La sociedad civil irrumpe en el proceso de pacificación en Colombia

Huye de las FARC un rehén norteamericano

PILAR LOZANO, Bogotá
La casona que sirvió de vivienda al libertador Simón Bolivar, en pleno centro de Bogotá, dio vida ayer al Consejo Nacional de la Paz. «Es un espacio de concertación del Estado y la sociedad civil», explica el analista Alejandro Vargas. La idea es que esa pacificación trascienda de los Gobiernos y se convierta en una política de Estado. El consejo cuenta con 60 delegados, entre ellos empresarios, académicos, sindicalistas, miembros de ONG y de la Iglesia. Lo más importante es que, después de años de ausencia, la sociedad civil recupera su protagonismo.

Una refugiada espera ayuda en la ciudad de Pavartando, en Urabá (Reuters).

La puesta en marcha de este organismo consultor se hace cuando en el país está en punto muy bajo el optimismo frente a la posibilidad de una pronta reconciliación. Los últimos hechos son poco alentadores. Hace apenas dos días, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) frustró la posibilidad de que en este Gobierno se concretara un preacuerdo de paz, firmado el 9 de febrero en Madrid, y cada día se hace más fuerte la tensión por la amenaza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de ajusticiar a los norteamericanos que tiene en su poder desde hace 11 días. Uno de esos cuatro estadounidenses logró huir anoche y alcanzar la protección del Ejército.

A pesar de todo, el presidente Ernesto Samper anunció, al inaugurar el consejo, que mantiene «las puertas abiertas» para un diálogo con la insurgencia. Envió mensajes al ELN, al que pidió «cumplirle al país» sacando adelante lo acordado en Madrid, y a las FARC les ofreció una zona de distensión en un área ajena al conflicto.

Como testigo de honor fue invitado el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, artífice de la paz en su país. «Veo más anhelo de paz en el pueblo colombiano del que vi en Guatemala», confesó Arzú, quien aconsejó repetir su experiencia y su secreto.

Él, como la mayoría de los presentes en este acto, pidieron a las FARC que respeten la vida de sus secuestrados, tomados como rehenes en un retén que montaron en la vía que conduce de Villavicencio a Bogotá, y que los devuelvan a sus familias.

Desde el miércoles se suspendieron las actividades contrainsurgentes del Ejército en la zona donde permanecen los guerrilleros y sus secuestrados. Además de los norteamericanos -dos de ellos estudiosos de la vida de las aves- hay un italiano y siete colombianos. El comandante Romaña, que está al frente del grupo guerrillero, dijo hace dos días que con los bombardeos del Ejército él no podía responder por la vida de sus rehenes. Romaña fue el mismo que sorprendió al anunciar que ajusticiaría a los gringos en caso de comprobarse que tienen vínculos con agencias de inteligencia.

«Si se concreta, sería gravísimo», dijo el guatemalteco Manuel Conde Orellana, asesor de paz de la provincia de Antioquia. Es una inquietud que comparten muchos y que se hizo más fuerte después de que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Charles Wilhelm, afirmara que las Fuerzas Armadas colombianas no tienen capacidad para combatir a la narcoguerrilla.

Esta tendencia, cada vez mayor tanto en Estados Unidos como en Colombia, de no distinguir entre narcotráfico y guerrilla, tiene alarmados a los analistas de este país. Creen que se comete un grave error al mezclar estos dos fenómenos y ven como peligro real una «vietnamización» de la lucha contra el narcotráfico.

Ayer, jueves, y horas antes de instalarse el Consejo Nacional de Paz, los portavoces del ELN, Francisco Galán y Felipe Torres, hablaron desde su celda en la cárcel de alta seguridad de Itagüi. Aseguraron que su organización, dirigida por el ex sacerdote español Manuel Pérez, mantiene su voluntad de paz y se mostraron alarmados por el matrimonio que se quiere armar a la fuerza entre narcotráfico e insurgencia. Advirtieron que detrás del término narcoguerrilla se esconde la intención de EE UU de intervenir. «No aceptamos esta intromisión», dijeron.

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