Asesinado el obispo de Guatemala dos días después de divulgar los crímenes del Ejército

Monseñor Gerardi sirvió durante veinte años en la zona de guerra como adalid de los derechos humanos

JUAN JESÚS AZNÁREZ, México
Guatemala figura en la relación de países donde los prisioneros eran pasados a cuchillo, los perros engordaron devorando cadáveres y el desgarro social causado por sus 36 años de guerra interna permanecerá en la memoria de generaciones. La última salvajada sufrida por el pequeño país centroamericano ocurrió la noche del domingo: el obispo auxiliar de Guatemala, Juan Gerardi, de 72 años, fue asesinado a golpes en su casa parroquial de la diócesis de San Sebastián, muy cerca del Palacio Nacional, dos días después de haberse publicado un documento eclesial sobre el obituario de una guerra que castigó directamente a un millón de nacionales, el 10% de la población.

Los bomberos trasladan el cadáver del obispo Juan Gerardi (Reuters).

El informe atribuye a las Fuerzas Armadas la mayoría de las barbaridades cometidas durante las operaciones antiguerrilleras, auténticas sarracinas en las que poco importó la muerte de 100 civiles si entre ellos caía un subversivo de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El Gobierno del conservador Álvaro Arzú y la guerrilla izquierdista firmaron la paz en diciembre de 1996, y un año después la Comisión de Esclarecimiento Histórico comenzó su labor. El ataque contra el prelado, al que destrozaron la cabeza en el garaje de su casa, demuestra la vigencia de los odios incubados y la precariedad de la convivencia entre víctimas, verdugos, y quienes, como monseñor Gerardi, apostaron por la denuncia. «Fue asesinado por los escuadrones de la muerte que intentan terminar con el proceso de paz», afirmó Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. El obispo auxiliar de la diócesis metropolitana, fundador en 1989 de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), había asistido el viernes a la presentación del Proyecto Diocesano Recuperación de la Memoria Histórica, que recoge lo padecido por Guatemala entre 1960 y 1997.

El asesinato del domingo evoca el disparo castrense en el corazón recibido por el arzobispo salvadoreño Óscar Romero el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa. Juan Gerardi, quien durante veinte años desarrolló su labor pastoral en la zona de los tiros, regresó a la casa hacia las diez de la noche después de haber cenado con unos familiares. El criminal le esperaba en el garaje, y allí lo machacó con un adoquín. El párroco adjunto lo encontró encharcado en sangre. «Al principio no lo reconocí porque le habían destrozado la cara, al parecer nada más bajar del carro (coche). Logré reconocerlo por el anillo de obispo», manifestó Mario Orantes.

Al primer golpetazo en la cabeza siguieron otros once, según recuento forense. «Le dieron golpes, golpes, golpes, que le dejaron fracturados la mayoría de los huesos, tanto del cráneo como de la cara». Edgar Gutiérrez, amigo personal y coordinador del documento diocesano, agrega que fue rematado en el suelo. Diez minutos después el agresor volvió al lugar del crimen para comprobar el éxito de su obra «en un modus operandi que monseñor había denunciado ».

Otras cuatro personas protegieron al homicida, de acuerdo con la versión, todavía confusa, de la fiscalía. Varios mendigos que dormitaban en un costado de la sede parroquial observaron a los cuatro apostados en dos vehículos. Uno de los indigentes, adolescente, cruzó algunas palabras con el supuesto asesino.

Según fuentes policiales, el joven mendigo, bajo custodia, salió al paso del asesino con un comentario de circustancias. «¿Por qué está la puerta abierta?» «Ya la cierro», le respondió el criminal, que volvió sobre sus pasos, cerró el portón, y desapareció con sus cómplices.

El obispo no desconocía lo aventurado de su compromiso. « Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos», reconoció el viernes. «Pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y sólo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos». [EE UU, que ha promovido la paz en Guatemala, solicitó ayer al Gobierno de este país una investigación «completa» de la tragedia, informa France Presse. Washington ofreció su ayuda para esclarecer los hechos.]

«Recuperación de la Memoria Histórica»

EL PAÍS, Madrid
Juan Gerardi, responsable en el obispado guatemalteco de la Oficina de Derechos Humanos, era el máximo encargado del informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) presentado en Ciudad de Guatemala el pasado viernes. El informe REMHI es un recuento sobre las atrocidades cometidas durante la guerra civil de Guatemala que duró 36 años y cuya paz se firmó en diciembre de 1996.

El documento, titulado también Guatemala: nunca más, presenta un informe final que aborda los siguientes temas: los impactos individuales, familiares y comunitarios de la violencia; los mecanismos del horror (cómo se hicieron las matanzas, las torturas, los métodos que emplearon los aparatos de espionaje y las fuerzas insurgentes y contrainsurgentes contra la población; el entorno histórico: el proceso político, económico y militar desde los años cincuenta hasta la firma de la paz; y finalmente, las víctimas del conflicto (nombres de las víctimas de las matanzas, muertos, desaparecidos y torturados).

Para el informe, las víctimas directas de la guerra son, aproximadamente, 150.000 personas muertas; 50.000 desaparecidos; un millón de refugiados; 200.000 niños huérfanos; 40.000 mujeres viudas. En total, 1.440.000 víctimas.

Al ejército se le responsabiliza directamente de 32.978 víctimas (60%); a los grupos paramilitares se les atribuye 3.424 muertes (6,2%); al Ejército más los grupos paramilitares se les hace responsables de 10.602 víctimas (19,3%). De estos últimos datos se deduce que el Ejército es autor de 43.580 muertes (79,2%). A la guerrilla se le responsabiliza de 5.117 fallecidos (9,3%). De las víctimas, el 74,5% fueron adultos, y tres de cada cuatro eran indígenas.

Como recomendaciones para superar 36 años de cruenta guerra civil, el informe REMHI plantea que el Estado debe reconocer públicamente los hechos y sus responsabilidades en las violaciones masivas y sistemáticas contra la población. Por su parte, la guerrilla de la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) y otros actores armados deben hacer lo mismo, según el informe.

El Estado debe asumir como alta prioridad la investigación del destino de los casos de desaparecidos, a través de una comisión, con recursos y sin plazos, para que trabaje coordinadamente con los poderes públicos, prosigue el informe. El documento expone que para que la paz sea efectiva debe llevarse adelante un proceso de desmilitarización social que garantice la disminución de la influencia militar en la sociedad civil.

Finalmente, el informe concluye que el Estado debe facilitar la devolución de la memoria a las comunidades y grupos que fueron afectados por la guerra para que se pueda alcanzar la reconciliación nacional.

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