ROSA TOWNSEND

Trabajadores almuerzan en una plantación de caña de azucar a 100 kilómetros de La Habana  (Epa).

El 15 de octubre de 1960, al ver que su central azucarera estaba entre la lista publicada en la Gazeta Oficial de Cuba de los 105 expropiados por la revolución, los Sánchez Hill hicieron las maletas. Unos se fueron del país casi con lo puesto, otros se resistían a pensar que habían perdido la fortuna y esperaron dos años a la invasión que nunca llegó desde Estados Unidos para derrocar a Fidel Castro. Como tantos otros hacendados cubanos, la mayoría de la familia huyó del régimen comunista rumbo a Miami con la esperanza de volver en poco tiempo. Casi cuarenta años después siguen con la quimera de recuperar sus propiedades, o de que les indemnicen por "usufructo" quienes las ocupan.
 
 

Con ese afán se han unido los más de cien descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, dispersos por la geografía norteamericana -e incluso algunos distantes en Venezuela y España- y han montado en Florida la corporación Central Santa Lucía LC (con el mismo nombre del ingenio azucarero fundado por el patriarca en 1857).
 
 

A través de esa sociedad limitada pretenden canalizar las indemnizaciones que, según ellos, deben pagarles Meliá, LTU y AirTransat, las tres empresas que gestionan hoteles situados en las 100.000 hectáreas que les pertenecieron, en un terreno rectangular que abarca desde Gibara hasta Playa Guardalavaca, en la parte oriental de la isla.
 
 

Los Sánchez Hill son viejos ricos de la Cuba venidos a menos en el exilio, a los que muy pocos conocen en Miami porque no se han significado ni en la política anticastrista, ni han alcanzado prominencia en las finanzas, ni salen en las crónicas sociales. "Deben ser muy discretos porque yo no los conozco. No han sido activos en el exilio", dice Tomás García-Fusté, el periodista pionero de la radio local en español que lleva cuatro décadas en Miami.
 
 

La vida en Norteamérica no les resultó tan fácil como en Cuba. En los primeros tiempos tuvieron que hacer la misma cola que los pobres de cuna para comer en el centro de refugiados de Miami y trabajaron en lo que iba saliendo, aunque no pasaron hambre. Lo cuenta su abogado, Nicolás Gutiérrez, tras el que se han parapetado para cualquier comunicación. Cuando EL PAÍS llamó esta semana a tres de ellos, Elvira Sánchez, Antonio Latour y Víctor Pedroso, respondieron: "No tenemos nada que decirle". Su portavoz insiste en que "no quieren hablar porque no les interesa que se sepa nada de su vida".
 
 

No son ricos ni famosos. Con excepción de Tina Reyes Sánchez, casada con el magnate azucarero Alfonso Fanjul, amigo personal de Bill Clinton, que el pasado año se hizo famoso internacionalmente durante el escándalo Lewinsky porque era el que estaba al otro lado del teléfono mientras Mónica y el presidente mantenían uno de sus encuentros "inapropiados".
 
 

Fanjul ha sido también uno de los mayores recaudadores de dinero para Clinton. Tina y Alfonso Fanjul están oficialmente casados pero viven separados desde hace años, ella en una mansión de Palm Beach y él en otra de Coral Gables. Incluso Tina ha llevado una vida tan discreta que muy pocos la conocen. Ella desciende de los Sánchez de la primera de las tres esposas del patriarca, Encarnación Sánchez-Aballí. Sus padres, Mirta y Gustavo, son ganaderos en Venezuela, pero viven la mitad del año en Miami.
 
 

En su misma rama, hay otros primos que se dedican a criar ganado y cultivar caña en Palm Beach. Uno de ellos, Alfredo Sánchez, es abastecedor de caña, aunque modesto, de los multimillonarios Fanjul. Pero el negocio no prospera lo suficiente y la tierra es cara de mantener, por lo que Alfredo la ha puesto recientemente en venta. Con el paso de los años el resto de la familia ha logrado una situación económica desahogada de clase media o media-alta. Son profesionales como Antonio Latour Sánchez, periodista que trabajó para Newsweek en español, o banqueros, como Víctor Pedroso Sánchez.
 
