ERNESTO EKAIZER

Laura González-Vera (S. Burgos).

Era un miércoles, un día que siempre almorzábamos en casa. A las diez para las dos de la tarde, Carmelo se fue. No salí con él hasta la puerta porque tenía visita en casa. Le despedí desde el salón y regresé para seguir la sobremesa con mi amiga. Fue la última vez que le vi con vida", recuerda Laura González- Vera, viuda de Carmelo Soria, nieto del urbanista español Arturo Soria, el hombre que diseñó, junto con su hijo mayor Luis Soria Hernández, padre de Carmelo, Ciudad Lineal.
 
 

"Eso ocurrió el 14 de julio de 1976. El 15, de Naciones Unidas en Santiago avisaron a mis hijitas que había aparecido un coche Volkswagen con matrícula ONU-164, el de Carmelo, junto al canal del Carmen. Me fuí a la sede de la ONU y antes de llegar ví en la calle a mi hija mayor, que, entre sollozos, me dijo: "El papá no está"-
 
 

El 16 de julio de 1976, el cuerpo de Carmelo Soria fue retirado del lecho del canal. La autopsia reveló que había sido salvajemente torturado el mismo día de su desaparición, 14 de julio, y que después de varias horas, como consecuencia de un golpe de karate, sufrió una rotura de cuello que le provocó la muerte, avanzada la noche del secuestro. Su viuda Laura, chilena de origen, y su hija Carmen empezaron ése día una batalla que lleva ya más de 23 años. Tras ser inscritas como españoles, ella y sus tres hijos, en la Embajada de España en Santiago, Laura viajó a Madrid, donde se afincó en septiembre de 1976. Desde aquí, donde sigue al pie del cañón a sus 66 años, impulsó la investigación en Chile.
 
 

"Los militares chilenos lo intentaron todo. Empezaron por decir que la muerte de Carmelo había sido el resultado de un lío de faldas. Luego, en 1979, se sobreseyó la causa con una sentencia que calificó los hechos como homicidio por terceros no habidos, es decir, desconocidos", señala.
 
 

Fue otra mujer la que reveló la punta del ovillo en 1991, tras el relevo de la dictadura de Pinochet. Luz Arce, que había trabajado como secretaria en la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ofreció datos sobre muchos secuestros y asesinatos. Entre ellos, el del funcionario internacional, jefe de la sección editorial del Centro de Demografía (CELADE), dependiente de la Comisión Económica para Ámérica Latina (CEPAL), organismos de Naciones Unidas. La Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig, incluyó el relato del secuestro, tortura y asesinato de Soria entre sus miles de páginas.
 
 

"Fue entonces cuando creímos llegada la hora de la justicia. Los datos del informe Rettig fueron enviados a un juzgado y mi hija Carmen presentó una querella. Eso fue en junio de 1991. Pero el juez se declaró incompetente. Y, ¿adivina con qué argumento?", pregunta Laura González-Vera, para contestar sin pausa: "Por la inmunidad diplomática del señor Carmelo Soria, que requiere para esta causa un ministro de fuero [un magistrado] de la Corte de Apèlaciones".
 
 

Tocaría nuevamente a una mujer lidiar con el caso. En 1992, la juez de la Corte de Apelaciones Violeta Guzman instruyó el caso Soria y estableció que un comando de la DINA, la llamada Brigada Mulchen, secuestró, torturó y asesinó a Carmelo Soria. La juez, con el testimonio de Luz Arce, identificó a los cuatro autores. Entre ellos el mayor del Ejército René Patricio Quilhot Palma, edecán de Pinochet.
 
 

"En agosto de 1993, la televisión chilena difundió una amplia entrevista con el agente de la DINA Michael Townley. Lo contó todo: los nombres de los miembros de la patrulla, que coincidían con lo que la juez había descrito en sus conclusiones. Townley explicó que Soria había sido llevado a su propia casa, en el barrio de militares de Lo Curro y que allí fue torturado hasta morir". Pero cuanto más se esclarecían los hechos, paradójicamente, las posibilidades para enjuiciar a los autores irían disminuyendo. En noviembre de 1993, la justicia militar exigió la competencia ya que "se ha deducido querella criminal en contra de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros a los que se inculpa en circunstancias que se encontraban ejerciendo funciones propias del servicio". La Justicia Militar se quedó con el caso, le aplicó la ley de autoamnistía de Pinochet y sobreseyó la causa.
 
