El presidente de la República Dominicana pone el Estado al servicio de su campaña electoral

MIGUEL ÁNGEL ORDÓÑEZ, Santo Domingo
La República Dominicana asiste estos días en televisión a escenas como la siguiente: a plena luz del día, militares y policías montan afanados el estrado desde el que el presidente Leonel Fernández proclamó a los candidatos de su partido, el de la Liberación Dominicana (PLD, centro izquierda), en la localidad de San Pedro de Macorís (sureste). Algunos de ellos bajan maderas y propaganda de vehículos con matrículas gubernamentales, mientras otros adornan el palco con globos del característico color morado del PLD. Los soldados, una vez comenzado el mitin, reparten, sonriendo a la cámara, banderines y globos morados entre el público llegado en vehículos oficiales.

Falta poco menos de un mes para la celebración de las elecciones (16 de mayo) que servirán para renovar los cargos legislativos y municipales del país surgidos de los fraudulentos comicios de 1994, que a su vez desembocaron en nuevos comicios presidenciales en 1996, aunque se respetaron los resultados para Congreso y ayuntamientos. Pero mientras, renace la polémica de las viejas prácticas electorales de los Gobiernos de Joaquín Balaguer de utilizar los recursos del Estado en beneficio del partido oficialista.

«La utilización de bienes y recursos públicos, algo ilegal, en esta campaña es descarada por parte del partido de Gobierno», señala categórico Guido Gómez Mazara, miembro destacado del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata), que ha presentado una denuncia, acompañada de varios videocasetes, ante el organismo encargado de velar por la transparencia de los comicios, la Junta Central Electoral.

Pan por votos

En similares términos se pronuncia el Partido Reformista Social Cristiano (liderado por el ex presidente Joaquín Balaguer y en su tiempo acusado de idénticas argucias) que, como el PRD, también identifica con nombres y apellidos a varios funcionarios gubernamentales como responsables de la compra de carnés electorales a simpatizantes opositores a cambio de alimentos básicos, becas familiares y de cantidades de dinero que oscilan entre los 200 y los 500 pesos dominicanos (entre 13 y 33 dólares).

Sin ese documento no se tiene derecho a voto. Entre los señalados figura un subdirector de la Oficina Nacional de Estadística, que ha reconocido que participa en el reparto de ayudas sociales en la capital.

«¿Qué hace un subdirector de estadística repartiendo cheques para ayuda a familias pobres en sectores donde el PRD es fuerte?», pregunta Guido Gómez.

La polémica alcanza incluso a proyectos sociales financiados por las Naciones Unidas en el país, actualmente bajo investigación tras resultar detenido un funcionario en San Juan de la Maguana (suroeste) que tenía en su poder más de 700 cédulas electorales.

En las puertas del local central del político Movimiento Dignidad Patriótica en Apoyo a Leonel (Modipaleon) se suelen agolpar centenares de personas pobres que, como todas las semanas, buscan una bolsa con alimentos básicos, según Miguel Pérez -presidente de dicho movimiento-, provenientes del Plan Social de la Presidencia. Cada uno de ellos porta un carné con los colores del oficialista PLD, en el que aparecen los datos del beneficiario junto al rostro sonriente del presidente.

El mismo movimiento se encarga de repartir, «en nombre del presidente», agua potable en camiones cisterna en más de una decena de barrios. Curiosamente, también les son fotocopiadas sus cédulas de identidad y electoral para «saber si están aptas para votar», según el presidente de la entidad, que tampoco se ruboriza al explicar que su prioridad son los barrios marginados, «porque ahí es donde se consiguen los votos».

El candidato socialcristiano por Barahona (sureste), Luis Toral, denunció ayer que en todos los mítines políticos que organiza se infiltran funcionarios que se encargan de identificar a los empleados públicos que acuden a actos de la oposición. El objetivo, según Toral, es identificarlos para privarles de ayudas sociales y tomar represalias laborales, que pueden llegar al despido.

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