Sábado
11 diciembre
1999 - Nº 1317
De la Rúa critica el legado de su predecesor
CARLOS ARES, Buenos Aires
El turbulento, inestable y desgarrado siglo político de Argentina,
atravesado desde los años treinta por las sucesivas dictaduras militares
y Gobiernos civiles acosados por partidos, sindicatos o corporaciones económicas
que alentaron los golpes de Estado, se cierra al fin con un sistema democrático
estable y en funcionamiento desde 1983.
tras su toma de posesión (Ap). |
El cuarto mandato constitucional desde 1983, cuando inició su
periodo de Gobierno el radical Raúl Alfonsín, al que siguió
luego Carlos Menem en 1989, reelegido a su vez en 1995, comienza con una
coalición de partidos a cargo del Gobierno que también resulta
inédita en la historia política del país. La Alianza
que ganó las elecciones generales y que encabeza el Partido Radical
incluye a sectores disidentes del peronismo integrados en el Frente por
un País Solidario (Frepaso), junto con socialistas y demócratas
cristianos y representados por Carlos Chacho Álvarez, vicepresidente
de la nación. El llamado Movimiento, una alianza social de hecho
que siempre representó el peronismo, ha quedado reducida ahora sólo
al Partido Justicialista en la oposición y del que Menem se propone
reasumir la presidencia la semana próxima.
Ante la Asamblea Legislativa y los invitados extranjeros, entre los
que se encontraban la mayoría de los presidentes de países
de la región, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón,
y el príncipe Andrés, duque de York, De la Rúa se
estrenó con un discurso seco, duro, de escaso contenido en medidas
concretas -sólo anunció la intervención inmediata
del instituto que administra los fondos de seguridad social para los jubilados
y un futuro aumento salarial a los maestros de escuelas-, pero de alta
densidad en definiciones sobre cuál será el estilo y el perfil
de su Gobierno.
El "cambio profundo" que propone De la Rúa se basa en una política "ética, solidaria y progresista". La acción transparente, la honestidad, la austeridad y la lucha constante contra "cualquier forma de corrupción" serán los principios del nuevo Gobierno.
De la Rúa prometió que "serán sometidos a los jueces
de la nación" todos los agentes de la Administración pública
que se aparten de esas normas generales. En ese estilo de "decirle al pueblo
las cosas como son", De la Rúa advirtió de que asume la presidencia
"sin que se haya aprobado el presupuesto para el año 2000". Según
el nuevo jefe del Estado, "desde el Gobierno saliente se había anunciado
públicamente una colaboración que no se dio en los hechos".
De la Rúa criticó a los funcionarios que se van "y sólo
piensan en aumentar la planta del personal y en dar aumentos de salarios
que se cargan al próximo presupuesto".
Para el nuevo presidente, "la situación es grave" y "peor" que
la informada, porque se debe cubrir un déficit de 10.000 millones
de dólares (1,64 billones de pesetas). "Por eso no se puede decir
alegremente que se entrega la Administración con las cuentas ordenadas".
Además de comprometerse a bajar el coste del funcionamiento del
Estado, el nuevo presidente pidió "un esfuerzo adicional" que, según
aclaró, será "transitorio" y ha sido pensado para que no
afecte a los más pobres. "Debo ser sincero, este presidente no quiere
más impuestos, pero hay que bajar el déficit", advirtió.
Reforma tributaria
El nuevo presupuesto y la reforma tributaria serán los primeros proyectos a debate en el Parlamento cuando la próxima semana se integre la nueva Cámara de los Diputados, en la que la Alianza pasará a tener la mayoría absoluta.
Por su parte, el peronismo mantiene el control del Senado hasta el 2001.
El Congreso aprobó ayer la nueva Ley de Ministerios, que amplía
de ocho a diez las tradicionales carteras del Gabinete y al que se agregan
la ministra de Acción Social, Graciela Fernández Meijide,
y el ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo.