una manifestación para pedir su
libertad, ayer en Santiago (AP).
Frei hace un llamamiento a los chilenos para que no se dividan en torno al 'caso Pinochet'
Los políticos temen las consecuencias del asunto sobre el proceso de transición a la democracia
FRANCESC RELEA,
Santiago
El presidente chileno, Eduardo Frei, regresó ayer a Santiago, y a su llegada se apresuró a pedir serenidad y tranquilidad y "a no polarizar la situación" generada por la detención del ex dictador Augusto Pinochet. "El país tiene que seguir funcionando y vamos a seguir manejando esta situación como corresponde", añadió, sin precisar detalles. Pero las instituciones chilenas han dejado de funcionar con normalidad a causa del boicoteo al Congreso decretado por los parlamentarios de la derecha pinochetista, que no acudirán a las sesiones mientras el general retirado siga detenido.
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una manifestación para pedir su libertad, ayer en Santiago (AP). |
Los militares chilenos, cuyos movimientos despiertan gran expectación en todo momento, añadieron su ingrediente a la tensión reinante. El general Ricardo Izurieta, comandante jefe del Ejército y heredero de Pinochet al frente de la institución, convocó una "reunión informativa" en la Escuela Militar para todos los jefes y oficiales de la guarnición de Santiago. Este tipo de encuentros son poco habituales, según subrayan los conocedores de los gestos de las Fuerzas Armadas.
Más allá de la pesadumbre o la alegría por la inesperada noticia, las reacciones en Chile no alimentan de momento el optimismo. La detención de Pinochet ha dejado sentir sus efectos en la peculiar transición política chilena, inconclusa para muchos, ni siquiera iniciada para otros. La coalición gubernamental entre democristianos y socialistas ha mostrado fisuras a la hora de defender, por razones de Estado, la inmunidad de Pinochet. El propio presidente de la República es parte implicada en la controversia en la medida que el decreto que avala la supuesta misión especial de Pinochet al Reino Unido lleva su firma.
Nadie, ni siquiera el enviado del Gobierno de Chile a Londres, Santiago Benadava, ha dado una explicación convincente del contenido de dicha misión especial que desmienta la sospecha de que se trataba esencialmente de un subterfugio para evitar la acción de la justicia internacional.
La precandidatura del socialista Ricardo Lagos para las próximas elecciones presidenciales también sentirá los efectos de la detención de Pinochet. Su principal adversario, Andrés Zaldívar, ha aprovechado la crisis con fines electoralistas para tratar de debilitar la figura de Lagos al exigirle mayor firmeza en la defensa de la inmunidad del ex dictador.
La derecha más radical está envalentonada. Los matones profieren amenazas en la calle, y sus dirigentes apoyan, de momento, al Gobierno, aunque cada día que pasa presentan nuevas exigencias y lanzan acusaciones. Como la efectuada en Londres por los representantes de los partidos pinochetistas, que hablan de una confabulación entre el Partido Socialista chileno y sus homólogos de España y el Reino Unido para detener al senador vitalicio.
Una treintena de condenados por más de tres mil víctimas
F.R,
Santiago de Chile
Las víctimas de la dictadura, entre muertos y desaparecidos, ascienden a 3.196, según la síntesis del Informe Rettig y el de la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, que reúnen las estadísticas más completas de la represión en Chile. Frente a esta cifra, los juzgados y condenados por violaciones de los derechos humanos no superan la treintena.
Según los datos que obran en poder de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, unos seiscientos uniformados han sido citados a declarar en alguna ocasión por alguna de las partes, sin consecuencias penales. La lista de los condenados está encabezada por el general Manuel Contreras Sepúlveda, antiguo jefe de la policía política (DINA). Quien fue brazo derecho del dictador Augusto Pinochet cumple una condena de siete años por el asesinato del ex ministro de Defensa Orlando Letelier, en Washington, el 21 de septiembre de 1976.
Junto a Contreras fue condenado a seis años su lugarteniente, el brigadier Pedro Espinoza Bravo. Los dos ingresaron en la prisión en 1995. En el mismo centro penitenciario están recluidos desde el mismo año ocho carabineros, condenados a penas que van desde la perpetuidad hasta cinco años y un día por el homicidio en marzo de 1985 de tres militantes del Partido Comunista. Los cadáveres de Juan Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino fueron encontrados degollados. El caso le costó el puesto en la Junta Militar al general Mendoza, jefe del cuerpo de carabineros. En el juicio fueron condenados 15 agentes y un civil.
El caso de los quemados
Otro carabinero, Héctor Díaz Anderson, cumple una sentencia de tres años y un día en Punta Peuco por la muerte del militante socialista Carlos Godoy Echegoyen, de 23 años. El joven fue detenido en 1985 y falleció en comisaría a consecuencia de las torturas que le infligió el agente Díaz. El oficial del Ejército Pedro Fernández Dittus fue condenado a 600 días de cárcel, que ya cumplió, por el caso de los quemados. En julio de 1986, una patrulla militar retuvo a un grupo de jóvenes que participaban en una protesta. Los uniformados rociaron con gasolina a los detenidos y les prendieron fuego. Rodrigo Rojas falleció y Carmen Gloria Quintana sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo. Fernández Dittus fue condenado por "denegación de auxilio".
El militar Carlos Herrera Jiménez, condenado a 10 años, y el carabinero Armando Cabrera Aguilar, a seis años, están en Punta Peuco por el homicidio del dirigente del sindicato de transportistas Mario Fernández López, miembro de la Democracia Cristiana.
M.DÉLANO
, Santiago
Un camión de la municipalidad de Cerro Navia, una de las más pobres del país, se llevó ayer la basura que llevaba dos días acumulada frente a la Embajada de España en Santiago, por la decisión del alcalde de la pudiente comuna de Providencia, el ex coronel del Ejército Cristian Labbé, de no retirar los desperdicios mientras el senador vitalicio Pinochet, siga detenido en Londres.
La alcaldesa de Cerro Navia, Cristina Girardi, y su hermano, el diputado del Partido por la Democracia, Güido Girardi, acompañado por varios dirigentes políticos, ayudaron ayer a sacar los desperdicios, cargando bolsas y contenedores de basura, que llenaron el camión.
Una pancarta que tendieron decía: "Gracias por sacar la basura de Chile, nosotros sacaremos la de su embajada". La municipalidad de Cerro Navia mantendrá este servicio a la Embajada de España mientras siga el boicoteo. El diputado Girardi dijo que la actitud del municipio de Providencia sólo era posible porque esa comuna había elegido como alcalde a un ex militar. Dos municipios izquierdistas han ofrecido a las embajadas de España y Reino Unido que se trasladen hasta su zona para evitar las incomodidades del boicoteo.
Además de su guerra sucia, Labbé eliminó los estacionamientos de la sede diplomática española, y parlamentarios de derecha llamaron a no consumir whisky, por su origen británico, ni llamar por teléfono a través de la compañía española. Un diario bromeó ayer con las posibilidades de esta pataleta chilena y sugería otras formas de protesta originales contra España y Reino Unido por la detención de Pinochet: cortar la electricidad a ambas embajadas, suprimir la enseñanza del inglés en los colegios, no hablar más español, no comer paella, eliminar la fiesta del 12 de octubre, un ataque relámpago al museo del Prado de activistas que viajarían con inmunidad diplomática y tomar el té de las cinco de la tarde a una hora diferente.
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