 

"Fue gracias a la presión de las autoridades españolas que se pudo reabrir el caso", evoca Laura. El Gobierno español llamó a consultas a su embajador y en diciembre de 1993, la Corte Suprema ordenó nuevas diligencias, esta vez al juez Macos Libedinsky, quien no tardó más de 15 días en resolver. El 31 de diciembre de 1993, Libedinsky dijo que los no se pudo individualizar a los autores y ratificó la amnistía. Un recurso consiguió que un nuevo juez se hiciera cargo.
 
 

En mayo de 1995, el magistrado Eleodoro Ortiz dictó la amnistía, no sin antes dar el carpetazo del punto que era fundamental, por los riesgos internacionales en juego, para el Gobierno chileno y el sistema judicial en el caso Soria.
 
 

El juez falló que "el acuerdo entre la CEPAL y Chile que le confiere protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad necesita de un estatuto particular que debe quedar establecido a la fecha del delito y en normas de Derecho Internacional" y que, asimismo, en el Convenio de Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas "se establece para los jefes y los demás funcionarios de la CEPAL, calidad que tampoco se ha establecido respecto del señor Soria". El 23 de agosto de 1996, la Corte Suprema dictó la amnistía definitiva con el argumento de que el citado Convenio Internacional no resultaba aplicable a Soria.
 
 

Laura González-Vera y su hija Carmen, tras serles denegada la justicia en Chile, volvieron su mirada hacia otra parte. Por una parte, se volcaron en el procedimiento abierto en España por genocidio, terrorismo y torturas; por la otra, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a primeros de 1997. La CIDH recabó los datos a Naciones Unidas sobre la situación de Soria en Chile en 1976.
 
 

Los mismos documentos que la ONU aportó a la justicia chilena fueron enviados a la CIDH. Según Naciones Unidas, Soria era funcionario de uno de sus organismos y, como tal, gozaba de todas sus inmunidades (casa, coche, familia y personal de servicio en su casa) al tiempo que se le aplica el Convenio de Prevención y Castigo de Delitos contra Pesonas Internacionalmente Protegidas.
 
 

El 19 de noviembre de 199, tras dar plazo al Gobierno de Chile para alegar, y ante la inexistencia de sus respuestas, la CIDH resolvió que las decisiones adoptadas en Chile de sobreseimiento definitivo del caso Soria "no sólo agravan la situación de impunidad, sino que en definitiva violan el derecho a la justicia que asiste a los familiares de las víctimas para identificar a los autores de los delitos, establecer responsabilidades y sanciones correspondientes y obtener reparación judicial". LA CIDH consagra, pues, la "jurisdicción universal en favor de Carmelo Soria",
 
 

Esto es, la OEA legitima los esfuerzos de enjuiciar el crimen en España, en aplicación de la citada jurisdicción universal. 

La impunidad en el caso Soria tenía un precio: un millón de dólares (150 millones de pesetas de 1996). El 24 de octubre de 1996, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, director general de Política Exterior para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores español, entregó personalmente una carta con una propuesta de arreglo del Gobierno de Eduardo Frei. El punto 5 decía que "el Gobierno de Chile ha decidido donar un millón de dólares norteamericanos, que serán entregados a doña Laura González-Vera, viuda de Soria, a objeto de construir y poner en marcha una fundación que llevará el nombre de Carmelo Soria y estará destinada a promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales".
 
 

El Gobierno español consideró que esta propuesta era "aceptable". Pero el 16 de diciembre de 1996, Laura González-Vera la rechazó por carta. "Carmelo Soria", dice su respuesta al citado funcionario, "inició a los 19 años la lucha por la libertad en la España de Franco y murió asesinado por la DINA en el mismo empeño, a los 54 años en Santiago de Chile. La defensa de los derechos humanos que significa el proceso Soria contribuye al desarrollo democrático de Chile". 
 

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