Condenados a 18 años cinco oficiales del Ejército colombiano por un brutal ataque

El grupo asaltó un pueblo en 1988 y causó 43 muertos entre sus habitantes

PILAR LOZANO, Bogotá
La noticia, hace nueve años largos, produjo escalofrío: hombres fuertemente armados ingresaron, en tres todoterreno, en Segovia, población minera del nororiente antioqueño, y sin mediar razón empezaron a disparar y a lanzar granadas a diestro y siniestro. Era sábado, día de pago. Por eso, las calles, los bares y el parque estaban atiborrados de gente. Al final, los que alcanzaron a esconderse contaron a sus muertos: 43, entre ellos niños que montaban en bicicleta en la plaza central. Los heridos fueron incontables. Este martes, un juez sin rostro de Bogotá hizo justicia, condenó a cinco oficiales del Ejército a 18 años de cárcel y estableció así un claro vínculo entre paramilitares y fuerzas de seguridad.

Entre los condenados se encuentran el entonces comandante del batallón Bomboná del Ejército, teniente coronel Alejandro Londoño, y el capitán de la policía local Jorge Eliecer Chacón. El juez determinó que ellos, junto a otros dos oficiales del Ejército y un capitán de la policía, permitieron la incursión de los sicarios. Cuatro civiles fueron condenados, por este mismo hecho, a 30 años de prisión.

Las organizaciones de derechos humanos del país celebraron la decisión judicial. «Tiene un significado muy grande. El teniente coronel Londoño es el oficial de más alto rango condenado por paramilitarismo, y es también la primera vez que se imponen condenas altas por estos hechos de barbarie», dijo a este periódico un miembro de una de estas organizaciones. Desde hace años, tanto a nivel nacional como internacional, se ha denunciado a las Fuerzas Armadas, por sus nexos con los grupos paramilitares ya sea por acción u omisión.

Segovia vivió en la década de los ochenta una dura época de violencia. Por esos años, la UP -Unión Patriótica, grupo político nacido de acuerdos entre el Gobierno y las FARC- desplazó a los políticos tradicionales, entre ellos al liberal César Pérez García. Cuando este último perdió la alcaldía, surgió la organización Muerte a Revolucionarios del Noreste Antioqueño, y uno a uno fueron asesinados los dirigentes de la UP. Hoy éste es un grupo exterminado. En todo el país han sido asesinados más de 3.000 de sus militantes.

Según el expediente, la masacre de Segovia fue una respuesta a la participación de la población en una jornada nacional de protesta convocada por una de las más grandes centrales obreras del país.

El día de la huelga, la población amaneció llena de pintadas. «Segovia, te pacificaremos», «UP, asesinos». El paro, a pesar de estas amenazas, se efectuó. Dos días después, mientras se celebraba el día de los niños en el parque principal, patrullas del batallón Bomboná ingresaron disparando al aire y aterrorizaron a la sorprendida población. El 11 de noviembre de 1988, apenas un mes después, fue la masacre a las 18.45 .

Según la Comisión Andina de Juristas, desde diciembre del año pasado, cuando el Gobierno anunció una ofensiva contra los grupos paramilitares, hasta marzo, han sido detenidos cuatro miembros de la fuerza pública y uno más ha sido destituido, por sus nexos con estos grupos ilegales. Los detenidos son cuatro oficiales: el segundo comandante del batallón Junín, mayor Eduardo Santos, y tres tenientes de la policía, comandantes en poblaciones de la provincia de Bolívar. Se les investiga por su participación en grupos armados responsables de varios asesinatos, entre ellos el del alcalde de San Jacinto.

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