 

J.J.AZNÁREZ
El presentador de televisión Fernando Gómez Pacheco y 800.000 compatriotas más huyeron de Colombia en los últimos cuatro años con el miedo en los talones. Gómez estaba convencido de que, si la guerrilla secuestró al ídolo ciclista Luis Herrera en marzo, todo era posible. "A un tipo como tú no le tocan", le dijeron sus amigos. Pero a su primo Guillermo Cortés, productor de televisión, le tocaron en su finca de las afueras de Bogotá. "Me voy porque tengo miedo", confesó. "El mismo miedo que cientos de colombianos que ya partieron, el mismo que sienten los que quieren irse y no pueden".
 
 

De acuerdo con datos oficiales, unos 800.000 colombianos, el 2% de un país de 40 millones de habitantes, emigraron en los últimos cuatro años hacia Estados Unidos (la gran mayoría), Venezuela, Ecuador, Panamá o Europa. Un total de 350.000 lo hicieron en 1999.
 
 

Costa Rica, Australia, Canadá, España y los países de la Europa occidental son los destinos apetecidos por quienes huyen del desquiciamiento nacional, la cultura de la violencia o la recesión encajada a partir de mediados de 1998, la peor del siglo, que agregó a la tradicional emigración de los más pobres la de miles de profesionales. Cerca de seis millones de colombianos viven fuera de su país.
 
 

Y como Pacheco, nacido en España pero colombiano de corazón y de domicilio, muchas figuras nacionales hicieron las maletas temiendo caer en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de los paramilitares de Carlos Castaño, del narcotráfico o de las bandas de delincuentes comunes que secuestran y venden sus víctimas a los grupos anteriores.
 
 

No es gratuito el miedo de Pacheco al cautiverio. La juez Edna Patricia Cabrera fue liberada el pasado día 12 después de haber permanecido secuestrada casi 13 meses en uno de los campamentos de la guerrilla.
 
 

Ninguno de los que se han ido ambicionaba el martirologio, y todos optaron por una diáspora de efectos corrosivos sobre el ánimo de sus protagonistas y el patrimonio humano de Colombia. El historiador Arturo Alape, autor de varios textos sobre la vida del septuagenario Manuel Marulanda, Tirofijo, líder de las FARC, sufre también el exilio amenazado por los paramilitares. "Es como si existiera un proyecto para arrebatarle la inteligencia al país". "Es la descapitalización cultural", coincide el politólogo Gonzalo Sánchez, investigador de la Universidad Nacional, que compara la situación colombiana con la padecida por el Cono Sur durante las dictaduras militares. "El último en salir que apague la luz", pedía una pintada de Montevideo.
 
 

Tomar partido por la paz y la tolerancia, ser rubio o pronunciar la zeta pueden ser razones suficientes para caer entre grillos. Hace dos años, un tercio de los colombianos atribuía a la inseguridad y la violencia los principales móviles detrás de la emigración. Hoy ese índice es del 50%, según un estudio de la empresa Gallup. Un programa oficial protege a 300 personas y 113 sedes de sindicatos y organizaciones sociales: sólo en dos años han sido asesinados 30 defensores de derechos humanos, 27 huyeron y otros cuatro fueron secuestrados.
 
 

"¿Quién no está amenazado en este país?", preguntó Pacheco. Sólo la guerra interna, los cruces de dinamita y salvajadas desplazaron a dos millones de personas. Y quienes denuncian las barbaridades pagan las consecuencias. "Todo esto tiene la enorme desventaja de hacer perder a la sociedad civil la confianza en el proceso de paz", opina Carlos Lleras de la Fuente, director del diario El Espectador.
 
 

La industria del secuestro acabará cotizando en Bolsa: 2.800 víctimas a lo largo de 1999, de ellas 206 menores de edad. Los medios de comunicación han sido especialmente castigados. Colombia es el país más peligroso de América Latina para los periodistas: 151 informadores fueron asesinados en los últimos 20 años, siete de ellos en 1999, y otros 300 sufren distintas amenazas, según datos de la Fundación por la Libertad de Prensa.