 

Ambos son primos de Tina y viven en Miami y Coral Gables. Otros parientes se fueron más al norte de Florida, a Nueva York, Luisiana y Alabama. Todos tienen acciones en la nueva corporación Santa Lucia LC bajo una fórmula de reparto que es réplica de la que dejó en su testamento el patriarca antes de morir en Cuba el siglo pasado: un 50 % para los hijos de la primera esposa, un 30% para los de la segunda y el resto para los de la tercera.
 
 

Los antepasados de la familia fueron de los primeros españoles que llegaron a Florida hace más de dos siglos y luego se trasladaron a la que entonces era provincia de España, donde echaron raíces hasta la llegada de Fidel. El árbol genealógico reciente empieza en 1857 cuando el patriarca, Rafael Lucas Sánchez Hill, se traslada de Matanzas a Holguín para fundar la Central Santa Lucía, con capacidad para procesar "400.000 arrobas de caña cada veintuacro horas" según reza el Manual Azucarero de Cuba. En Estados Unidos, los Sánchez Hill han formado junto con el resto de ex azucareros cubanos la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, cuya principal misión en el exilio es "desalentar las inversiones en los terrenos que les expropió la revolución o que compensen a los dueños legítimos", explica el abogado Gutiérrez, cuya familia pertenece a la asociación.
 
 

Ese propósito le llevó a participar activamente en 1996 en la redacción de la ley Helms-Burton, por la que ahora el Departamento de Estado tiene puesta en su mirilla a Sol Meliá y a otras empresas. La ley penaliza a todas las empresas extranjeras que "trafiquen" con bienes expropiados por la revolución cubana después del 1 de enero de 1959.
 
 

La buena conexión que estableció Gutiérrez con el senador republicano ultraconservador Jesse Helms le ha servido mucho en la campaña de presión tras bambalinas que ha orquestado para que EE UU apriete las tuercas de la ley contra las empresas ubicadas en las propiedades que reclaman la docena de clientes a los que representa, además de los Sánchez Hill.
 
 

Hasta el momento ha logrado más ruido que nueces.
 
 

A Gutiérrez y a los Sánchez Hill les basta con lo que están logrando. "El otro día me llamaron de Madrid para decirme que las acciones de Sol Meliá bajaron después de publicarse que el Departamento de Estado les iba a enviar de forma inminente una carta", dice Gutiérrez en su lujoso despacho de la calle Brickell, en el Downtown de Miami. 

Los Sánchez Hill nunca han entablado una demanda legal en los tribunales de Estados Unidos para reclamar una indemnización a Sol Meliá y otras empresas que operan en los terrenos que fueron de su propiedad en Cuba. Sencillamente no pueden hacerlo, al haber quedado en suspenso el capítulo tres de la ley Helms-Burton por orden del presidente Clinton.
 
 

La única vía de sancionar a las empresas que "trafiquen" con propiedades expropiadas en Cuba por la Revolución es el capítulo cuarto de la ley Helms-Burton, pero sólo lo puede invocar de oficio el propio Gobierno de Estados Unidos, no los particulares. A éstos sólo les queda la vía de presión indirecta, que es la que han estado ejerciendo los Sánchez Hill a través de su abogado, Nicolás Gutiérrez. El padrino de los expropiados cubanos en Washington es el senador Jesse Helms, autor de la ley, e ideológicamente próximo al exilio anticastrista de Miami. A través de él se han canalizado las presiones para que, por ejemplo, fuera cesado Mike Runneberger como director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. La queja contra Runneberger era que en tres años no ha puesto en práctica las sanciones.
 
 

Los Sánchez Hill están capitalizando el pulso de fuerza entre la Casa Blanca y el senador Helms, del que se han hecho eco los principales periódicos norteamericanos. La táctica de Helms es boicotear los nombramientos en asuntos exteriores que hace Clinton. Uno de ellos, vinculado directamente a la aplicación del capítulo cuarto de la ley Helms-Burton contra Sol Meliá, es el de Peter Romero como subsecretario de Asuntos Hemisféricos, que desde hace un año está paralizado. Helms envió el 15 de septiembre una carta a Romero en la que le recordaba que esperaban que diera los "pasos necesarios en el caso de Sol Meliá", según una copia a la que ha tenido acceso EL PAIS.