Relato de uno de los testigos en la detención de nueve suboficiales argentinos por el robo de niños 

EL PAÍS, Madrid 
"Los bebés se regalaban como gatitos", afirma en un relato desgarrador uno de los testigos interrogados durante la investigación por el robo de niños en la Base Naval de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, durante la dictadura militar que sufrió Argentina entre 1976 y 1983. Esta investigación provocó el sábado el arresto de nueve suboficiales retirados de la Armada argentina. El diario bonaerense Página12, que adelantó el sábado la noticia, publicaba ayer algunos de los testimonios recogidos por la juez María Servini de Cubría durante las investigaciones. 
 

Manifestación de las Madres de la Plaza de Mayo ante unas instalaciones militares, en 1998 (Efe).

Un oficial, "de apellido Vera", tenía "la ilusión de que le dieran a un chico blanco, pero le quisieron dar uno que era medio negrito", revela uno de los testigos. "Como no lo quiso, al bebé le hicieron desaparecer. Esto se hizo bastantes veces. Los únicos chiquitos que importaban eran los recién nacidos y si eran blanquitos", recoge el periódico. Además, "a los más grandes siempre se los sacaban de encima".
 
 

Esta declaración, efectuada por uno de los vecinos de los suboficiales que presuntamente robaron hijos de detenidos-desaparecidos nacidos durante la dictadura, no hace sino sacar a la luz una realidad que, según el periódico, era conocida en toda la zona residencial de Las Toninas, donde los hijos de militares "que eran botín de guerra eran un secreto a voces".
 
 

La investigación cobra además especial relevancia porque estas pesquisas podrían conducir a esclarecer el robo de otros niños, hasta alcanzar los 20, lo que por primera vez podría probar que la sustracción de menores fue sistemática: "Mataban a la madre y distribuían a los bebés entre parejas ligadas a los marinos". "Todos sabíamos que la señora de Policarpo Vázquez [suboficial detenido en marzo] salía del edificio simulando estar embarazada con una almohada a la altura de la panza", afirma uno de los testigos. "Había un enfermero de apellido Romero. Éste ponía la anestesia a los detenidos y luego los tiraba al mar", afirma otro de los vecinos en referencia a Amadeo Romero, otro suboficial detenido. "Recuerdo que la esposa de Díaz [otro suboficial, que huyó a Paraguay] me dijo: 'Mi marido no me dejó llorar al bebé que perdí porque enseguida me trajo una niña de no sé quién", confirma otra de las testigos.
 
 

La orden de detención fue dictada por Servini de Cubría a partir de una denuncia de las Abuelas de la Plaza de Mayo. En otra de las causas iniciadas por las Abuelas de la Plaza de Mayo se encuentran arrestados los ex presidentes Jorge Videla y Reynaldo Bignone, el ex jefe de la Armada Emilio Massera, el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason y el ex capitán naval Jorge Tigre Acosta.
 
 

La operación de arresto de los nueve suboficiales fue desarrollada por 20 gendarmes, que llegaron el sábado de madrugada a Mar del Plata. Todos los detenidos cuentan con hijos nacidos entre 1976 y 1980, niños que ahora tienen entre 23 y 27 años y que fueron inscritos como propios por los suboficiales. Todos estos militares serán trasladados a Buenos Aires, donde serán interrogados a partir de hoy. Hoy también se estudiarán los documentos de identidad de los niños para después practicar a los militares exámenes de ADN para determinar la verdadera identidad de los bebés.
 
 

El robo de bebés no fue incluido entre los delitos eximidos por las polémicas leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, por las cuales se beneficiaron más de un millar y medio de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad acusados de violaciones de los derechos humanos. 

Un paso adelante hacia la justicia 

EP, Madrid 
La portavoz de las Madres de la Plaza de Mayo, Andrea Benítez, califica de "paso hacia adelante en la justicia" las detenciones de los nueve suboficiales de la Marina. "A estos niños nunca se les permitió conocer su verdadero origen", explicó Benítez.
 
 

Además, destacó que estos secuestros de bebés se conocían ya desde 1985, cuando comenzaron los juicios contra la cúpula militar de la dictadura, pero que ahora han sido denunciados ante la posibilidad de que se produzcan extradiciones de altos mandos militares por parte de alguno de los países que investigan estos crímenes.
 
 

"No podemos cubrir con un silencio de olvido este asunto, porque los criminales deben pagar por lo que hicieron", insiste Andrea Benítez. "Se trata de crímenes contra la humanidad, delitos que no prescriben, por los que sus autores deberían ir a prisión".
 
 

Para las Madres de la Plaza de Mayo, la justicia sigue siendo el principal objetivo de su lucha. "La justicia debe ser un valor natural y no un objetivo por el que siempre hay que luchar, con el sufrimiento de las personas". 

La causa argentina del juez Garzón 

EL PAÍS , Madrid 
El 2 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón notificó una resolución por la que procesaba a 98 autoridades argentinas relacionadas con las juntas militares y la dictadura de aquel país entre 1976 y 1983. Garzón inculpaba a los procesados en los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, ratificaba la prisión provisional incondicional de 10 de los procesados y acordaba esa medida cautelar para otros 87. Para todos ellos decretaba orden de busca y captura internacional. En cambio, confirmaba la libertad provisional del ex capitán de la Armada Adolfo Scilingo, que testificó sobre los vuelos de la muerte, en los que los militares arrojaban al mar a los detenidos-desaparecidos.
 
 

Varios de estos 98 militares procesados por Garzón ya estaban en arresto domiciliario por orden del juez argentino Adolfo Bagnasco, que les procesó por el robo, retención y suplantación de identidad de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.
 
 

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el procesamiento y la orden internacional de busca y captura de los 98 militares argentinos decretados por Garzón, al que pidió que archivase la causa por falta de competencia de la jurisdicción española. El fiscal pedía a Garzón que levantara las imputaciones y medidas cautelares dictadas. El 30 de diciembre, Garzón ordenó la busca y captura internacional de 48 de los 98 militares y policías argentinos procesados en noviembre por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Garzón ordenaba a la Interpol la detención a efectos de extradición de estas personas. A partir de ese momento, estas 48 personas no pueden abandonar Argentina bajo el riesgo de que les suceda lo mismo que a Augusto Pinochet.
 
 

Sin embargo, la orden no tiene efectos prácticos en Argentina, que no reconoce la jurisdicción española y cuyas autoridades han señalado que las órdenes de Garzón no tendrán allí "efectos operativos".