El general Augusto Pinochet ha vuelto a Chile. Durante los últimos diez meses he debido ejecutar la política del presidente de la República respecto de este caso, que ha sido, probablemente, uno de los problemas diplomáticos más difíciles de nuestra historia como nación. Él ha exigido de nosotros mucho más que el normal ejercicio de la disciplina funcionaria. A nadie debiera escapar que, quienes debimos asumir esta responsabilidad, somos miembros de un partido que vio a muchos de los suyos asesinados, torturados y exiliados por el régimen encabezado por aquel cuyos derechos hemos debido ahora defender. Quiero declarar que durante todo el curso de este proceso buscamos responder a una ética de la responsabilidad, sobreponiendo de buena fe lo que consideramos era el interés de la sociedad en su conjunto y el equilibrio de los distintos valores comprometidos en el asunto; esto, por sobre el interés legítimo de organizaciones y grupos, incluso por sobre nuestros propios sentimientos y deseos personales, a pesar de que todo ello nos costara, como se sabe, graves incomprensiones de parte de muchos a quienes respetamos y queremos.
 
 

Por estas razones me ha parecido legítimo exponer públicamente mis ideas finales ante este grave episodio de nuestra historia.
 
 

- Lo primero y más fundamental es que los chilenos recordemos hoy que el origen de esta historia radica en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y, de manera más inmediata, en el menosprecio con que el general Pinochet observó siempre el repudio que el mundo sintió frente a ellas. Por ello, tan pronto se conoció la decisión final del ministro Straw, he subrayado que, en definitiva, el responsable y la víctima de este episodio que ha causado tanto daño a la imagen de nuestro país ha sido el propio general Pinochet.
 
 

- Dijimos muchas veces que ningún Estado democrático, en una sociedad donde impera un orden constitucional y se garantizan las libertades públicas, puede admitir la intromisión de tribunales de otro país en el juzgamiento de crímenes cometidos por nacionales dentro del territorio nacional, cuando éstos están siendo examinados por sus propias cortes de justicia y no existe un tratado internacional que lo obligue. Fue en ese sentido que no aceptamos la aplicación extraterritorial de la ley penal española con que se inició este proceso, y más tarde no reconocimos en el fallo sobre la aplicación del Tratado contra la Tortura al caso Pinochet emitido por la Cámara de los Lores un principio de vinculación de España con los crímenes que se deseaba investigar. Reitero hoy que esos principios siguen siendo válidos y que la principal conclusión del llamado caso Pinochet es la necesidad de establecer un tribunal penal internacional que pueda juzgar los crímenes contra la humanidad. Afirmo que Chile debe avanzar no solamente en la ratificación del Tratado de Roma, sino que debe promover activamente en los foros internacionales su ratificación internacional.
 
 

Al mismo tiempo, reafirmo mi convicción de que la extradición del general Pinochet a España y su juicio en Madrid, de haberse concedido, habrían abierto entre nosotros las más profundas heridas del pasado, habrían producido una ruptura histórica en nuestros lazos con España y, más importante todavía, habrían hecho aparecer la verdad y la justicia ante una parte muy importante de la sociedad chilena como una imposición y no como un compromiso nacional; como una arbitrariedad neocolonial y no como un proceso forzado por la necesidad de alcanzar un nivel más alto en la ética que debe regir nuestras relaciones ciudadanas. Algo parecido habría generado la muerte del general Pinochet en el exterior, la que, además de haberle dotado para algunos del heroísmo del que le privaba en vida su condición en Londres, habría frustrado, por su dramatismo, la búsqueda en buena fe y por todos de la verdad sobre nuestro pasado.
 
 

- Por esta razón, orientó mi conducta la convicción que los problemas e insuficiencias de un proceso de transición que no se halla aún completado no pueden ser resueltos desde el exterior. No es verdad que tribunales de un país puedan ajustar las cuentas del pasado traumático de otra sociedad cuando una parte importante de ésta no concede legitimidad a sus fallos. El factor ejemplificador que siempre acompaña un juicio, y cuyo valor en este caso ha sido subrayado como tan importante para la comunidad internacional, se habría tornado en un factor perverso en la sociedad afectada, petrificando conductas recalcitrantes en instituciones que todos los chilenos queremos valorar, y en grupos sociales que es urgente incorporar ahora plenamente a una ética de defensa de los derechos humanos. Es por esta razón que, frente a la iniciativa del juez español y ante la actitud de quienes han querido ver en ella un avance en el derecho internacional y la globalización de la justicia, he preferido priorizar la fe en la maduración política de nuestra comunidad nacional y en la búsqueda por nosotros mismos de la verdad y de la justicia, por más difícil que sea, orientada por el objetivo superior de la erradicación definitiva de la visión de Chile como un país de enemigos.
 
