El País Digital
Lunes
4 mayo
1998 - Nº 731

Presiones en El Salvador para que no se reabra el caso de las monjas estadounidenses asesinadas

J. J. DALTON , San Salvador
La reapertura del caso de las monjas estadounidenses asesinadas en El Salvador en 1980 no se presenta tarea fácil. Cuatro de los cinco ex agentes de la desaparecida Guardia Nacional (GN), que cumplen una condena de 30 años por este crimen, denunciaron este fin de semana que ellos y sus familiares están siendo intimidados para que no vinculen a altos oficiales en el homicidio (lo que podría llevar a reabrir el caso), y revelaron nuevas evidencias de la implicación del Estado.

Los soldados declararon que se les está amenazando con que no se les concederá una reducción de pena contemplada en el nuevo Código Penal (en vigencia desde abril pasado) si persisten en hacer declaraciones públicas en las que apuntan como últimos responsables del asesinato a dos ex ministros de guerra, los generales Guillermo García y Eugenio Vides, residentes en Florida (Estados Unidos). Los familiares de los convictos también han sido amenazados.

En la actualidad, Washington está recabando detalles para intentar que se reabra judicialmente el caso. Cincuenta y seis congresistas solicitaron recientemente a la secretaria de Estado (ministra de Exteriores), Madeleine Albright, que exija a las autoridades salvadoreñas el esclarecimiento total de los hechos, así como la desclasificación de todos los archivos del servicio secreto militar estadounidense sobre el caso, ya que existen denuncias de la implicación de la CIA en el mismo, ya que entonces asesoraba a la Guardia Nacional en la lucha antisubversiva.

El subsargento Luis Antonio Colindres Alemán y los agentes Daniel Canales, Carlos Joaquín Contreras, Francisco Contreras y José Roberto Moreno fueron condenados en 1984 por el crimen contra las religiosas estadounidenses a 30 años de prisión. En un claro ejemplo de la falta de independencia de la justicia, se consideró el asesinato un «crimen común», fruto de una acción aislada ejecutada «por iniciativa propia». Los culpables declaran ahora, por el contrario, que fueron presionados para que no implicaran a la cadena superior de mando de la Guardia Nacional, dirigida entonces por el general Vides.

El oficial que dirigía la unidad homicida y que podría revelar los nombres de quienes ordenaron los crímenes, Colindres Alemán, aislado en una cárcel del centro del país, es el único que se ha negado a hablar.

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