El Grupo #1 está compuesto por países en los cuales la agricultura representó menos del 10% del PIB.  En estas economías “desarrolladas” la mayor parte de la fuerza laboral estaba empleada en la industria y los servicios, con la excepción de Polonia en donde 20% de la población económicamente activa estaba vinculada al sector agrícola.   El Grupo #2 incluye países con niveles de desarrollo intermedios, en los cuales la agricultura representaba entre 12,5% y 25% del PIB.  El Grupo #3 consiste de países menos “desarrollados” en los cuales la agricultura representó por lo menos el 25% del PIB.  Cabe notar que existen notables diferencias entre estos países. En países como la República de Georgia, Armenia, Kazajstán y Lituania, por ejemplo, menos del 20% de la fuerza laboral trabaja en la agricultura, mientras que en los demás (países del Grupo #3) que aparecen en el Cuadro 1, por lo menos el 33% de la fuerza laboral trabajaba en ese sector (Jones, 1996).

La comercialización agrícola durante el periodo socialista (clásico)
El sistema de comercialización agrícola que prevaleció en estos países baje el modelo socialista clásico estaba basado fundamentalmente en la planificación centralizada.  Según Kornai (1992), este modelo se caracterizaba por el dominio de los mecanismos de coordinación burocrática (altamente centralizados), la fijación de los precios de los insumos y productos agrícolas por una especia de junta planificadora y la distribución y comercialización agrícola de forma estatizada (Jones, 1996; Kornai, 1992).

Este sistema distorsionaba los incentivos y motivaba a los productores a ignorar la calidad de sus productos; igualmente, eliminaba los incentivos (económicos) necesarios para estimular mayores niveles de producción y por sus limitaciones y trabas excesivas y onerosas fomentaba la ineficiencia y la proliferación del mercado negro (o economía informal) (Kornai, 2008). La comercialización agrícola en los antiguos países socialistas de Europa del Este y en la antigua Unión Soviética también se caracterizó por altos niveles de ineficiencia, pérdidas masivas en proceso de colección y distribución (del productor al consumidor) debido a la insuficiencia de insumos, mal estado del parque automotor, una deficiente infraestructura física, impagos y retrasos de los pagos a los productores agrícolas por parte del Estado y las demás afectaciones generalmente asociadas con la colectivización de los medios de la producción (Jones, 1996).  Esta situación contribuyó al desabasto en las redes minoristas de distribución (al igual que en el sistema mayorista) de alimentos; las relaciones entre las empresas agrícolas y el Estado se caracterizaron por restricciones presupuestarias blandas, lo cual también tuvo un impacto negativo sobre la operaciones de estas empresas y la disponibilidad de alimentos para la población (Jones, 1996).  Esto se manifestaba mediante largas filas (o “colas”), insuficiente oferta y escaseces prolongadas de los productos más básicos y esenciales, etc.

La comercialización agrícola durante la transición
Los índices de producción agrícola en los antiguos países socialistas de Europa del Este y en la antigua Unión Soviética cayeron significativamente durante la primera etapa del proceso de transformaciones agrícolas.  Esto se debió a varios factores. En primer lugar, la liberalización de los precios de los insumos fue más rápida y más profunda, en comparación con los precios de los productos agrícolas, lo cual repercutió negativamente sobre los “términos de intercambio” de los productores (Macours y Swinnen, 2000).  Los retrasos en los pagos del Estado a los productores agrícolas, a medida en que el modelo agrícola transitaba del plan al mercado, también contribuyeron a la caída de la producción (Jones, 1996; Macours y Swinnen, 2000); la acumulación de deudas y la reducción o eliminación de los subsidios estatales llevaron a un número significativo de empresas agrícolas a la quiebra o por l menos a la morosidad con relación a sus créditos bancarios; el empeoramiento de estas condiciones también tuvo un impacto adverso sobre la producción agrícola (Jones, 1996).

Otro factor que afectó a la producción agrícola en estos países durante la primera etapa de la transición fueron los crecientes déficits fiscales, los cuales redujeron la capacidad del Estado para proveer insumos y créditos esenciales al sector agrícola (Jones, 1996).  La apertura del comercio exterior también incidió negativamente sobre la producción agrícola (durante la primera etapa de transición), al contribuir al aumento de las importaciones en un momento en el cual el sector agrícola domestico atravesaba por un proceso de profundos ajustes y transformaciones (Macours y Swinnen, 2000). La producción agrícola también se vío afectada por los ajustes que experimentaron la coordinación y relaciones entre los productores agrícolas y las empresas (estatales) comercializadoras durante este periodo (Jones, 1996).  Finalmente, la desintegración y desaparición del Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) también tuvo un impacto notable sobre la producción agrícola en los antiguos países socialistas durante la primera etapa de la transición, al repentinamente desaparecer los mercados tradicionales para sus insumos y exportaciones.

