Una testigo acusa al Ejército mexicano de ejecutar a indígenas en un golpe antiguerrilla

Varias ONG piden que la Suprema Corte investigue la muerte de 11 miembros del EPR

JUAN JESÚS AZNÁREZ, México
Acusada de militar en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), la estudiante de sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Erika Zamora, de 21 años, fue encarcelada en la prisión del puerto de Acapulco, y desde allí denunció que la operación castrense del pasado día 7 contra aquella guerrilla fue sin cuartel: gentes desarmadas fueron muertas rendidas y los detenidos sufrieron torturas. Once supuestos miembros del marginal EPR, que opera principalmente en la sierra de Oaxaca, perdieron la vida en el asalto militar a la escuela donde varios mandos adoctrinaban a un grupo de campesinos.

«Entre las 5.30 y las 6 de la mañana, el primer indígena salió con las manos en alto. Se hincó y dijo: 'me rindo, perdónenme, nosotros no tenemos armas, no tiren'. Ahí, hincado, lo acribillaron. Fue el primer muerto de la cancha», acusó la detenida en un testimonio que publicó este lunes el diario La Jornada. «Era un campesino mixteco que no hablaba bien español, desarmado, que estaba pidiendo perdón».

Las circunstancias en que cayeron las once personas acusadas de empuñar las armas en el EPR difieren según el Ejército, la fiscalía, los detenidos o los sobrevivientes, y esas discrepancias condujeron al debate, y a la solicitud, cursada por organizaciones no gubernamentales, de que intervenga la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en las investigaciones.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha encontrado nada punible y exculpó a la tropa. «No se trató de ninguna masacre. Fue un enfrentamiento donde el Ejército mexicano fue agredido. De eso no hay sombra de duda», subrayó en conferencia de prensa José Luis Ramos Rivera, subprocurador.

Buscando respaldo

Los rebeldes habían pernoctado en la escuela tras una reunión de adoctrinamiento, encaminada a lograr el respaldo de los vecinos a un nuevo EPR llamado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Las admisiones de culpabilidad de los detenidos, añadió el funcionario, no son el resultado del tormento aplicado sino una maniobra defensiva de los arrestados.

El Ejército mexicano informó el día ocho que, habiendo observado la presencia de personas armadas en las cercanías de una escuela, una patrulla se identificó como tal y pidió su rendición. Lejos de hacerlo, los sospechosos corrieron hacia el interior del local, y junto a otros insurrectos abrieron fuego contra la unidad, que respondió con sus armas reglamentarias.

En días posteriores, la prensa local difundió relatos diferentes, y la Procuraduría salió en defensa del instituto armado. Además de incidir en la tesis de la defensa propia, proyectó a la prensa un vídeo con imágenes que Ramos identificó como pertenecientes a la reunión guerrillera desarrollada en la escuela el día anterior. Eperristas con fusiles AK-47 se movían por la zona en alguna secuencia. El examen Walter practicado a las once víctimas, destacó el funcionario, certifica que los disparos causantes de su muerte fueron efectuados a larga distancia.

Rafael Alvárez, inspector en la zona del Grupo de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dirigido por los jesuitas, se manifestó incrédulo. «Es una versión difícil de creer», declaró. «¿Cómo creer que si los del EPR iban armados con 14 AK-47 y el choque duró seis horas no ha habido ni un solo soldado herido, ni siqiera levemente?».

Según el recuento del activista, fundamentado en el relato de quienes aseguran haber conocido su desarrollo, hubo dos grupos en el interior de la escuela: uno, desarmado y el otro guerrillero. El primero, aproximademente veinte campesinos, fue obligado a tumbarse boca abajo en un campo de baloncesto.

Un indígena que no entendió la orden, al parecer el mismo al que se refiere Erika Zamora, habría recibido varios disparos mortales. «Otro que levantó la cabeza para ver a quien habían disparado, también fue muerto. Nos lo dijo el tercero en la fila de tendidos, que sobrevivió», dijo Álvarez.

De acuerdo a sus imputaciones, los soldados dispararon sobre las cabezas del grupo de detenidos boca abajo, y entonces, desde la escuela, los guerrilleros dispararon contra el Ejército. El destacamento rodeó la escuela y atacó a sus ocupantes.

La Jornada tituló este lunes a trazo grueso: «En El Charco se ejecutó a campesinos desarmados». Según Erika Zamora, hacia las dos de la madrugada del día 7, un campesino alertó sobre la presencia de soldados. Al escucharle se despertaron 15 personas que se encontraban en la misma aula, «todos civiles desarmados».

Miedo a morir

«Salgan, hijos de la chingada, se los va a llevar la chingada, hijos de puta», se les gritaba desde afuera. «La voz no se identificaba, y los que estaban en el aula decidieron no salir porque tenían miedo de que los fueran a matar. Después de una hora, el que gritaba dijo que eran del Ejército», agrega.

«Entre las 4.30 y las 5 de la mañana, los soldados comenzaron a disparar contra los salones. El tiroteo duró como 10 minutos y cuando cesó el fuego los militares siguieron gritando que salieran, y volvieron a disparar otros diez minutos. Erika dice que hubo campesinos muertos y heridos dentro del salón, pero ignora el número».

De acuerdo con el relato publicado por el diario mexicano, «ella salió detrás de un campesino, que ya había sido herido en el aula. Los soldados dispararon contra los que iban saliendo, y el herido cayó muerto en la cancha». Tanto Zamora como Efrén Cortés, 28 años, también del EPR, denunciaron torturas. «Estaba descalza y desnuda, sentada en una silla de fierro y sintió toques (descargas eléctricas) en los pies y en todo el cuerpo, por lo que perdió el conocimiento».

Ésta fue la denuncia de Cortés. «Me desnudaron y me vendaron y me pusieron toques eléctricos en los genitales, y en las rodillas. Después, me pusieron una soga en el cuello, recubierta con una tela y jalaban de la cuerda hacia atrás para ahorcarme. Me amenazaban con castrarme y violarme».

© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid