Dejó una nota de suicidio dirigida a su esposa 

JUAN JESÚS AZNÁREZ, México 
Juan Manuel Izábal, de 42 años, se suicidó incapaz de afrontar lo que se le venía encima, convencido de que los 700.000 dólares (120 millones de pesetas) acumulados ilegalmente como oficial mayor (jefe administrativo) de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) le iban a destrozar la vida. "Te vas a enterar de cosas nuevas que desconoces y te vas a decepcionar", escribió a su esposa antes de pegarse un tiro en la boca. 
 

Parabrisas del vehículo en el que viajaba, el 27 de febrero, el jefe de policía de Tijuana (AP).

El titular de la Fiscalía, Jorge Madrazo, había recibido el pasado martes una llamada del director jurídico de Citibank informándole de que el funcionario, su brazo derecho, guardaba 700.000 dólares en una caja de seguridad del banco. "Soy el primer sorprendido, ya que siempre tuvo un modo honesto de vivir", declaró el fiscal.
 
 

Juan Manuel Izábal, padre de tres hijos de ocho, diez y doce años, al cargo de multimillonarias compras y transacciones y de la lucha contra la corrupción en la PGR, escribió dos cartas póstumas. En una decía: "No se culpe a nadie de mi muerte. Es mi decisión y la asumo. Que Dios me perdone". Fue encontrado tumbado sobre el volante de su todoterreno, con un único impacto en el paladar. "Alejandrina, amor mío", escribió a su esposa, "perdóname por lo que voy a hacer. Ojalá que las cosas hubieran sido de otra manera". El dinero, le informaba, "es producto de negocios que he hecho, pero que en mi posición de servidor público no se entenderían. No es de narcos, ni mucho menos, pero no lo declaré y las circunstancias me ponen contra la pared".
 
 

El abogado Izábal, nacido en Acapulco, estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pasó a la PGR en 1993, reclamado por Madrazo. Por sus manos pasaban los recursos financieros, administrativos y humanos de la procuraduría. Bajo su responsabilidad se adquirieron equipos por 310 millones de dólares en 1999, y recientemente participó en la compra de 24 helicópteros. Una de las posibilidades es que los 700.000 dólares provengan de comisiones, y otra es que hubiera sucumbido a la tentación de adueñarse de propiedades incautadas a delincuentes.
 
 

El difunto tuvo también relaciones en la PGR con Mario Ruiz Massieu, director en los ochenta del Patrimonio de la Beneficencia Pública en la Secretaría (ministerio) de Salud, quien recientemente se suicidó en EE UU durante un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. En octubre de 1997, Ruiz Massieu llamó a su viejo amigo para hablar de su difícil situación. "Por lo que fuimos, por los años que compartimos tanto, por tu tono amable en esa plática de octubre [de 1986] siéntete bien", le decía. "Por lo demás que toleraste a cambio de un cargo burocrático, debes sentirte indigno como persona y equivocado como ser humano. Cambiaste la posibilidad de ser un hombre libre por tu salario, y eso no te lo debes perdonar jamás".
 
 

El funcionario, finalmente, no se conformó con el salario, y decidió adentrarse en la ilegalidad. "No quiero hacerte pasar un infierno, ni a los niños. Diles a mis hijos que su padre los quiere mucho, que le duele en el alma dejarlos, pero le dolería más hacerlos sufrir esa vergüenza plenamente de su padre acosado y despedazado. Los adoro y me los llevo en el alma".
 
 

Un riguroso sistema
 
 

La transformación de Izábal causó sorpresa. Controlaba enormes sumas, los salarios, las relaciones con los sindicatos, las armas o las gasolinas de los aviones. Puso en marcha un riguroso programa de capacitación entre los policías judiciales, que incluía el detector de mentiras y exámenes psicológicos, controles que le granjearon antipatías en la plantilla. En los últimos cuatro meses, por instrucciones de Izábal, fueron dados de baja 250 agentes federales, culpables de corrupción o con rastros de haber ingerido drogas. "El que nada debe, nada teme", decía a sus amigos. La dirección de la PGR ha ordenado una auditoría en la Oficialía Mayor para deslindar responsabilidades y posibles complicidades. 

Los asesinos del jefe de policía de Tijuana mataron a otros oficiales y abogados 

J. J. AZNÁREZ, México 
Ametrallado a placer, con 50 impactos en el cuerpo y otros 50 en la carrocería de la furgoneta que conducía, el último jefe de la policía de la ciudad fronteriza de Tijuana, Alfredo de la Torre, fue supuestamente asesinado el pasado 27 de febrero por encargo, por sicarios contratados por el narcotráfico y en complicidad con policías de la ciudad fronteriza. Pero no sólo cayó De la Torre. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado de Baja California atribuye a la banda otros 14 asesinatos, algunos de destacados ciudadanos, entre ellos tres abogados y otros dos oficiales de policía. El objetivo del atentado contra el jefe policial sería crear confusión en este tramo de la frontera con Estados Unidos para facilitar el narcotráfico.
 
 

Infiltrados los cuerpos de seguridad por los carteles, sobornados muchos de sus miembros, México afronta un complejo desafío: la purga de las instituciones encargadas de luchar contra el delito y de administrar justicia. Los seis presuntos asesinos de Alfredo de la Torre fueron contratados, a través de terceras personas, por Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Mayo Zambada, prófugo de la justicia federal desde 1998 y tenido como uno de los jefes del cartel que dirigía el difunto Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Ismael Zambada, de acuerdo con las investigaciones llevadas a efecto por la Procuraduría (Fiscalía) era el encargado de sobornar a los policías y militares situados en puestos clave. Según el diario Reforma, cuatro agentes municipales fueron detenidos en el interior de una furgoneta Cherokee, vehículo similar al utilizado en el crimen, como presuntos cómplices en varios asesinatos, incluido el de Alfredo de la Torre.
 
 

El 'caso Colosio'
 
 

También en Baja California, a plena de luz de día, fue asesinado en abril de 1994 Federico Benítez López, director de Seguridad Pública de Tijuana, que se había declarado depositario de importante información sobre el caso Colosio. Luis Donaldo Colosio, candidato del gubernamental Partido de la Revolución Institucional (PRI) a la jefatura del Gobierno, fue asesinado en 1994 después de un mitin en el barrio Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, una de las principales rutas del narcotráfico hacia el mercado de Estados Unidos. La muerte del candidato, quien había prometido en campaña decencia y apertura política, todavía no ha sido esclarecida.
 
 

Las revelaciones sobre el asesinato de De la Torre, con 25 años en la Policía Municipal, en cuyo cuerpo de motoristas comenzó su carrera, demuestran la gran capacidad corruptora del narcotráfico, sobrado de fondos para contratar a matones y multiplicar los bajos salarios de los policías. "En sus declaraciones, los [seis] detenidos confesaron haber ejecutado los [15] homicidios por el pago de diferentes cantidades [entre 3.000 y 6.000 dólares por cada uno de los crímenes]", informó un comunicado de la PGJ de Baja California. "Y [confesaron] que tales encomiendas les fueron hechas por individuos que dijeron actuar por encargo de una persona de nombre Vicente Zambada, con la intención de desestabilizar la tranquilidad pública y crear un ambiente de confusión que le permitirá ampliar su presencia hacia esta frontera en acciones del narcotráfico".