Como consecuencia de este “shock” externo y los ajustes y transformaciones en el sector agrícola a nivel nacional, los productores reaccionaron de diversas formas.  En algunos casos, los productores agrícolas recurrieron a trueques con los proveedores de insumos y con las empresas comercializadoras emergentes (muchas de las cuales eran simplemente versiones adaptadas o “reformadas” de las antiguas empresas estatales de comercialización agrícola) (Jones, 1996).   Otros emplearon corredores o intermediarios (emergentes) para vender (o “posicionar”) y distribuir sus productos en los mercados de alimentos (Duncan y Jones, 1994).  En Rusia, Ucrania y Rumania, por ejemplo, las transformaciones de la cadena comercializadora contribuyeron a demorar la privatización y a fortificar la posición de los antiguos burócratas, ya que muchos de estos lograron utilizar sus numerosos contactos e “influencias” con el Estado para adquirir los insumos a precios subsidiados y vendérselos a los productores agrícolas emergentes (Duncan y Jones, 1994).   Los antiguos burócratas, en muchos casos, se convirtieron en los nuevos intermediarios y formaron parte de una nueva clase de cabilderos neo-capitalistas (Duncan y Jones, 1994).

Las transformaciones de la comercialización agrícola en los antiguos países socialistas de Europa del Este y en la antigua Unión Soviética fueron notablemente distintas a las transformaciones que ocurrieron en China y en Vietnam.  En China, por ejemplo, el sistema de acopio y comercialización de productos agrícolas (estatal) no colapsó repentinamente (o inmediatamente) como sucedió en los antiguos países socialistas de Europa del Este y en Rusia, si no que más bien este fue reformado mediante un proceso gradual de ajustes de precios de carácter “administrativo” (Jones, 1996).   En el caso de China, también, la des colectivización de la agricultura fue mucho más gradual; en parte, esto se debió al uso intensivo de la labor como el principal medio de producción en la agricultura China  (Tomich, Kilby y Johnston, 1995). Finalmente, la reforma del sector agrícola en China (a partir de 1978) ocurrió dentro de una economía con una creciente demanda (derivada de mayores ingresos), lo cual contrasta drásticamente con la situación de los antiguos países socialistas de Europa del Este y la antigua Unión Soviética durante la primera etapa de la transición (o transformaciones económicas y agrícolas).

Como es bien sabido, en los antiguos países socialistas de Europa del Este y en la ex Unión Soviética ocurrió todo lo contrario con relación a la trasformación del sistema de comercialización de productos agrícolas.  Las políticas y medidas puestas en marcha en estos países durante la primera etapa de la transición (o transformaciones económicas y agrícolas)  tuvieron un impacto enorme sobre la producción y los precios de los productos agrícolas y de los alimentos.

IV. Transformaciones agrícolas en Cuba: 2007 – Presente
Según Nova González (2012 a), debido a su participación directa e indirecta en la economía, su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, y efecto multiplicador y capacidad de generar empleos, el sector agrícola ocupa un lugar importante en la economía cubana. Cuba es, por ende, un país agrícola. Sin embargo, a pesar de su importancia económica y estratégica, el sector agrícola cubano ha venido enfrentando una serie de retos, que a pesar de sus raíces estructurales e históricas, se intensificaron durante el llamado “Período Especial,” tras el derrumbe del Campo Socialista y la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de los noventa del siglo pasado.

La problemática actual que ha venido confrontando la agricultura cubana está compuesta de los siguientes elementos: (1) insuficientes niveles de producción, (2) extensiones significativas de tierras ociosas, (3) altos niveles de importación de alimentos y productos agrícolas, o dependencia externa con crecientes erogaciones en divisa (o moneda dura) para cubrir el déficit en la producción nacional de alimentos, (4) baja productividad y rendimientos, y (5) regulaciones (o prohibiciones) excesivas y “trabas” administrativas que detienen a las fuerzas productivas (Nova González, 2012 b; Mesa-Lago, 2012, Spadoni, 2014).

Para enfrentar estos retos y como parte del proceso de “actualización” del modelo económico, desde el año 2007 Cuba ha implementado una serie de medidas económicas para transformar y reactivar al sector agrícola (González-Corzo, 2013). En Julio de 2007, el Estado anunció el aumento de los precios pagados a los productores de un grupo selecto de productos agrícolas como arroz, papa, leche y entregas vacunas para sacrificio. Según Spadoni (2014), el precio que el Estado les pagaba a los productores de arroz aumentó de 326 pesos moneda nacional (MN) en 2006 a 1.931 pesos (MN) en 2007, y a 6.304 pesos (MN) a comienzos de 2013. En el caso de la papa, el precio pagado por el Estado a los productores aumentó de 287 pesos (MN) por tonelada métrica en 2006 a 544 pesos (MN) en 2007 y a 652 pesos (MN) en 2013 (Spadoni, 2014). Los precios que recibieron los productores de carne de res también aumentaron notablemente durante este período. En 2006, el Estado pagaba 900 pesos (MN) por tonelada métrica de leche de vaca; esta cifra aumentó a 5.218 pesos (MN) en 2007 y se mantiene al mismo nivel en la actualidad (Spadoni, 2014). En el caso de las entregas para sacrificio de carne de vaca, el precio pagado por el Estado a los productores aumentó de 2.450 pesos (MN) en 2006 a 8.900 pesos (MN) en 2007 y se mantiene en ese nivel en la actualidad (Spadoni, 2014).

