a un policía ayer en la capital chilena (AP).
La decisión de la Audiencia divide a Chile entre el júbilo de las víctimas y la ira pinochetista
El Gobierno chileno anuncia el envío de una nota de protesta a Madrid
FRANCESC RELEA,
Santiago
La decepción y el desánimo de los adversarios de Augusto Pinochet y los familiares de las víctimas de la dictadura se tornó ayer en alegría y esperanza al conocer la decisión de la Audiencia Nacional española, 48 horas después de que un alto tribunal londinense defendiera la inmunidad del octogenario general. Como contrapunto, el ánimo de los partidos de la derecha pinochetista cambió a la inversa, y del júbilo pasó a la ira contra España. En medio, los representantes del Gobierno y de la Democracia Cristiana (DC) tratan de mantener un equilibrio y una ambigüedad que pocos comparten.
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a un policía ayer en la capital chilena (AP). |
A primera hora de la tarde, Frei se reunió en el Palacio de la Moneda con los principales ministros de su Gabinete y los altos jefes de las Fuerzas Armadas.
La lectura que hicieron en Santiago unos y otros de lo ocurrido ayer en Madrid es tan distante como el amor y el odio que despierta en Chile la figura de Pinochet. La polarización no ha hecho sino agravarse en los días que dura la detención del ex general. Para el presidente del Partido Socialista (PS), Ricardo Núñez, ha llegado el momento de que "se abran las compuertas y se haga justicia en Chile".
El máximo dirigente de uno de los partidos que sufrió las peores consecuencias del régimen militar de Pinochet, estima que el veredicto de la Audiencia Nacional española demanda a los chilenos la adopción de una decisión histórica: "No se puede seguir ocultando la violación masiva de los derechos humanos durante 17 años de dictadura. Lo que ha ocurrido en España nos obliga a actuar con la máxima serenidad y firmeza. Tenemos que lograr un gran acuerdo nacional para que no se imponga la impunidad en Chile".
Los seguidores del ex general Pinochet exigen su regreso inmediato a Chile y su plena reincorporación al Parlamento en su condición de senador vitalicio, en abierta confrontación con la posición defendida por el propio canciller Insulza en nombre de Gobierno, que pide una retirada del ex-dictador de la vida pública.
El vicepresidente de Renovación Nacional (RN), Alberto Cardemil, antiguo alto cargo del régimen militar, utilizó una retórica añeja al aludir a "un nuevo concepto colonialista e imperialista" de aquellos que "nos quieren imponer la ley del más fuerte". "No vamos a aceptar nunca esta pretensión aventurera, aunque se vista de justicia, cuando en realidad es un atropello a nuestra soberanía", dijo en tono amenazante. "Se nos ha impuesto un retroceso enorme en la convivencia de Chile por maniobras organizadas fuera y dentro del país. No nos vamos a dejar atropellar", añadió antes de sentenciar: "La Concertación [coalición gobernante] se va a quebrar y el centroderecha va a crecer".
El Gobierno de coalición entre demócrata-cristianos y socialistas atraviesa por su peor momento desde el comienzo de la transición hace nueve años, según reconocen en privado dirigentes de los partidos que conforman la alianza. El PS se siente cada vez más incómodo con los pasos dados por el Gobierno para conseguir a cualquier precio la libertad del ex dictador, en los que apenas ha sido consultado.
La perspectiva de una regreso de Pinochet en loor de multitudes aterra a destacadas figuras socialistas y no satisface a importantes sectores de la DC. El presidente de este último partido, Enrique Krauss, decía ayer: "No estoy ni contento ni apenado, sino simplemente preocupado. Están tratando de nuevo dividir al país entre buenos y malos. Es una batalla judicial que tiene efectos políticos. Aquí hay hambre y sed de justicia. Tenemos que buscar un gran acuerdo nacional que incluya a todos los sectores para resolver los problemas pendientes del país".
Un acuerdo nacional que también ha sido reclamado por el presidente de PS, pero que se antoja de difícil cumplimiento con políticos como Juan Antonio Coloma, de la propinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), que calificó la decisión de la Audiencia Nacional como "el atentado más grave en 188 años contra la soberanía de Chile".
La grandeza del fallo de ayer es ésta: los elementos indiciarios tipifican en Argentina y Chile un delito de genocidio y, por ello, se aplica en España la jursidicción universal. El procedimiento de Argentina y de Chile, que algunos intentaron desprestigiar como la maniobra de un juez "listo", Baltasar Garzón, ha sido consagrada por la decisión inapelable de un alto tribunal.
La Sala de lo Penal ha podido, a través de la vista pública, observar un detalle interesante. Los propios fiscales, que mecánicamente han repetido sus frases, sin sutileza alguna, han reconocido la existencia de desapariciones, crímenes y torturas en masa en esos dos países. Pero, al mismo tiempo, se han negado a tipificarlos como genocidio para no admitir la jurisdicción universal. La sala, por unanimidad, viene a decir: señores fiscales, si los hechos son los que ustedes describen y los que las acusaciones han fundamentado de sobra, pues se trata de genocidio.
Y España tiene jurisdicción, ya que se sumó en 1968 al convenio de Naciones Unidas de 1948 que reprime ese delito y lo incorporó mediante ley el 15 de noviembre de 1971. Más tarde, sistematizó la moderna jurisdicción universal, cuyos orígenes se remontan a 1870, por ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.
La decisión supone un contrapunto jurídico internacional con la concesión de la inmunidad "soberana o de Estado" conce dida por tres jueces de la High Court of Justice al general- senador Pinochet el pasado miércoles en Londres, objeto de apelación ante la Cámara de los Lores, por haber cometido los presuntos crímenes durante su función de jefe de Estado de Chile.
La inmunidad soberana - sovereignity - se remonta al siglo XVI. El que dicta la ley está por encima de ella. Es una aberración. Es verdad que Pinochet era soberano entre 19 76 y 1983, época en la que se cometieron los crímenes, por lo que se ha pedido su detención. Pero he aquí que Pinochet asumió el poder el 11 de septiembre de 1973 al frente de una junta militar. El carácter de Jefe Supremo del Estado se lo dió un decreto del 26 de junio de 1974. Esos nueve meses, en los que actuó a sangre y fuego, Pinochet no fue soberano jefe de Estado.
Algo, pues, habrá que hacer.
F.R
, Santiago
"El 30 de octubre quedará registrado en la historia de la humanidad. Un tribunal español ha tenido el privilegio de dar una señal al mundo: los pueblos van a poder vivir más tranquilos y con mayor seguridad. Al mismo tiempo, es un mal día para los dictadores y los gorilas que se escudan en la supuesta soberanía nacional para quedar impunes de sus crímenes". Con estas palabras acogió el fallo de la Justicia española Héctor Salazar, uno de los 35 abogados chilenos firmantes de una declaración sobre el caso Pinochet.
Pamela Pereira, abogada de la familia del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército chileno asesinado en Buenos Aires por agentes de la policía política de la dictadura, apuntó que cualquiera que sea el desenlace del recurso ante la Cámara de los Lores británica, "Pinochet tendrá que responder a la petición de extradición, esté donde esté, aunque sea en Chile".
La declaración firmada por los letrados chilenos critica las gestiones del Gobierno chileno "tendentes a garantizar la impunidad" de Pinochet y rebate el argumento del principio de territorialidad esgrimido por las autoridades de Chile: "Es sabido que todas las legislaciones del mundo contienen normas de extraterritorialidad penal, como ocurre en Chile con numerosas disposiciones de Código Penal, del Código de Justicia Militar, y otros textos legales".
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