Presión para abrir en El Salvador el caso de las monjas asesinadas en 1980

JUAN J. DALTON , San Salvador
El asesinato de tres religiosas y una laica estadounidenses hace 17 años ha vuelto de forma dramática al primer plano en El Salvador, después de que los inculpados reconociesen hace unos días ante los abogados de los familiares de las víctimas, y ante un periodista de The New York Times, que «actuaron por órdenes superiores». La reapertura de las investigaciones comienza a tomar fuerza. «Efectivamente, el caso puede abrirse nuevamente. Aún no está prescrito, faltan al menos dos años y además, existen nuevas pruebas y nuevos indiciados», aseguró a EL PAÍS José Rodríguez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Las implicaciones son importantes. Seis ex oficiales y un civil, entre ellos dos generales y ex ministros de Defensa, podrían ser juzgados y condenados si se reabrieran las investigaciones para determinar la culpabilidad intelectual del asesinato de tres monjas y una trabajadora social estadounidenses hace 17 años.

Fuentes judiciales aseguran que en este caso lo que está en juego es la aplicación igualitaria de la justicia en El Salvador, y consideran que el esclarecimiento de este caso podría suponer una fuerte presión para que se haga justicia en otros casos similares, como la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989.

Rodríguez Ruiz agregó que si los familiares de las víctimas (las monjas Maryknoll Ita Ford, Maura Clarke y Dorothy Kaszel, así como la laica Jean Donovan) solicitaban al Estado salvadoreño la reapertura del caso, éste tendría que responder afirmativamente, porque no habría justificación para negarlo.

El presidente de la República, Armando Calderón Sol, y el fiscal general, Manuel Córdova, han expresado su anuencia para estudiar la reapertura del caso.

Los generales Carlos Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, así como cuatro oficiales más y un abogado, podrían ser procesados judicialmente, al menos por haber encubierto la violación y el crimen colectivo ejecutado el 2 de diciembre de 1980 contra las religiosas.

Funcionarios de EE UU

En el caso de las monjas también estarían involucrados en el encubrimiento el ex presidente demócrata cristiano José Napoleón Duarte, así como antiguos funcionarios de Estados Unidos, como Alexander Haig y la embajadora Jeane Kirkpatrick. Los tres negaron la participación institucional en la masacre y aseguraron que los inculpados actuaron por cuenta propia.

Según investigaciones de la llamada Comisión de la Verdad en 1993, los cinco inculpados, hoy en prisión condenados a 30 años, actuaron por órdenes superiores del alto mando de la Guardia Nacional, que era comandada entonces por Carlos Eugenio Vides Casanova.

Éste luego ascendió a general y fue ministro de Defensa durante el conflicto armado (1980-1992). Reside en la actualidad en Miami.

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