Otra medida importante busca establecer al Municipio como la jurisdicción principal para la toma de decisiones y el desempeño de las actividades agrícolas (Nova González, 2012b). Esta forma parte integral del proceso descentralizador puesto en marcha desde 2007, el cual conlleva a la simplificación de las estructuras administrativas y la reorganización del Ministerio de la Agricultura [MINAGRI] (Nova González, 2012b). También se han implementado medidas (o políticas) para flexibilizar la contratación de la fuerza de trabajo, la ampliación de micro préstamos (o micro créditos) agrícolas (Spadoni, 2014; Tejeda Díaz & Cue Luis, 2012), al igual que medidas (de carácter experimental que facilitan la venta de aperos agrícolas en moneda nacional (MN) en tiendas estatales (Spadoni, 2014).

Otro paso transformador de gran envergadura ha sido la reducción de las entregas de productos agrícolas al Estado. A finales de 2007, los “compromisos” de los productores agrícolas con el Estado, es decir sus entregas a la Unión Nacional de Acopio (UNA), representaban 80% de la producción; esta cifra descendió a 60% en 2012 y se preveé que en el futuro cercano solamente cubra el 35% de la producción (Spadoni, 2014). En 2011, el Estado autorizó la comercialización directa de un grupo selecto de productos agrícolas a instalaciones turísticas, las cuales en la actualidad representan cerca del 10% del total de las ventas agrícolas. Sin embargo, como apunta Nova González (2012b), la medida más importante ha sido la entrega de tierras agrícolas ociosas en usufructo a cooperativas agrícolas y productores privados tras la aprobación del Decreto-Ley 259 en 2008 y Decreto-Ley 300 en 2012. Bajo el Decreto-Ley 259 (2008), estas entregas se efectuaron bajo las condiciones de contrato por arrendamiento por un periodo de 10 años renovables (Nova González, 2012a). Cuando esta ley fue aprobada, en Julio de 2008, se estimaba que existían en el país cerca de 1.868.210, 84 hectáreas (ha) sin cultivar, pero a finales de 2012 (tras la aprobación del decreto-ley 300 y después de haberse efectuado un “balance de la tierra” a nivel nacional), se encontraron cerca de 500 mil hectáreas de tierras ociosas (o sin cultivar) adicionales (Nova González, 2012a).

A pesar que varios de sus aspectos o provisiones limitan la autonomía de los productores, el Decreto-Ley 300 (2012) amplió las entregas de tierras Estatales ociosas en usufructo a personas naturales. El artículo 7 establece que “la extensión máxima que puede entregarse en usufructo a personas que no posean tierras en ningún concepto es de 13,42 hectáreas,” mientras que aquellas personas que posean tierras vinculadas a una granja Estatal, con personalidad jurídica,  Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) o Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) puede incrementarlas con otras (en usufructo) hasta un máximo de 67,10 hectáreas (Nova González, 2012a).

Finalmente, otras medidas recientes incluyen la flexibilización (de carácter experimental) de las ventas o comercialización de productos agrícolas en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque tras la aprobación del Decreto 318 en octubre de 2013 y las nueva “Ley de las UBPC” mediante la aprobación de la Resolución 574 en septiembre de 2012.  En Decreto 318 (2013) autoriza la comercialización directa de productos agrícolas selectos en las provincias anteriormente mencionadas por parte de agricultores pequeños y unidades productoras, como Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), y empresas agropecuarias estatales a precios fijados por las partes participantes.

Como consumidor de materia prima, productos intermedios y bienes capitales, el sector agropecuario cubano también mantiene fuertes vínculos o encadenamientos con otras ramas o sectores de la economía (Nova González, 2008).  Estos encadenamientos, combinados con altos niveles de coordinación e integración con otros sectores de la economía, contribuyen al ya mencionado efecto multiplicador del sector agropecuario cubano y sus externalidades positivas, los cuales incrementan su importancia económica y estratégica y convierten al sector agropecuario en uno de los pilares fundamentales de la economía cubana (Nova González, 2013).

Como se puede apreciar en las Tablas 4 y 5, el sector agropecuario también desempeña un papel fundamental con relación al empleo y los salarios.