 

- Y es en virtud de este mismo espíritu que no es aceptable que se pretenda tratar livianamente el significado de la detención del general Pinochet en Londres.
 
 

Nuestras razones para exigir su regreso, válidas como son, no pueden hacer olvidar que quien fuera el responsable del Estado de Chile durante diecisiete años fue condenado masivamente por la opinión pública mundial, y que las violaciones a los derechos humanos que marcaron su gobierno fueron exhibidas una y otra vez por los medios de comunicación de Europa y del mundo, hasta el punto de que la imagen del Chile de los setenta se sobrepuso a la de nuestro país actual, echando por tierra ante millones de personas todo lo que los chilenos hemos logrado hacer en términos políticos desde el inicio de nuestra transición.
 
 

¿Es acaso posible que alguien se extrañe porque quienes tenemos la responsabilidad de defender a Chile en el exterior podamos sentir indignación ante el intento de recibir a quien ha sido responsable de todo esto como si nada hubiera sucedido?
 
 

- Se dice que los sentimientos de afecto de las instituciones de la defensa hacia el general Pinochet son legítimos. Eso no es el asunto. También son legítimos los nuestros. Con esa lógica, quienes sentimos aversión hacia la figura del general, y nos conmueve profundamente la lucha de los familiares de los desaparecidos; quienes no podemos más que sentir dolor ante esos miles de chilenos que vieron sus vidas tronchadas por la dictadura y quedaron para siempre fuera del país, deberíamos habernos liberado de nuestras responsabilidades de Estado. Podríamos haber cesado la defensa de jurisdicción chilena, permitiendo, tal como lo pedían tantos de nuestros amigos y compañeros, que Pinochet quedara abandonado a su propia suerte. Habríamos así cedido ante nuestros sentimientos y abandonado nuestras responsabilidades de Estado. No fue eso lo que hicimos y las Fuerzas Armadas lo saben bien. Por eso tenemos el derecho de exigirles el mismo sentido de responsabilidad que el Gobierno de Chile mostró ante este desgraciado asunto. Y esa responsabilidad no fue honrada en la recepción que se brindara al general Pinochet el pasado viernes.
 
 

- Deseo con sincera pasión que esta responsabilidad sea asumida en el futuro.
 
 

Reitero que el sentido más profundo de nuestro esfuerzo como Gobierno en esta historia ha sido recuperar el control de nuestras propias responsabilidades. Es eso lo que hace que un conglomerado de personas pueda conformar una sociedad y ésta pueda llamarse un Estado. La mesa de diálogo nos da la oportunidad de avanzar en la delimitación y la asunción de las responsabilidades de cada cual. Así como se hizo en muchas sociedades europeas cuando les tocó enfrentar el trauma de la Segunda Guerra Mundial, Chile, que ha vivido un trauma similar, requiere que cada uno de los actores que lo protagonizaron asuma sus propias responsabilidades. Soy abierto partidario de reconocer en voz alta aquellas que a mí, como a tantos miembros de la Concertación, nos caben por una década de polarización política e ideológica que sin duda contribuyó a crear hace treinta años el clima de violencia y destrucción de las instituciones democráticas. Pero no es posible que se pretenda enmascarar, con ellas, las otras responsabilidades, esas que se derivan de delitos atroces, agolpados para siempre en la memoria colectiva de los chilenos, y presentes, como hemos visto de manera tan palpable en estos quince meses, en la conciencia de toda la humanidad. Me refiero especialmente al crimen de las desapariciones forzadas de adversarios políticos. Para todos es válida aquí la frase de Václav Havel: "La virtud del perdón, y por lo tanto la libertad respecto de la propia ira, sólo puede florecer en el terreno de la justicia".
 
 

- Basado en este concepto, he afirmado durante todo el periodo de mi gestión, y reafirmo hoy, que el general Augusto Pinochet debe responder ante nuestros tribunales por sus responsabilidades en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo en que tuvo el control del Estado de Chile. Debe responder por su propio bien y por el bien de las instituciones que quiere, por su propia dignidad y por la de su país. Ello contribuiría a que los chilenos pudiéramos recuperar una paz que nuestro pasado parece no permitirnos. Desde allí deberemos avanzar construyendo una memoria colectiva de nuestros años de división, de tal manera que quienes nos sucedan tengan como principio de su acción ciudadana y su vida en comunidad la idea fuerza de "Nunca más".
 
 

Santiago, 7 de marzo de 2000.