A finales de 2013, unas 915,600 personas, equivalentes al 18,6% de los ocupados trabajaban en el sector agropecuario, el cual  está compuesto por la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca (Tabla 4).    Aunque el total de ocupados vinculados al sector agropecuario disminuyo de 919,100 trabajadores en 2008  a 915,600 el cierre de 2013, representando una reducción de 3,500 personas,  en términos absolutos y porcentuales (con relación al PIB), el total de empleados en el sector agropecuario fue superior que los montos reportados en otros sectores (o clases de actividades económicas) incluidos en el Cuadro 4, demostrando su importancia como fuerte de empleo.

El salario promedio mensual (en pesos cubanos, CUP) en el sector agropecuario alcanzó 514 CUP, o 9,1% superior al salario promedio mensual a nivel nacional (471 CUP) (Tabla 5).  Entre 2008 y 2013, el salario promedio mensual en el sector agropecuario aumentó 15,8%, de 444 CUP en 2008 a 514 CUP en 2013; comparado con un aumento de 13,5% en el salario promedio mensual a nivel nacional, el cual incrementó de 415 CUP a 471 CUP durante el mismo periodo (Tabla 5).

Como demuestra la Tabla 5, al cierre de 2013 el salario promedio mensual en el sector agropecuario (514 CUP) fue mayor que el salario promedio mensual en las demás actividades económicas reportadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) salvo a tres categorías: (1) explotación de minas y canteras (568 CUP), (2) electricidad, gas y agua (524 CUP) y (3)  construcción (582 CUP).

El sector agropecuario cubano está compuesto por cinco (5) tipos de entidades productivas: (1) Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), (2) Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), (3) Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), (4) productores privados y (5) el sector estatal.  Las UBPC, constituidas en 1993, son administradas por trabajadores provenientes de empresas estatales; las tierras cultivadas por las UBPC les han sido transferidas en usufructo y los medios de producción de estas son comprados al Estado (ONEI, 2014 b). Las UBPC se clasifican según su actividad fundamental en cañeras y no cañeras, con estas últimas dedicadas a cultivos varios, cítricos, frutales, tabaco, café y ganadería (ONEI, 2014 b). Las CPA, formadas en 1975, representan una forma colectiva de propiedad social y se constituyen tras la decisión de los campesinos de unir sus tierras y medios de producción (ONEI, 2014 b).  Las CCS, las cuales datan a la década de los sesenta del siglo pasado, constituyen organizaciones primarias de carácter colectivo que permiten el uso colectivo de riego, algunas instalaciones, servicios y medios de producción, junto a los trámites y gestiones para obtener créditos, bajo las cuales la propiedad de la tierra y los equipos de producción permanecen en manos privadas (ONEI, 2014 b).

Como indica la Tabla 6, el sector estatal posee 29,2% (1, 851,700 ha) de la superficie agrícola y  17,8%  (471,800 ha) de la superficie cultivada del país.  Por  su parte, el sector no-estatal, el cual incluye las UBPC, CPA, CCS y los productores privados posee 70,8% (4,490,700 ha) de la superficie agrícola  y 82,2% (2,174,000 ha) de la superficie cultivada del país (Tabla 6), demostrando que en los últimos años Cuba ha experimentado transformaciones substanciales con relación a la distribución de la tierra. 

Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y los agricultores privados poseen 36,1% de la superficie agrícola del país (2, 291,700 ha),  lo cual representa 51% de la superficie agrícola del sector no-estatal.  Las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) poseen 521, 500 ha, cerca del 8,2% de la superficie agrícola del país, equivalentes a 12,7% de la superficie agrícola del sector no-estatal. Finalmente, como se puede apreciar en la Tabla 6, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) poseen 26,4% del total de la superficie agrícola (1,677,500 ha), lo cual representa el 37,4% de la superficie agrícola en manos del sector no-estatal.

La Tabla 7 muestra la producción física en renglones selectos de la agricultura no cañera en Cuba entre 2008 y 2013.

Como se puede apreciar en la Tabla 7, entre 2008 y 2013 la producción en la agricultura no cañera en Cuba mostró resultados mixtos.  Algunos renglones importantes sufrieron caídas notables durante este periodo; los más notables incluyen: papa (-45,6%), malanga (-22,5%), plátano (-13,1%), tabaco (-57,4%) y cítricos (-57,5%).  Otras producciones, sin embargo, reportaron resultados favorables, aunque la mayoría aún se encuentran por debajo de los resultados obtenidos a principios de la década de los noventa del siglo pasado cuando comenzó el llamado “Periodo Especial.”  Los cultivos más destacados que reportaron resultados favorables entre 2008 y 2013 son: tuberculos y raíces (13,5%) , arroz (54,3%), frijol (33,5%), mango (24,8%) y fruta bomba (121,3%) (Tabla 7).

La Tabla 8 presenta las principales producciones agrícolas en Cuba en 2014  según cifras publicadas por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) en un reporte titulado “Sector Agropecuario: Indicadores Seleccionados: Enero-Diciembre de 2014.”

De acuerdo a la ONEI (2015), la producción agropecuaria no cañera en Cuba, la cual incluye las producciones en patios y parcelas, mayormente destinada al autoconsumo de las entidades productivas, aumentó 19% en 2014.  Los renglones que registraron los aumentos más significativos en términos de producción física en 2014 son: viandas  (21,6%), tubérculos y raíces (19,9%), plátanos (25,5%), hortalizas (14,3%), maíz (23,5%) y frijol (37,4%).  Las producciones agrícolas que decrecieron entre Enero y Diciembre de 2014  incluyen: papa (-52,7%), tomate (-10%) y arroz (-9,9%) (Tabla 8).   La producción de cítricos disminuyó 36,5% durante este periodo, en gran parte debido a las afectaciones causadas por la “enfermedad de la hoja amarilla” (también conocida como Huanglongbing o HLB) (Tesoro, 2014).

Cabe notar que como en años anteriores, sobre todo a partir de 2008, los incrementos en la producción agrícola no cañera registrados en 2014 fueron primordialmente determinados por el sector no Estatal emergente.  En particular se destacan las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y los agricultores privados, los cuales poseen 36,1% del total de la superficie agrícola del país, pero producen cerca del 60% de los alimentos (Nova González, 2013).    Por otra parte, los factores principales que ha incidido negativamente sobre la agricultura no cañera en Cuba durante este periodo incluyen: afectaciones climáticas (como sequía y huracanes), problemas relacionados  con el sistema estatal de acopio de alimentos y productos agrícolas, dificultades con el transporte y almacenamiento, defectos en la organización y administración del sistema de comercialización agrícola,  insuficientes cantidades de insumos necesarios para la producción, la falta de incentivos económicos para estimular la producción agrícola, controles de precios y regulaciones (o prohibiciones) excesivas por parte del Estado, el avanzado estado de deterioro de gran parte de la infraestructura del país, la degradación de los suelos, altos índices de tierras ociosas, entre otros (Mesa-Lago, 2012; Spadoni, 2014)

VI. Perspectivas para el Futuro
La asignación de precios y recursos mediante la planificación centralizada es una de las características principales del modelo socialista clásico. Sin embargo, a pesar de la importancia de la planificación centralizada, existían notables diferencias entre los antiguos países socialistas con respecto a las políticas de precios bajo el modelo socialista clásico. En algunos de estos, como en China y Vietnam por ejemplo, se empleaban “precios administrativos,” mediante los cuales el Estado preservaba la estabilidad de los precios de los alimentos y productos agrícolas, mientras simultáneamente les pagaba precios a los productores inferiores a los costos de producción. En el caso de los antiguos Países Socialistas de Europa de Este y La Unión Soviética, la política de precios consistía primordialmente de subsidies indirectos (a los productores) en la forma de precios relativamente bajos para los insumos; mientras que el Estado les pagaba precios relativamente altos a los productores para estimular la producción agrícola.

Las políticas de precios agrícolas desempeñaron un papel transformador durante la transición del modelo socialista clásico al “socialismo reformado” en los antiguos países socialistas. Aunque estas transiciones ocurrieron en etapas distintas en estos países, se caracterizaron por varios factores comunes. La liberalización gradual de los precios pagados por el Estado a los productores agrícolas, fue el primer elemento transformador dentro de este proceso. El segundo factor consistió en las transformaciones de las formas de propiedad permitidas, particularmente el desmantelamiento de las Granjas Estatales y el traspaso de sus tierras a productores no-estatales en usufructo extendido. Otro factor común, relacionado con las políticas de precios agrícolas, que caracterizaron a las transiciones del modelo socialista clásico al modelo reformado en los antiguos países socialistas fueron las transformaciones con relación a la comercialización de productos agrícolas. Con algunas particularidades propias de la coyuntura histórica y debido a otros factores, en la mayoría de los antiguos países socialistas se desmantelo el Sistema Estatal de Comercialización, dando paso a una mayor participación por parte de intermediarios privados.

Los efectos de estas medidas son bien conocidos, aunque existen variaciones notables entre los resultados obtenidos en los antiguos países socialistas de Asia (China y Vietnam) y los de Europa del Este y la Unión Soviética. El aumento de los precios pagados por el Estado a los productores agrícolas y la liberalización de los precios de los productos agrícolas en China Y Vietnam repercutió de forma positiva sobre la producción. El aumento de la producción en estos países también fue resultado de los cambios o transformaciones con relación a la tenencia de la tierra o a las formas de propiedad permitidas, al igual que a la apertura de la comercialización agrícola a intermediarios privados. En el caso de algunos de los antiguos países socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética, la situación fue distinta. La caída de los precios reales de los productos agrícolas, junto con el aumento de los precios reales de los insumos y el crecimiento de las importaciones, incidió de forma negativa sobre la producción agrícola en estos países durante los primeros años de la transición pos-socialista, resultando en la contracción del sector agrícola con relación a la generación total de empleos, su peso sobre las exportaciones y su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

La experiencia de Vietnam con relación a las transformaciones agrícolas, en particular, ofrece varias lecciones relevantes para Cuba a medida en que el país continúa el proceso de  “actualización” del modelo económico. Al igual que Cuba, Vietnam es por ende un país agrícola, aunque cabe notar que la agricultura ocupa un lugar de mayor envergadura en el país Asiático. A mediados de la década de los noventa, un quinquenio después del comienzo del proceso de “Renovación Económica” (“Doi Moi”) en 1986, cerca del 70% de la población económica activa trabaja en el sector agrícola t el valor de la producción agrícola representaba aproximadamente  el 30% del PIB (Thi Que, 1998). De acuerdo a la Food and Agriculture Oganization (FAO) de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad el valor de la producción agrícola en Vietnam representa cerca del 20% del PIB y cerca de 31 millones de personas,  representando 62% de la fuerza laboral  (50.5 millones) y 33.5% de la población del país (92.6 millones), trabajan en el sector agrícola (FAO, 2014).

La reunificación de Vietnam en 1975 resultó en la colectivización agrícola en el sur del país  bajo este sistema (Thi Que, 1998). El uso de la tierra, equipos o maquinaria agrícola, insumos, materia prima, al igual que la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos eran determinados por el sistema (socialista) de planificación  centralizada (Thi Que, 1998). Las cooperativas de producción agropecuaria se convirtieron en la forma principal de producción agrícola en Vietnam a partir de 1975. Sin embargo, la colectivización agrícola no logró resultados uniformes en la zona sur del país. Por ejemplo en 1980 cerca del 83,890 de los hogares agrícolas (637,500) en las provincias costeras de la zona central de la antigua república de Vietnam del sur eran miembros de cooperativas de producción agrícola, las cuales poseían casi toda la tierra, ganado y demás medios de producción (Thi Que, 1998). Sin embargo, en la región oriental (de la antigua república de Vietnam del sur) apenas el 1.6% de los hogares agrícolas pertenecían las cooperativas y en la zona del Delta Me Kong, solamente el 0.2% de los hogares agrícolas estaban asociados a las cooperativas (Thi Que, 1998).

Como se puede apreciar en la Tabla 9, entre 1975 y 1980 la producción agrícola en Vietnam se mantuvo relativamente estancada. Esto se debió principalmente a la eliminación (casi total) de la producción privada y a la colectivización de la producción y comercialización de productos agrícolas en gran parte del país.

Aunque el proceso de “Renovación Económica”  (“Doi Moi”) en Vietnam oficialmente comenzó en 1986 la aprobación de La Directiva No.100 en 1981 dio inicio al proceso de transformaciones agrícolas. La Directiva No.100 autorizó el pago a destajo a los hogares agrícolas, e incrementó la autonomía de estos con relación a decisiones sobre la producción de productos agrícolas; sin embargo, la comercialización aún se mantuvo bajo la potestad de las cooperativas (Thi Que, 1998). Bajo la Directiva No.100 las cooperativas retuvieron el control de la tierra y demás medios de producción agrícola, al igual que el control de la administración gestión, y comercialización de productos agrícolas (Thi Que, 1998). El sistema de pago o compensación a destajo imperante en la agricultura Vietnamita entre 1976 y 1980, consistía de un complejo esquema bajo el cual los hogares eran compensados mediante un complejo sistema de acumulación de “puntos”, el cual redujo los incentivos de los hogares y motivó a cuantiosas cantidades de estos a devolver las tierras a las cooperativas (Thi Que, 1998).

En respuesta a estas condiciones, el Partido Comunista de Vietnam aprobó la Resolución 10 en abril de 1988. La Resolución 10 (1988) reconoció a los hogares agrícolas como la entidad productiva principal en Vietnam, eliminó el aparato burocrático dando fin al intercambio informal (de bienes y “favores”) entre los hogares agrícolas y las cooperativas; esta medida también  eliminó los subsidios estatales, la planificación centralizada, y estableció “mecanismos de mercado” para coordinar las actividades económicas en el sector agrícola (Thi Que, 1998). Como indica Thi Que (1998), bajo la Resolución 10 (1988), las cooperativas agrícolas Vietnamitas dejaron de ser “mecanismos de extracción” del Estado y se convirtieron en “organizaciones de servicios,” primordialmente encargadas de las gestiones administrativas relacionadas a la producción agrícola. Esta importante función, es decir la producción, fue totalmente transferida a los hogares agrícolas (Thi Que, 1998).

La Resolución 10 (1988) también facilitó la transferencia de tierras (en usufructo) a largo plazo, con contratos de arrendamiento renovables a los hogares agrícolas (Thi Que, 1998). El Departamento de Administración de la Tierra fue creado en 1988 para administrar las transferencias de tierras del Sector Cooperativo Estatal a los hogares agrícolas, con el fin de agilizar las transferencias de tierras a los hogares agrícolas y de ese modo aumentar la producción.

Sin embargo, como sucedió en otras economías en transición y como actualmente está ocurriendo en Cuba, este proceso enfrentó trabas y resistencia burocrática, ya que el desmantelamiento de las cooperativas implicaba la pérdida de poder para una amplia jerarquía administrativa dentro del aparato burocrático estatal y debido al hecho de que en la gran mayoría de las zonas rurales las cooperativas aun gozaban de cierta aprobación popular debido a su capacidad de proveer servicios sociales (Thi Que, 1998). Como resultado, las transferencias de tierras agrícolas del sector cooperativo a los hogares agrícolas en Vietnam durante este periodo avanzaron lentamente. A finales de 1992, apenas el 7.3% de las 9,202 cooperativas agrícolas en existencia, o sea solamente 673 cooperativas, habían participado en este proceso y apenas el 3.5% del área agrícola total del país en manos de las cooperativas había sido transferido a los hogares agrícolas según lo establecido por la Resolución 10 (1988) (Thi Que, 1998).

Uno de los aspectos más significativos de la Resolución 10 (1988) fueron las transformaciones en la comercialización de productos agrícolas, mediante las cuales se reemplazó el sistema de comercialización agrícola centralizado por uno basado en mecanismos de mercado (Thi Que, 1998). Mediante la Resolución 10 (1988), las cooperativas de producción y los hogares agrícolas fueron autorizados para vender o comercializar sus producciones de forma directa a los destinos (o mercados más rentables), sin la participación de intermediarios estatales, después de haber cumplido sus compromisos (de entrega) con el Estado y pagar los impuestos correspondientes (Thi Que, 1998).

A pesar de representar un paso (positivo) hacia un modelo agrícola reformado, la aprobación de la Resolución 10 en 1988 dejó algunos aspectos sin resolver. Sin dudas, el  más importante tenía que ver con los derechos de propiedad otorgados a los hogares agrícolas. Al igual que la Resolución 10 (1988), la Ley de la Tierra aprobada en 1990 no reconocía a la tierra como una forma de propiedad que podía ser legalmente intercambiada, es decir comprada o vendida libremente de acuerdo a las leyes de oferta y demanda del mercado (Thi Que, 1998).

En junio de 1993 el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam aprobó la Resolución  No.5 con el objetivo de “continuar el proceso de Renovación Económica y desarrollo en las zonas rurales del país” (Thi Que, 1998). Las provisiones más significativas de la Resolución No.5 (1993) incluyeron: la expansión de los términos de arrendamiento de tierras para los hogares agrícolas, un mayor enfoque sistémico en la implementación de medidas de mercado para lograr el desarrollo económico, el reemplazo de los impuestos agrícolas con impuestos sobre el uso de la tierra, un mayor papel para los mecanismos de mercado en las relaciones económicas, particularmente con relación al consumo de los hogares y sus relaciones con el sector privado, y la implementación de nuevas políticas crediticias para facilitar el incremento de la producción agrícola (Thi Que, 1998; Kerkvliet y Selden, 1998).

La Tabla 10 muestra el crecimiento de la producción agrícola y los rendimientos en Vietnam entre 1976 y 1995.

Como se puede apreciar en la Tabla 10, entre 1976 y 1981, cuando la planificación centralizada era el mecanismo de coordinación económica principal  en la agricultura vietnamita, los indicadores de este sector crecieron a niveles relativamente bajos. Después de la implementación de la Directiva No.100 en 1981 y hasta que esta se mantuvo vigente (1988), la producción agrícola creció a un ritmo más acelerado y los rendimientos (en el cultivo del arroz, uno de los principales rubros en la agricultura vietnamita) mejoraron notablemente (Tabla 10). Según Thi Que (1998), el período entre 1981 y 1988, bajo la Directiva No.100, fue la primera vez desde la colectivización de la agricultura en Vietnam en 1958, en que el crecimiento de la producción agrícola sobrepasó al crecimiento de la población.

Los datos que aparecen en la Tabla 10 demuestran que después de la aprobación de la Resolución No. 10 en 1988 y hasta la aprobación de de la Resolución No. 5 en 1993, la agricultura vietnamita experimentó un periodo de crecimiento relativamente estable. Según Thi Que (1998), entre 1988 y 1992,  la producción de alimentos per cápita alcanzó  36kg., logrando un crecimiento del 12.2% y los rendimientos por hectárea llegaron a los 450 kg., representando un aumento de 29.6% con relación al periodo anterior, es decir 1981-1988. Comenzando en 1989, Vietnam logró producir suficiente alimentos y productos agrícolas para alimentar a su población y convertirse en uno de los principales exportadores de arroz a nivel mundial (González-Corzo, 2012).

Estas tendencias continuaron después de la aprobación de la Resolución No. 5 en 1993. Como indica la Tabla 10, la producción agrícola aumentó notablemente entre 1993 y 1995, al igual que la producción de alimentos, el rendimiento agrícola en el cultivo del arroz y la producción de alimentos por habitante (o per cápita). En años más recientes, Vietnam ha logrado establecerse como productor a nivel mundial en varios cultivos más allá del arroz; algunos  de los renglones más destacados de las exportaciones agrícolas Vietnamitas son: café, nueces, aceites, etc. La recuperación de la agricultura Vietnamita y la reinserción de Vietnam como exportador mundial también han sido el resultado del uso e implementación de nuevas técnicas de producción. El empleo de nuevas variedades de mejor calidad y mayores rendimientos, como la variedad ROCI y ROC 10 en el caso de la caña de azúcar, el desarrollo de zonas de producción agrícolas especializadas con buenas conexiones a mercados domésticos e internacionales y la concentración en el cultivo de productos agrícolas de alto rendimiento y valor agregado (Kerkvliet y Selden, 1998; González-Corzo, 2012; Thi Que, 1998).

Como sucedió en Vietnam antes del comienzo del proceso de “Renovación Económica” (“Doi Moi”) en 1986, la problemática actual que enfrenta la agricultura cubana tiene raíces profundas y es un fenómeno multidimensional. Los retos más significativos que enfrenta este sector incluyen: insuficientes niveles de producción, cuantiosas cantidades de tierras ociosas, altos niveles de importaciones de alimentos (particularmente de Estados Unidos), bajos índices de rendimientos agrícolas y productividad laboral, regulaciones y “trabas burocráticas” e insuficientes incentivos económicos para estimular la producción.    Según  Nova González (2014), aparte de estos retos, la agricultura cubana también enfrenta tres (3) aspectos fundamentales, los cuales deben ser resueltos para que se consolide el nuevo modelo agrícola puesto en marcha desde 2007.  Estos son: (1) la realización de la propiedad, lo cual requiere que el productor sea libre para determinar que se produce, cuanto se produce, a quien (o quienes) se le vende (o se les vende) el producto y a qué precio deber ser vendido, (2) el reconocimiento de la existencia del mercado, como mecanismo de coordinación complementario a la planificación económica y (3) la aplicación de un enfoque sistémico para lograr el cierre exitoso del ciclo productivo en el sector agrícola (Nova González, 2014).

Desde 2007, el gobierno Cubano ha implementado una serie de medidas o “transformaciones” para reanimar el Sector Agrícola, mejorar su eficiencia y calidad y reducir las importaciones de alimentos. Las más destacadas incluyen: aumentos (gradualmente) en los precios que paga el Estado por un grupo selecto de productos agrícolas, descentralización de la gestión y forma de decisión posicionando al territorio o municipio como jurisdicción principal, simplificación de las estructuras administrativas, autorización de contratación de fuerza de trabajo por productores agrícolas No Estatales, ampliación de micro-créditos agrícolas, ventas de aperos agrícolas en Moneda Nacional (MN), autorización de ventas directas de productos agrícolas a instalaciones turísticas y a la población, flexibilización de la comercialización de productos agrícolas (de forma experimental en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque) y el traspaso de tierras estatales ociosas en usufructo a cooperativas y agricultores privados.

Sin embargo, para resolver estos tres (3) aspectos fundamentales sin resolver que afectan a la agricultura cubana y establecer un modelo de gestión económica que facilite el crecimiento de este sector deberían implementarse un conjunto de medidas, las cuales en gran parte se asemejan a las medidas implementadas en Vietnam durante el proceso de “Renovación Económica” (Doi Moi) puesto en marcha a partir de 1986.   Como indica Nova González (2014), las medidas necesarias más destacadas incluyen:

Los resultados de las medidas agrícolas implementadas por Cuba hasta el presente no han sido los esperados, a pesar de leves recuperaciones en la producción en regiones selectas de la agricultura no-cañera Cubana a partir de 2011-2012.  Esta situación apunta hacia la necesidad urgente de resolver los retos principales que afectan a este importante sector de la economía cubana mediante la eliminación de los obstáculos y restricciones que frenan y entorpecen el desarrollo de las fuerzas productivas y la aceleración y profundización de las reformas y transformaciones puestas en marcha desde comienzos de 2007 y del proceso de “actualización del modelo económico cubano.”


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